El salario base mensual de un parlamentario asciende a 3.236,32 euros, a lo que se suman indemnizaciones mensuales que no tributan en Hacienda: 2.078,92 euros para quienes no residen en Madrid y 992,31 euros para los que sí lo hacen. Esta exención fiscal de las dietas parlamentarias representa una ventaja incomprensible
Noticias02 de mayo de 2025 Salvador Gimenez
En un año marcado por la parálisis legislativa y el estancamiento político, el Congreso de los Diputados ha protagonizado una de las contradicciones más escandalosas de la política española reciente.
Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido incapaz de sacar adelante sus principales propuestas —incluidos los Presupuestos Generales del Estado para 2024— la Cámara Baja ha disparado su gasto en viajes de diputados en un 20 %, alcanzando la cifra récord de 8,4 millones de euros. Una paradoja vergonzosa: legisladores que no legislan, pero sí viajan, y mucho.
Un año sin presupuestos, pero con billetes de sobra
2024 pasará a la historia como uno de los años más estériles en términos legislativos. El Ejecutivo anunció en múltiples ocasiones que preparaba los presupuestos, pero la convocatoria electoral en Cataluña sirvió de excusa para abandonar la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno afirma que trabaja en los de 2025, aunque aún no hay ni fecha de defensa parlamentaria.
Sin embargo, esta inactividad legislativa no ha supuesto ningún obstáculo para la expansión del poder ejecutivo. Pedro Sánchez ha optado por gobernar por decreto-ley, sorteando el debate parlamentario y debilitando el papel constitucional del Congreso. Su frase, tan clara como inquietante, lo deja todo dicho: “Seguiremos gobernando con o sin el Congreso de los Diputados.”
Esta afirmación, más cercana al estilo de un régimen autocrático que al de una democracia parlamentaria, refleja una preocupante deriva institucional en la que la separación de poderes queda subordinada a la voluntad del Ejecutivo.
Mientras el Congreso languidece en su rol natural de representación y fiscalización, el presidente gobierna por vía rápida, blindado tras decretos que apenas se discuten, apenas se negocian y apenas se corrigen.
Turismo parlamentario con dinero público
Esta concentración de poder en el Ejecutivo contrasta brutalmente con el uso que hacen los diputados de sus funciones. Según datos oficiales del Congreso, el gasto en desplazamientos ha pasado de 6,75 millones de euros en 2023 a 8,39 millones en 2024, es decir, un aumento de 1,64 millones de euros. Traducido al plano individual: unos 24.000 euros por diputado, pagados con fondos públicos, en un contexto de absoluta sequía legislativa.
El grueso del incremento se concentra en los viajes nacionales, que han aumentado un 30 %, alcanzando los 4,8 millones de euros. Dentro de esta partida, los viajes entre Madrid y las circunscripciones parlamentarias han costado 3,3 millones, a lo que se suman gastos por cancelaciones, gestiones administrativas y cambios. A ello se añaden los 530.000 euros en “actividad política” —una categoría ambigua, sin fiscalización clara— y 4,1 millones en “viajes oficiales”, una cifra que en sí misma supera el presupuesto de muchas pequeñas instituciones públicas.
Viajes internacionales de lujo sin rendición de cuentas
En el ámbito internacional, la tendencia es igual de alarmante. El Congreso ha destinado 3,58 millones de euros a viajes fuera de España, lo que supone un aumento del 19 % respecto a 2023. El gasto medio por diputado para este tipo de desplazamientos asciende a 10.200 euros.
El caso más emblemático es la participación en la Conferencia de Presidentes de Parlamento de la UE, que costó 1,37 millones de euros. A esto se suman 100.000 euros para la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y cientos de miles más para otros viajes en representación de comisiones parlamentarias.
Mención aparte merece la Comisión de Defensa, que ha sido la más costosa. Sólo en su gira por Estados Unidos —incluyendo visitas al Pentágono, la academia de West Point y un foro en Nueva York— se gastaron 462.344 euros, una cifra que roza lo obsceno considerando la baja productividad legislativa del Congreso.
Mientras el Congreso se convierte en una oficina de turismo parlamentario, el Gobierno central concentra decisiones clave sin control ni contrapesos.
Dietas, sueldos y privilegios: el combo completo
Todo esto se suma al generoso esquema retributivo de los diputados. El salario base mensual de un parlamentario asciende a 3.236,32 euros, a lo que se suman indemnizaciones mensuales que no tributan en Hacienda: 2.078,92 euros para quienes no residen en Madrid y 992,31 euros para los que sí lo hacen. Esta exención fiscal de las dietas parlamentarias representa una ventaja incomprensible frente al resto de los ciudadanos, que sí deben declarar sus ingresos, desplazamientos o ayudas laborales.
En otras palabras: mientras los trabajadores autónomos o por cuenta ajena tienen que justificar hasta el último kilómetro recorrido ante la Agencia Tributaria, los diputados viajan y cobran suplementos que no tributan, sin apenas fiscalización ni control externo.
Y como si no fuera suficiente, a estas cifras hay que sumar dietas por viajes oficiales, cobertura completa de desplazamientos e incluso servicio de taxi gratuito en Madrid, un privilegio más que confirma el abismo entre los representantes y los representados.
Se trata, en suma, de un sistema repleto de privilegios, sostenido por los contribuyentes, que contrasta frontalmente con los sacrificios que se exigen a la ciudadanía. En un país donde millones de personas sufren precariedad laboral, listas de espera sanitarias o falta de acceso a vivienda, el despilfarro parlamentario resulta insultante.
Autocracia encubierta: decretos por encima del debate
Pedro Sánchez no sólo ha tolerado este estado de desconexión entre los representantes y los representados, sino que lo ha impulsado desde la cúspide del poder. Su estilo de gobierno se aleja cada vez más de los consensos y más cerca de la imposición sistemática vía decreto, sin debate, sin enmiendas, sin Congreso. Es la instrumentalización de las instituciones al servicio del Ejecutivo, donde los diputados —pagados, viajados y privilegiados— se convierten en figurantes de un guion que ya no escriben.
Lo que se vive en España no es solo una legislatura improductiva. Es una erosión progresiva del parlamentarismo y del control democrático. Una autocracia blanda, vestida con traje constitucional, pero vacía de su esencia.
El Congreso viaja, pero no avanza
La desproporción entre la escasa actividad legislativa y el elevado gasto en desplazamientos de diputados no es solo un síntoma de ineficiencia. Es una muestra palpable del desdén con el que buena parte de la clase política trata a los ciudadanos.
Mientras el Gobierno fracasa en su intento de articular una mayoría parlamentaria sólida, y al mismo tiempo gobierna por decreto como si el Congreso fuera prescindible, los diputados aprovechan sus escaños para acumular millas, sin resultados concretos ni explicaciones.
La política española vive una deriva preocupante: la de los privilegios sin deberes, el gasto sin control, y el poder sin responsabilidad. En ese contexto, el Congreso no es una excepción. Es, tristemente, el mejor ejemplo.
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