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El drama silenciado de los dependientes en España: Actualmente, hay 278.325 ciudadanos en lista de espera, según la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales; 96.043 más de lo que ha reconocido hoy el Ministerio de Derechos Sociales
Nacional28 de abril de 2025Más de 8.000 personas dependientes han muerto en lo que va de este año 2025 esperando ser atendidas. Sí, ha leído bien. No se trata de un error administrativo ni de una anomalía puntual. Se trata de un escándalo nacional, un fracaso estructural del sistema de dependencia en manos de un Gobierno incapaz, y de un ministro que manipula cifras para maquillar su ineficacia.
El comunista Pablo Bustinduy manipula y miente… hasta en las estadísticas
El Ministerio de Derechos Sociales —dirigido por el comunista Pablo Bustinduy— presentó hace unos días cifras “optimistas”: según ellos, solo 182.532 personas estaban en lista de espera a marzo de 2025, un 9,4% menos que en 2023.
Pero la verdad se impuso pronto. La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales desmintió al Gobierno con datos demoledores: «hay 278.325 ciudadanos en lista de espera», es decir, 96.043 más de lo que reconoció el ministerio.
Y lo explicaron con claridad: «Según se desprende del portal web del Ministerio de Derechos Sociales, hay 123.019 personas que están a la esperan de valoración, 129.545 aguardan a que se les elabore el Programa Individual de Atención (PIA) y 26.011 están esperando recibir la prestación».
Manipulación institucional: cuando la mentira se hace política pública
La asociación denunció de forma contundente la estrategia del Gobierno: «La valoración de Derechos Sociales se apoya en una manifiesta manipulación estadística, con una falta de rigor en la información y cambiando criterios que hacen que no sea comparables los datos que presentan con los mismos datos de la serie histórica», subrayaron.
«Todo ello para alardear de una gestión que genera mucho sufrimiento en personas tan vulnerables como quienes se encuentran en situación de dependencia», añadieron sin ambages.
Cifras de vergüenza: un sistema que condena al abandono
En España, una persona dependiente debe esperar 338 días para recibir atención. Este retraso viola los límites legales por más de 158 días, y es 10 días más que el año pasado. La tendencia es al empeoramiento.
El propio colectivo profesional estimó el drama con una frase que estremece: «Con el ritmo que tiene el actual sistema de atención a la dependencia, una persona tardaría una media de 11 años para lograr la plena atención».
Y lo que sigue es un verdadero parte de guerra: «Vamos a recordar al ministerio, con sus propios datos, para rebajar cualquier triunfalismo: en lo que va de año 8.004 personas fallecieron mientras esperaban (3.960 aguardando la valoración y, 4.044, la prestación); cada 15 minutos fallece una persona en estas listas de espera», denunciaron.
¿Y el presupuesto? Congelado. Otra mentira más
El Gobierno presume de haber incrementado el presupuesto del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) un 150%. Sin embargo, la realidad desmiente la propaganda.
«El incremento de financiación de la dependencia de este Gobierno es de apenas un 5%, y esto se debe a que en los presupuestos de 2024 no ha habido ningún incremento destinado a la dependencia», aseguraron desde la asociación.
Aún más revelador: «Lo que ha habido ha sido un incremento del gasto –exactamente 185 millones de euros–, debido a la obligación del ministerio de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley».
En otras palabras: el Gobierno no ha invertido más; solo ha gastado lo que por ley está obligado a gastar.
¿Dónde están las dimisiones?
Si ya es vergonzoso y ruin que muera gente esperando que les atiendan, lo agrava aún más que el ministro comunista manipule los datos para intentar hacer creer que han disminuido. En un país serio, un ministro que no solo demuestra su ineptitud e ineficacia para resolver un problema sino que además manipula los datos, es cesado o dimitido de inmediato, además de exponerse a posibles responsabilidades penales. Pero estamos en España…
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