Diversos sectores del feminismo jurídico y de la extrema izquierda populista construyen una guardia feminista de izquierdas que ofrecen cobertura ideológica a Pedro Sánchez en sus choques con el Poder Judicial. Son su núcleo duro. En ese entorno destaca Teresa Peramato, próxima fiscal general del Estado, quien reivindica una “justicia feminista” en actos públicos organizados por juristas afines al Gobierno.
Las magistradas Inmaculada Montalbán y Mª Luisa Balaguer, conocidas por su interpretación expansiva de las leyes de género, defendieron esa idea durante una convención de mujeres juristas. Ambas forman parte de las resoluciones del Tribunal Constitucional que tumbaron la sentencia del Supremo sobre los ERE y que avalaron la ley de amnistía. Sus intervenciones constatan la afirmación de que la guardia feminista de izquierdas actúa como un apoyo político para el Ejecutivo.
En esa misma jornada intervino la fiscal Dolores Delgado, figura clave en el movimiento conocido como lawfare dentro del Grupo de Puebla, que avala la misma línea ideológica. Ella sostuvo la necesidad de una justicia guiada por la “perspectiva feminista” y respaldó el discurso político del Ejecutivo.
Las palabras de Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, marcaron un punto de inflexión:
“Pretendemos que algunas decisiones que tomemos sean jurídicas, con arreglo a los intereses de nuestras vidas, de nuestros cuerpos”, afirmó.
Una red de académicas y juristas alineada con los objetivos del Gobierno
La jornada organizada por el CEPC contó también con la periodista Ana Pardo de Vera, quien cerró el acto con la frase: “El periodismo es feminista o no es periodismo”. La profesora Mariola Urrea moderó el debate y defendió la reforma judicial del Gobierno. En sus intervenciones, Urrea cuestionó a Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo, y afirmó que la judicatura necesita una “legitimidad democrática”.
Ese mensaje encajó con el relato del Gobierno sobre el lawfare. Urrea actúa como una pieza visible de la guardia feminista de izquierdas que busca cuestionar al Poder Judicial para justificar cambios legales profundos.
La magistrada del Constitucional Luisa Segoviano también participa en este entramado. Durante un encuentro organizado por UGT, reclamó más “perspectiva de género” en la negociación colectiva. En su perfil público se define como “magistrada feminista”, lo que refuerza la percepción de una sintonía entre su criterio y la narrativa oficial.
El mundo académico también aporta figuras influyentes. Entre ellas destaca María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho, quien participó en actos donde denunció que “los jueces pueden ser cooptados por los medios de comunicación o por los poderes económicos”. Esa declaración alimentó el relato del Gobierno sobre la existencia de fuerzas ocultas que condicionan la justicia.
El Grupo de Puebla y el discurso del lawfare: apoyo político al sanchismo
El presidente se alineó con el discurso del lawfare desde 2022. Señaló a “los poderes oscuros” y a “la derecha judicial jaleada por la derecha mediática”. Ese mensaje coincidió con el usado por figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón o Dolores Delgado, todos vinculados al Grupo de Puebla.
Garzón defendió en Buenos Aires el libro Objetivo: Cristina, donde se presenta el lawfare como una estrategia contra gobiernos izquierdistas. En su exposición afirmó que “los poderes económicos mandan sobre políticos y magistrados”. Ese lenguaje coincide con la narrativa que el sanchismo utiliza para justificar sus ataques al Supremo.
En México, durante el IX Encuentro del Grupo de Puebla, Sánchez envió un videomensaje de apoyo. Allí se encontraba Delcy Rodríguez, figura clave del chavismo. La presencia de Dolores Delgado en ese encuentro reforzó la idea de una conexión clara entre la doctrina latinoamericana del lawfare y la guardia feminista de izquierdas que respalda a Sánchez.
La guardia feminista de izquierdas alimenta una tensión institucional creciente
Las actuaciones de juristas, magistradas y académicas cercanas al feminismo radical y a la extrema izquierda populista consolidan una guardia feminista de izquierdas que refuerza el discurso del Gobierno frente al Supremo. Esa estrategia incrementa la tensión institucional y divide aún más a España.
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