Españoles por el futuro ha hecho público un compendio de documentos sobre el fraude electoral desde el año 2000, que ha sido reconocido institucionalmente en el año 2015
Opinion 30 de abril de 2025 Javier Marzal
Españoles por el futuro ha hecho público un compendio de documentos sobre el fraude electoral desde el año 2000, que ha sido reconocido institucionalmente en el año 2015.
El compendio tiene tres acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC), varias denuncias ý peticiones ante la JEC, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
En el compendio se incluyen numerosas actuaciones de varias asociaciones y su respuesta institucional. La mayoría de las acciones fueron ideadas, investigadas y redactadas por el activista Javier Marzal que es el fundador de Españoles por el futuro.
Se denuncian los dos tipos de fraude electoral que se llevan cometiendo en España desde el año 2000: el fraude procedimental cometido por la Administración Electoral y por otros participantes públicos, y el fraude en los resultados cometido por el Gobierno.
Todos los fraudes se cometen porque la Administración Electoral no cumple la Ley Electoral (LOREG) desde el año 2000 y los políticos lo saben y se aprovechan de ello, en todos los niveles gubernamentales: municipal, provincial, autonómico y nacional.
Las Juntas Electorales Provinciales (JEPs) no abren las actas electorales en la realización del escrutinio general y toman como buenos los datos aportados por el Ministerio del Interior.
El artículo 10 de la LOREG establece que cada una de las 50 JEPs estlé formada por cinco Vocales: tres jueces de las audiencias provinciales “designados mediante insaculación por el Consejo General del Poder Judicial” y dos “nombrados por la Junta Electoral Central entre Catedráticos y Profesores Titulares de Derecho o de Ciencias Políticas y de Sociología o juristas de reconocido prestigio residentes en la provincia ”.
Desde el año 2015 que la JEC reconoció el fraude electoral en los escrutinios generales de las JEPs, la propia JEC ha pedido nueve veces a las JEPs que abran los sobres en las elecciones, pero sólo en las Generales de 2023 algún Vocal lo hizo, pero todos cobraron por hacer ese trabajo.
La propia LOREG tipifica como delito electoral esta omisión en su artículo 139.2 con penas de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses. Cabe reprochar a los parlamentarios que no hayan incluido los delitos electorales de la LOREG en el Código penal.
La LOREG también define las infracciones electorales en el artículo 153 de la misma forma que el delito antedicho.
El artículo 19.1.j) de la Ley Electoral dice que la JEC tiene competencia para “ejercer potestad disciplinaria sobre las personas que inventan con carácter oficial en las operaciones electorales”.
Varias asociaciones pidieron a la JEC que actuara contra los 250 Vocales de la JEPs por el incumplimiento legal antedicho, pero la JEC lleva diez años sin cumplir esta obligación y permitiendo este fraude electoral que alienta otros fraudes electorales incluyendo la manipulación del resultado.
También se pidió que se iniciaran procedimientos disciplinarios al Consejo General del Poder Judicial y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Se incluye una denuncia penal contra el Ministerio del Interior por tardar el triple de lo legal en la inscripción de un partido político para las europeas, impidiendo que pudiera presentarse.
Algunas de las denuncias se llevaron a la Unión Europea (Comisión, Parlamento y Consejo), a la patronal europea y a treinta y cinco oficinas de patronales de más de treinta países europeos, de forma que el fraude electoral español es conocida en toda Europa, en sus instituciones y en el ámbito empresarial.
En 2024, se mantuvieron reuniones en Madrid con dos expertas electorales extranjeras de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) que se quedaron sorprendidas por la situación. Se las enviaron las denuncias.
En 2025, tras conseguir que la JEC pidiera al Ministerio del Interior que se digitalizaran las actas y se hicieran públicas, pero la Directora General ha respondido negativamente, y se ha preparado una Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la Ley Electoral Valenciana. Se ha informado a la OSCE de ambas actividades y se la ha pedido que se interese por su tramitación.
También se está preparando material para realizar una movilización masiva de la población para que se pueda impedir el fraude electoral en las próximas elecciones, realizando un escrutinio popular.
Este compendio de trabajos y resoluciones oficiales pretende informar a los periodistas, influencers y a toda la población de la grave situación electoral y de la falta de legitimidad de los cargos electos, así como del intenso trabajo realizado por la sociedad civil y de sus logros.
También sirve para evitar la decadencia porque se dice lo siguiente: “La mayoría de los denunciantes, activistas, abogados, periodistas, influencers y disidentes no comprenden esta forma de actuar contra la METAMAFIA INSTITUCIONAL ni esta forma de obtener los resultados que se buscan.
El desconocimiento de los motivos que movilizan a la METAMAFIA es generalizado y ésta es una de las mayores debilidades de la sociedad en la defensa de sus derechos e intereses, así como de la desinformación mediática y popular. Por el contrario la METAMAFIA conoce, utiliza y se beneficia de estos códigos”.
Otro párrafo relevante es el siguiente: “Los procesos electorales son un ámbito que refleja el principal problema de España que consiste en que los jueces lejos de cumplir su función social de controlar a los políticos, facilitan que se haya creado la METAMAFIA POLÍTICA que incluye a todos los políticos y cargos electos. La universidad también impulsa la corrupción”.
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