El Gobierno explota la narrativa del ciberataque y el sabotaje para eludir responsabilidades económicas

La península ibérica se sumió en la oscuridad el pasado lunes 28 de abril de 2025. A las 12:33 horas, un colapso eléctrico sin precedentes dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal durante casi diez horas. Apenas una semana después, el 4 de mayo, otro golpe al sistema: el colapso de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla dejó a más de 16.000 pasajeros varados por un supuesto robo de cable de cobre.

En ambos casos, el Gobierno español ha sostenido una narrativa que genera más preguntas que respuestas: ¿fueron estos hechos resultado de un ciberataque y un sabotaje, o estamos ante una estrategia política para eludir responsabilidades legales y económicas?

Apagón del 28 de abril: un “cero energético” con demasiadas sombras
El apagón comenzó con una pérdida súbita de 15 gigavatios, el 60% de la energía que se consumía en ese momento. La consecuencia: un “cero energético” que desconectó a España y Portugal de la red eléctrica europea. La magnitud del incidente fue tal que hospitales, aeropuertos, sistemas ferroviarios y millones de hogares se vieron paralizados.

El impacto económico todavía no ha sido cuantificado, pero las pérdidas en comercio, transporte y servicios esenciales son incuestionables. Supermercados reportaron alimentos perecederos echados a perder, aerolíneas suspendieron decenas de vuelos y Renfe canceló cientos de trayectos.

Lo más sorprendente no fue el apagón en sí —los sistemas eléctricos, aunque modernos, no están exentos de fallos— sino la respuesta política. Mientras Red Eléctrica, junto al CNI y el INCIBE, descartaba de forma clara y temprana un ciberataque tras analizar sus sistemas, el Gobierno, con Pedro Sánchez al frente, se aferraba a esa hipótesis como si fuera la única tabla de salvación.

El director de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, afirmó que no había “ningún tipo de intrusión” en los sistemas de control y apuntó a dos desconexiones en el suroeste peninsular, posiblemente vinculadas a plantas solares. Aun así, la ministra Sara Aagesen insistió en que no se puede descartar la hipótesis del ciberataque hasta investigar las miles de instalaciones privadas del sistema.

El Ejecutivo creó incluso un comité multidisciplinar con dos grupos de trabajo: uno para investigar un posible error técnico y otro para analizar un ciberataque. Pero esa duplicidad parece responder más a una maniobra de cálculo político que a un esfuerzo riguroso por esclarecer la verdad. Cuanto más tiempo se mantenga abierta la posibilidad de un ciberataque —una causa externa, incontrolable, casi de fuerza mayor—, más fácil será esquivar las posibles demandas de indemnización por parte de ciudadanos, empresas o incluso gobiernos autonómicos.

Robo de cobre o sabotaje: una narrativa fabricada
El 4 de mayo, el país despertó con una nueva disrupción: 30 trenes quedaron fuera de servicio y más de 16.000 viajeros sufrieron retrasos y cancelaciones por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, describió como un “grave acto de sabotaje”. El incidente, según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, se debió a un robo de cable de cobre en la provincia de Toledo. Hasta ahora, todo apunta al modus operandi de bandas organizadas especializadas en este tipo de delitos, sin indicios de motivación política o terrorista.

No obstante, el Gobierno volvió a sacar la carta del “acto deliberado”, insinuando sin pruebas que podría tratarse de algo más grave que un simple robo. ¿Por qué? La respuesta parece estar, otra vez, en las implicaciones económicas.

Si se clasifica el incidente como sabotaje —en vez de negligencia de seguridad o mantenimiento por parte de Renfe o ADIF—, se podría evitar pagar compensaciones. En el mejor de los casos, los seguros privados tendrían que cubrir las pérdidas. En el peor, nadie indemnizaría a los pasajeros afectados.

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Renfe, por su parte, restableció el servicio sin ofrecer compensaciones específicas. La falta de respuesta solo agravó las críticas de la oposición. El Partido Popular exigió una auditoría de la red ferroviaria y compensaciones inmediatas. El presidente andaluz, Juanma Moreno, pidió alternativas para los viajeros. Pero desde el Gobierno central, la estrategia fue clara: insistir en la narrativa del sabotaje para diluir su propia responsabilidad.

Una táctica narrativa para esquivar la rendición de cuentas
La coincidencia temporal y la postura oficial frente a ambos incidentes no son casuales. La insistencia del Ejecutivo en teorías sin pruebas —ciberataque, sabotaje— sugiere una táctica narrativa deliberada. No es solo una cuestión de seguridad nacional, sino de cálculo financiero y político. Si estos eventos se catalogan como actos de fuerza mayor o acciones externas maliciosas, el Estado y las empresas operadoras podrían liberarse de toda carga indemnizatoria.

Esta estrategia, sin embargo, tiene un precio: la confianza ciudadana. Mientras los afectados siguen esperando explicaciones y compensaciones, el Gobierno parece más interesado en blindarse jurídicamente que en ofrecer respuestas claras. La política de “no descartar nada” se ha convertido en un refugio retórico para evitar asumir errores o negligencias técnicas.

Oposición y expertos alzan la voz
La crítica no proviene solo del PP o de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que acusa al Gobierno de “inoperancia” y de usar estas narrativas como cortina de humo. También algunos expertos y mediadores de seguros han puesto en duda la honestidad del relato oficial.

Señalan que las compañías eléctricas están exentas de indemnizar si el apagón es causado por razones externas. Pero, para que se apliquen estas exenciones, alguien tiene que declarar formalmente que se trató de un ataque. Y ahí es donde reside la trampa: prolongar indefinidamente esa posibilidad sin cerrarla ni probarla.

La paradoja es que, si finalmente se demuestra que todo fue producto de fallos técnicos, el coste político y económico será doble: por el daño en sí y por el intento de manipular la percepción pública. El tiempo juega a favor del Gobierno, pero en contra de la transparencia.

 Cuando la narrativa sustituye a la gestión
España ha vivido dos crisis en apenas una semana que exponen la fragilidad de sus infraestructuras y la precariedad de su respuesta institucional. En lugar de ofrecer explicaciones fundadas, el Gobierno ha optado por la construcción de una narrativa que parece más orientada a evitar consecuencias económicas y políticas que a informar con rigor a la ciudadanía.

En una democracia madura, el relato no puede sustituir a la verdad técnica ni a la rendición de cuentas. En vez de alimentar hipótesis sin sustento, el Ejecutivo debería enfocarse en investigar, corregir, indemnizar y —sobre todo— asumir responsabilidades. Mientras tanto, millones de ciudadanos siguen pagando las consecuencias del apagón… y del apagón informativo.

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