Entre las medidas que barajan las energéticas se encuentran demandas por compensaciones económicas, tanto por las pérdidas sufridas en sus operaciones como por los perjuicios a clientes. El propio Ejecutivo cifra el impacto del apagón en 800 millones de euros
Nacional02 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Las principales compañías del sector energético estudian llevar a Red Eléctrica Española ante la Justicia, e incluso al propio Gobierno, tras el apagón del 28 de abril y las acusaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no dudó en responsabilizar públicamente a los operadores privados.
«Vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados», declaró Sánchez, encendiendo los ánimos de unas empresas que ahora exigen una rectificación inmediata y preparan demandas por difamación y daños económicos.
La tensión ha ido en aumento desde que el Gobierno blindó la gestión de Red Eléctrica y evitó cualquier crítica hacia la entidad presidida por Beatriz Corredor, colocada en ese cargo por el propio Sánchez tras su etapa como ministra con José Luis Rodríguez Zapatero.
Las empresas del sector, sin embargo, lo tienen claro: la única responsable del caos energético es Red Eléctrica, que gestiona en exclusiva el sistema y cuya falta de respuestas ha dejado al país y a la Unión Europea sin una explicación técnica de lo ocurrido.
El lunes 28 de abril, poco después de las 12:30 horas, el sistema eléctrico colapsó y la producción energética se desplomó de forma abrupta. Las operadoras privadas reaccionaron de inmediato, contactaron con Red Eléctrica y pusieron todos sus recursos al servicio de la recuperación. En apenas 10 horas, según fuentes del sector, la electricidad se restableció en casi todo el país, una hazaña que las propias compañías califican de «hito» ante una situación «inédita».
Pero en lugar de recibir reconocimiento, las energéticas se vieron señaladas por el Gobierno. El martes, Pedro Sánchez convocó a las grandes empresas del sector. Aunque algunas fuentes describen el encuentro como «cordial», otras hablan abiertamente del «cabreo» generalizado por la intención del Ejecutivo de cargarles el coste político del fallo. Una maniobra que interpretan como una traición.
Para los operadores privados, no hay duda: Red Eléctrica Española es la única responsable del apagón. Sólo esta entidad tiene acceso a toda la información técnica y operativa, pero hasta hoy se ha negado a revelar las causas del fallo. Beatriz Corredor, actual presidenta de Red Eléctrica, se niega a dimitir y afirma que «en esta casa se ha trabajado bien». El Ejecutivo la respalda sin fisuras, impidiendo cualquier debate sobre su idoneidad para liderar la entidad.
Corredor fue nombrada en 2020 por Sánchez tras sustituir a Jordi Sevilla. Gana 546.000 euros anuales, siendo la directiva mejor pagada entre las empresas con participación pública. Pero su trayectoria como jurista y registradora de la propiedad plantea dudas sobre si su nombramiento respondió más a cuotas políticas que a criterios técnicos. Una cuestión que el Gobierno se niega siquiera a debatir.
El silencio de Red Eléctrica y la falta de autocrítica por parte del Gobierno han tensado al máximo la relación con las eléctricas. Las compañías esperan los resultados de las investigaciones internas y externas, tanto de Red Eléctrica como de organismos de la Unión Europea, para actuar. Pero ya preparan acciones legales por lo que consideran un ataque político injustificado y basado en falsedades.
Entre las medidas que barajan las energéticas se encuentran demandas por compensaciones económicas, tanto por las pérdidas sufridas en sus operaciones como por los perjuicios a clientes. El propio Ejecutivo cifra el impacto del apagón en 800 millones de euros, pero pretende desentenderse de cualquier responsabilidad.
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