La revelación de la existencia de dos proyectos tecnológicos vinculados a dicha cátedra —de los que la propia universidad asegura no tener constancia administrativa ni técnica— ha puesto en jaque a la institución y ha desatado una investigación judicial con ramificaciones políticas y mediáticas
Corrupción09 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
En un nuevo episodio que agita las aguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), han salido a la luz graves irregularidades relacionadas con la ya extinta Cátedra de Transformación Social Competitiva, codirigida por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La revelación de la existencia de dos proyectos tecnológicos vinculados a dicha cátedra —de los que la propia universidad asegura no tener constancia administrativa ni técnica— ha puesto en jaque a la institución y ha desatado una investigación judicial con ramificaciones políticas y mediáticas.
Los proyectos desconocidos: el inicio del desconcierto
El escándalo comenzó a gestarse cuando, el pasado 14 de abril, un representante de la empresa Devoteam contactó por correo electrónico con el Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad de la Complutense. El objetivo del mensaje era solicitar directrices sobre dos proyectos tecnológicos: ucm-impactopymes-pro y ucmimpactopymes-dev. La sorpresa fue mayúscula cuando los responsables universitarios manifestaron no tener conocimiento alguno sobre dichos desarrollos.
Este hecho activó inmediatamente las alarmas en el equipo de gobierno de la universidad, que convocó una reunión con Devoteam el 22 de abril. Durante el encuentro, la empresa explicó que ambos proyectos estaban ligados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, y que suponían un coste económico considerable para su mantenimiento mensual. Ante la inquietud, Devoteam solicitó instrucciones sobre su continuidad. Sin embargo, la universidad reiteró que no existía constancia documental ni administrativa que justificase su existencia: no había contratos, registros, entregas de documentación ni contraprestaciones económicas reclamadas o pagadas.
Una revisión técnica desconcertante
Tras la reunión, los servicios técnicos de la universidad emprendieron una revisión minuciosa en su entorno informático. En la nube institucional había más de 9.800 proyectos alojados, presumiblemente generados por estudiantes, personal docente o investigadores. Fue ahí donde localizaron los dos proyectos en cuestión, aunque sin que constaran registros previos ni trazabilidad alguna respecto a su creación o validación institucional.
La universidad ha reconocido que no fue posible acceder directamente a los contenidos de dichos proyectos salvo en los pocos casos en los que los Servicios Informáticos habían intervenido directamente. Esto refuerza la hipótesis de que estos desarrollos se implantaron al margen de los procedimientos ordinarios, lo cual, si se confirma, supondría una grave vulneración de la normativa universitaria y de las leyes de contratación pública.
La universidad investiga, pero no encuentra rastro
Como parte de sus diligencias internas, la Complutense ha activado una investigación para determinar si en algún momento se solicitó el alta formal de estos proyectos o si fueron registrados en algún sistema oficial. El resultado ha sido negativo: no hay rastro administrativo, presupuestario ni documental de su existencia, al igual que ocurre con miles de otros proyectos subidos a la nube sin control. Esta situación pone de relieve una preocupante laxitud en los protocolos de gestión de recursos digitales y tecnológicos dentro de una de las principales universidades del país.
Avances judiciales: la lupa sobre Begoña Gómez y su entorno
Paralelamente, el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Nº41 de Madrid, ha intensificado su investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva. En una batería de resoluciones emitidas esta semana, ha requerido información detallada a la Complutense sobre el proceso de contratación de Blanca de Juan de Castro, quien ejercía como coordinadora del máster asociado a la cátedra.
El juez busca esclarecer si dicha contratación se ajustó a los procedimientos reglamentarios y con qué fondos se costeó, en un intento de determinar si existió tráfico de influencias, apropiación indebida de marca, corrupción en los negocios o incluso intrusismo profesional.
Además, el juez ha imputado a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, por su presunta implicación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Esta decisión ha provocado un nuevo frente judicial en el entorno del Ejecutivo central.
El rescate de Air Europa: otra pieza del rompecabezas
Pero el punto más explosivo ha llegado con la reactivación de una línea de investigación que parecía cerrada: el papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, por un valor de 475 millones de euros, aprobado en noviembre de 2020. Aunque la Audiencia Provincial de Madrid decidió archivar inicialmente la causa por falta de pruebas, dejó abierta la posibilidad de reabrirla si surgían "nuevos datos". El juez Peinado considera que esos datos ya están sobre la mesa.
En concreto, un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco del llamado "caso Koldo", ha señalado que Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia (propietaria de Air Europa), contactó directamente con Begoña Gómez para "desbloquear" el rescate estatal a la aerolínea. Este indicio refuerza las sospechas sobre un posible uso indebido de su posición institucional y personal para influir en decisiones estratégicas del Ejecutivo.
Reflexión crítica: ¿negligencia, red clientelar o corrupción encubierta?
Los elementos que conforman este entramado, aún bajo investigación, revelan una combinación inquietante de opacidad, informalidad administrativa y posible uso indebido de recursos públicos y de influencia política. La falta de trazabilidad documental en una universidad pública respecto a proyectos de coste elevado es inadmisible desde cualquier estándar de gobernanza.
Que una cátedra —financiada en parte por empresas privadas, como otras muchas en el sistema universitario español— opere sin mecanismos de control efectivos, plantea serias dudas sobre el modelo de colaboración público-privada en la academia.
Más grave aún es el hecho de que estos indicios se vinculen al entorno directo de la Presidencia del Gobierno. Si se demuestra que se ejercieron presiones o influencias desde una posición privilegiada para beneficiar a empresas o individuos concretos, el caso podría desembocar en responsabilidades penales y políticas de gran calado.
La necesidad urgente de rendición de cuentas
Más allá del recorrido judicial que tenga el caso, la situación exige una respuesta contundente por parte de las instituciones involucradas. La Universidad Complutense debe revisar a fondo sus protocolos de control y transparencia. El Gobierno, por su parte, está obligado a colaborar sin reservas con la justicia y a esclarecer si miembros de su entorno han incurrido en prácticas irregulares.
Lo que está en juego no es solo la imagen de una universidad ni la reputación de figuras políticas concretas, sino la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. En una democracia madura, los indicios de corrupción no se diluyen en el ruido mediático: se investigan, se juzgan y, si corresponde, se sancionan.
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