El debilitamiento o supresión de asociaciones por motivos ideológicos es particularmente grave en un entorno en el que el poder ejecutivo tiende a concentrar facultades sin rendición efectiva de cuentas
Nacional26 de abril de 2025
Impacto España Noticias
La asociación Hazte Oír ha denunciado ante la Comisión Europea (CE) «su profunda preocupación ante la deriva autoritaria del Gobierno español, deriva que se refleja en la «Ley de Asociaciones» aprobada el 10 de abril de 2025, que vulnera el estado de Derecho y las libertades fundamentales, pues bajo la excusa de combatir asociaciones franquistas busca ilegalizar entidades disidentes, violando los derechos constitucionales y europeos a la libertad ideológica y de asociación, amenazando así una sociedad libre».
En su escrito la asociación argumenta que «el estado de Derecho constituye uno de los valores esenciales sobre los cuales se funda la Unión Europea, tal como se establece en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (…)».
Sobre la denunciada estrategia de Pedro Sánchez para restringir la libertad de asociación, explican que «el derecho a la libertad de asociación (…) implica no solo la facultad de constituir asociaciones, sino también la de mantener su existencia, operar libremente y desarrollar actividades legítimas sin injerencias indebidas por parte de los poderes públicos.
Cualquier medida que interfiera en el contenido ideológico, el objeto social o la finalidad de una asociación debe ser sometida a un riguroso juicio de proporcionalidad, necesidad y legalidad, conforme a la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
Por todo ello, desde Hazte Oír creen que «resulta profundamente preocupante la orientación adoptada por el Gobierno de España, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, al impulsar iniciativas legislativas que, bajo el pretexto de combatir asociaciones contrarias a la mal llamada “memoria democrática”, en realidad persiguen la eliminación de entidades críticas o ideológicamente disidentes respecto al discurso gubernamental.
Esta práctica constituye una restricción arbitraria e incompatible con el marco jurídico europeo, pues habilita al poder ejecutivo a definir unilateralmente qué asociaciones pueden o no existir en el espacio público en función de sus fines, valores o identidad política».
Y argumentan que «la libertad de asociación no puede estar condicionada al grado de conformidad con la narrativa oficial de ningún gobierno. Permitir que el poder político disponga de herramientas legales para proscribir asociaciones por razones de carácter ideológico o simbólico implica, en la práctica, un vaciamiento del contenido esencial del derecho fundamental reconocido en el ámbito europeo.
Además, dicha actuación genera un efecto inhibidor sobre la participación ciudadana, desalienta la creación de estructuras organizadas en defensa del interés general y obstaculiza la fiscalización pública por parte de la sociedad civil».
La reforma de la Ley de Asociaciones promovida por el Gobierno de Pedro Sánchez fue aprobada el pasado 10 de abril en el Congreso de los Diputados, pero «su contenido, su contexto de presentación y sus efectos esperados revelan una estrategia deliberada de instrumentalización del marco jurídico con el fin de restringir y controlar la participación de la sociedad civil organizada.
Detrás de esta reforma se oculta un intento evidente de debilitar o disolver asociaciones no alineadas con el discurso oficial, especialmente aquellas que actúan como elementos de control democrático y que han cuestionado públicamente las actuaciones del Ejecutivo», añaden.
El debilitamiento o supresión de asociaciones por motivos ideológicos es particularmente
grave en un entorno en el que el poder ejecutivo tiende a concentrar facultades sin rendición
efectiva de cuentas.
«Cuando se criminaliza o se margina jurídicamente a asociaciones por su
contenido ideológico o por ejercer funciones de contrapeso institucional, se produce un
desplazamiento del modelo de Estado de Derecho hacia fórmulas de gobierno en las que la
crítica y el control social se consideran amenazas, y no garantías inherentes al sistema
democrático», continúa el escrito.
El escrito incide en el papel de estas asociaciones como acusaciones particulares en los numerosos casos de corrupción que salpican al gobierno de Sánchez: «Uno de los objetivos, espurios, de la reforma a la que venimos haciendo referencia es desactivar a aquellas asociaciones que, mediante acciones legítimas como es el caso de la acusación popular, han desempeñado un papel clave en la denuncia de presuntos delitos cometidos por miembros del Gobierno.
Su labor de control institucional desde la sociedad civil ha resultado especialmente incómoda para el Ejecutivo, que ahora busca limitar su capacidad de actuación y, en última instancia, su propia existencia jurídica. Con todo, el Ejecutivo lograría, con esta reforma de la normativa que debería proteger el tejido asociativo, dos acciones de profunda gravedad: limitar las asociaciones disidentes con una excusa ideológica buenista y, al mismo tiempo, con el cierre de dichas asociaciones, lograr limitar las acusaciones populares».
Y señalan precisamente los casos en los que las acusaciones populares han sido de gran importancia para denunciar e impulsar «los casos que afectan a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno».
Desde Hazte Oír señalan que «la deriva legislativa emprendida por el Gobierno de España no solo vulnera derechos individuales, sino que transgrede los principios fundacionales del proyecto
europeo, al desnaturalizar el marco mínimo común que hace posible una comunidad jurídica y
política basada en el respeto efectivo de la libertad, el pluralismo, la igualdad y el Estado de
Derecho».
Por eso piden a la Comisión Europea «una reacción inmediata, firme y proporcionada por parte de las instituciones de la Unión Europea» y solicitan a la Comisión Europea «que admita este escrito y que actúe de manera inmediata ante el ataque al derecho de asociación que supone la reforma aprobada el 10 de abril de 2025, activando los mecanismos oportunos para frenar estos continuos ataques a los principios fundamentales de la Unión Europea».
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