Durante la comparecencia, se le mostró una solicitud de voto postal que figuraba a su nombre y con una supuesta firma suya. Al observarla, el ciudadano negó que la rúbrica fuera auténtica: "Eso no es mío"
Corrupción28 de abril de 2025
Impacto España Noticias
La investigación judicial sobre el presunto fraude electoral en las elecciones municipales de 2019 en Albaida del Aljarafe (Sevilla) sigue destapando nuevas irregularidades que comprometen la limpieza del proceso. Un reciente testimonio ha reforzado las sospechas de una trama organizada que habría vulnerado el derecho al voto de numerosos ciudadanos a través de la suplantación de identidad y el uso ilícito del voto por correo.
En una declaración en calidad de testigo ante la juez instructora del caso, un ciudadano de la localidad afirmó de manera rotunda que jamás participó en las elecciones del 26 de mayo de 2019 ni solicitó el voto postal. "Yo no voto nunca", aseguró durante su interrogatorio, dejando claro que no ha ejercido su derecho al sufragio en ningún proceso electoral.
El testigo, visiblemente sorprendido, fue interrogado sobre la posibilidad de haber solicitado el voto por correo, pero negó categóricamente haber firmado documento alguno. Durante la comparecencia, se le mostró una solicitud de voto postal que figuraba a su nombre y con una supuesta firma suya. Al observarla, el ciudadano negó que la rúbrica fuera auténtica: "Eso no es mío", afirmó.
La juez, tras cotejar el documento con la firma recogida en su Documento Nacional de Identidad (DNI), constató las notables diferencias, reforzando la versión del testigo. Asimismo, se detectó que la caligrafía del escrito no coincidía con la del compareciente.
La gravedad de los hechos se acentuó cuando se supo que también existía una solicitud de voto por correo a nombre de la esposa del testigo, quien tampoco había participado en los comicios. "No vota tampoco. Vamos, que no votamos ninguno", aclaró. Ambos casos apuntan a una suplantación sistemática de identidad para manipular el resultado electoral.
La investigación revela graves irregularidades
La causa judicial se inició tras una denuncia del entonces líder local de Izquierda Unida, quien alertó de un volumen de votos por correo anormalmente elevado: un 14,92% del censo, frente a la media nacional del 3,6%. Las pesquisas, llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, confirmaron la existencia de irregularidades significativas.
Los agentes detectaron un patrón sospechoso: una veintena de personas que habían solicitado el voto por correo obtuvieron contratos de trabajo en el Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Socialista. Al cruzar las solicitudes de voto postal con los registros de la Seguridad Social, se observaron coincidencias que indicaban la posible existencia de un intercambio de favores políticos.
Más inquietante aún fue el testimonio de varios vecinos que aseguraron haber recibido ofertas de empleo a cambio de tramitar el voto por correo en favor de los socialistas. En muchos casos, las personas entregaban su DNI y firmaban documentos, pero nunca acudían físicamente a las oficinas de Correos, incumpliendo así la normativa que exige la presencia personal y la identificación original para emitir el voto postal.
Una presunta red organizada
La investigación apunta a la existencia de una trama jerarquizada. Según los informes de la Guardia Civil, una concejal socialista, identificada como A.C.L.C., habría sido la encargada de seleccionar a los posibles beneficiarios de contratos municipales. Por su parte, B.D.A., esposo de la teniente de alcalde, habría coordinado telefónicamente a los votantes para asegurar su participación en el esquema fraudulento.
Además, se señala a un trabajador de Correos, A.G.D., como facilitador clave, quien habría tramitado solicitudes de voto evitando el desplazamiento físico de los votantes, en clara vulneración de las normas establecidas.
Se estima que más de un centenar de personas podrían haber sido partícipes involuntarios de esta trama, cediendo su documentación para que terceras personas votaran en su nombre. Esto supone una vulneración directa de los principios democráticos de participación libre y auténtica.
Un patrón que se repite a nivel nacional
El caso de Albaida del Aljarafe no es un fenómeno aislado. En los últimos años, se han detectado casos similares de fraude electoral en diversas localidades de España, todos ellos salpicando al PSOE:
Melilla (2023): Se investigó un fraude masivo en las elecciones municipales, con compra de votos entre comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes. En la operación fueron detenidos miembros de Coalición por Melilla (CPM) y colaboradores del PSOE.
Mojácar (Almería, 2023): Dos candidatos del PSOE fueron detenidos por la presunta compra de votos por correo. Se descubrió que se ofrecía dinero a cambio de solicitar el voto postal y entregarlo a personas relacionadas con el partido.
Bigastro (Alicante, 2019): La alcaldesa socialista y varios concejales fueron investigados por un presunto fraude en el voto por correo mediante presiones y manipulación de personas mayores para que delegaran su voto.
Murcia (2023): Aparecieron indicios de prácticas irregulares relacionadas con el voto por correo en varias localidades gobernadas por el PSOE, con denuncias de coacciones y compra de votos.
Tenerife (Arico, 2023): Un caso abierto por presuntas irregularidades también en el voto postal en beneficio de candidatos socialistas, en una práctica similar a la detectada en otras provincias.
Estos casos reflejan un patrón preocupante: el uso sistemático del voto por correo como herramienta para manipular procesos electorales, recurriendo a la captación de votantes vulnerables, la suplantación de identidad y el ofrecimiento de favores laborales o económicos.
La investigación sigue abierta
Tras la declaración del último testigo, la juez instructora ha ordenado nuevas diligencias para determinar cómo se falsificaron las solicitudes de voto postal y quiénes fueron los responsables materiales de las irregularidades detectadas.
La investigación continúa su curso, con el objetivo de esclarecer el alcance real del fraude y de depurar las responsabilidades penales correspondientes. Entretanto, en Albaida del Aljarafe permanece la sombra de una pregunta inquietante: ¿cuántos ciudadanos más vieron suplantada su identidad en las elecciones de 2019 sin siquiera saberlo?
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