La okupación en España: actividad promocionada por las administraciones donde grupos de extrema izquierda montan otra academia okupa

En el corazón de Carabanchel (Madrid), concretamente en el número 60 de la calle Antoñita Jiménez, ha nacido otro centro de adoctrinamiento okupa, siguiendo la estela de otras “escuelas” ilegales ya establecidas en Sevilla o Cataluña. En este caso, se trata de un edificio en riesgo de derrumbe convertido en epicentro de una banda organizada de extrema izquierda, que actúa con total impunidad.

La empresa Ops2 Servicios, contratada por el propietario del inmueble, ha destapado el funcionamiento de esta red ilegal. «Es una banda organizada de extrema izquierda que tiene muchos edificios okupados por toda España y que todos los fines de semana reúne a 200 o 300 personas», denuncia Rogelio Gómez, responsable de la investigación.

En esas reuniones, “hacen juntas, como las llaman ellos, para saber qué viviendas están vacías, gracias a listados de fondos de inversión, y ofrecen manuales y consejos sobre cómo okupar, cómo resistir un desalojo y cómo mantenerse dentro el mayor tiempo posible”.

No es pasividad: es promoción desde las instituciones
Ya no se trata solo de pasividad de las administraciones públicas, ni de una mera minimización del problema. La realidad es mucho más grave: se está promocionando la okupación desde la propia Administración. Legislaciones pro-okupas, subvenciones encubiertas a movimientos sociales afines y cursos de cerrajería y electricidad para quienes buscan burlar la ley son solo la punta del iceberg.

Tal como relata Rogelio Gómez, «nosotros hemos intentado negociar con ellos e incluso les hemos ofrecido dinero para que se vayan, pero dicen que no van a aceptar ninguna de las condiciones y que esperarán a que llegue el juicio». Esta aceptación tácita por parte de la Administración evidencia una voluntad política clara: normalizar la okupación, no combatirla.

Amenazas, violencia y complicidad política
El nivel de organización y violencia es alarmante. “Si nos acercamos, como tienen otros edificios okupados alrededor y tienen ojeadores las 24 horas del día en terrazas y ventanas, en menos de 20 minutos aparecen 100 o 200 personas y nos rodean. Nos han intentado destrozar el coche, agredir a los cámaras de televisión que nos acompañan y a mí, como mi teléfono está en internet, hasta me han metido en un grupo de WhatsApp de extrema izquierda para insultarme y amenazarme”, denuncia Gómez.

Esta actitud agresiva no solo afecta a los propietarios o empresas de seguridad, sino también a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bomberos. “Vinieron, pero se dieron cuenta de que estaban con generadores —asegura Rogelio—.

Y varios encapuchados empezaron a increpar a los bomberos, a arrojarles cosas desde la parte de arriba… Y nada, que de ahí no se movían». La Policía, a pesar de su disposición, se ve atada de manos: «Los policías no pueden hacer absolutamente nada», lamenta Gómez.

El precedente catalán y las subvenciones a la okupación
El fenómeno no es nuevo. Surgido con fuerza en Cataluña, el modelo de “escuelas okupas” comenzó a recibir subvenciones durante la alcaldía de Ada Colau. Talleres de cerrajería, electricidad y asesoramiento legal se financiaban con fondos públicos, bajo la excusa de reinserción social.

Según José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario, “Como tal no está tipificado en el Código Penal y es una vergüenza”. Además, subraya la contradicción: mientras se persigue penalmente al propietario que actúa para recuperar su vivienda, se ampara con subvenciones a quien promueve y enseña la usurpación.

Impacto social y económico de la okupación organizada
La proliferación de estas academias ilegales provoca:

Incremento de la inseguridad: Barrios enteros viven atemorizados por la constante amenaza de violencia organizada.
Devaluación inmobiliaria: La ocupación continua reduce el valor de mercado de viviendas y dificulta la inversión privada.
Carga económica: Costes de desalojo, refuerzo de seguridad y rehabilitación de edificios gravan los bolsillos de los ciudadanos y ayuntamientos.

División social: Se fomenta el enfrentamiento entre propietarios y okupas, extendiendo el odio de clase.
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Tipificar la apología de la okupación: Incluir en el Código Penal penas específicas para quien promueva, instruya o financie la ocupación ilegal.

Endurecer las sanciones: Aumentar las penas para desalojo exprés y agilizar los procesos judiciales.
Eliminar subvenciones: Suprimir cualquier ayuda pública que beneficie a asociaciones pro-okupas.
Protección al propietario: Crear un registro de viviendas vacías accesible solo a fuerzas de seguridad y tribunales, evitando listados filtrados a grupos radicales.

La clave está en la voluntad política, hoy comprometida con la promoción del problema y no con su solución.

La okupación en España ha evolucionado de un delito marginal a un fenómeno organizado y legitimado por legislaciones pro okupas. La pasividad no es la causa, sino la consecuencia de una estrategia política que ve en la usurpación un instrumento ideológico.

Solo con reformas contundentes, eliminación de subvenciones y tipificación de la apología se podrá restaurar el Estado de Derecho, proteger la propiedad privada y garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

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