El PSOE y el PP pactan en Castilla-La Mancha aumentar el gasto político y pasar de 33 a 55 el número de diputados regionales

En un país que acumula más de 450.000 políticos entre cargos electos, asesores, cargos de confianza y duplicidades administrativas, el reciente pacto alcanzado por PP y PSOE en Castilla-La Mancha para aumentar el número de diputados en las Cortes autonómicas representa otro insulto directo al bolsillo del contribuyente y a la salud democrática del Estado.

Ambos partidos han acordado en comisión parlamentaria fijar una nueva horquilla de entre 25 y 55 diputados, cuando actualmente hay 33 escaños. Aunque la medida se aplicará después de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, el trasfondo es claro: se prepara el terreno para ampliar el número de representantes políticos con el argumento de "mejorar la representación", cuando en realidad se trata de garantizar más cargos, más sueldos, más asesores y más poder interno para las estructuras partidistas.

PP y PSOE: dos caras de la misma moneda
Es significativo que este acuerdo haya sido negociado entre bastidores, sin transparencia, y con la exclusión explícita de VOX, la tercera fuerza política de la región. La crítica de esta formación ha sido directa:

“PP y PSOE han negociado la reforma del estatuto de CLM a espaldas de la tercera fuerza política. Sólo quieren aumentar el número de diputados y no quieren escuchar la realidad de los ciudadanos. Este Estatuto blinda los derechos de los políticos.”

Lo preocupante no es sólo la forma —oscura, opaca, excluyente—, sino también el fondo: una clase política que legisla a su favor en lugar de para los ciudadanos. Si se aprueba el máximo de 55 diputados, eso significará un aumento del 66% en el número de parlamentarios. ¿Qué justificación tiene esto en una comunidad autónoma con menos de 2 millones de habitantes y una de las densidades de población más bajas de España?

El coste de mantener esta estructura política: una sangría para el ciudadano
Los datos son escalofriantes. Según diversas estimaciones y estudios independientes, España podría ser el país con más políticos por habitante de Europa. Mientras países como Alemania o Francia tienen estructuras mucho más racionalizadas, en España se mantienen:

17 parlamentos autonómicos con sueldos, asesores, dietas y coches oficiales.
Más de 8.000 ayuntamientos, muchos con cargos duplicados y estructuras sobredimensionadas.
Un Senado irrelevante, cuya utilidad se cuestiona desde hace décadas, pero que sigue costando más de 55 millones de euros anuales.
Una nube de organismos, observatorios, fundaciones y empresas públicas que sirven como cementerio de elefantes o agencia de colocación para afines al partido.

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A esto se le suma la hipertrofia de asesores, muchos sin formación específica o mérito profesional, colocados a dedo por cada partido. El coste total de mantener a tantos cargos públicos —electos y designados— supera los 50.000 millones de euros al año, una cifra absolutamente insostenible.

¿Más diputados para qué?
Los defensores del acuerdo argumentan que la nueva horquilla permitirá "una mejor representación territorial y poblacional". Pero esta narrativa es una falacia recurrente. En realidad, lo que se busca es aumentar el pastel parlamentario para que más miembros de ambos partidos encuentren acomodo en las instituciones. Si de verdad quisieran mejorar la representación, se apostarían por sistemas electorales más abiertos, listas desbloqueadas o circunscripciones más equitativas. Pero eso no ocurre, porque no interesa una democracia más plural y transparente, sino una más controlada y clientelar.

Además, mientras a los ciudadanos se les exige “austeridad”, “sacrificio” y se les bombardea con subidas fiscales, la clase política se blinda. Los diputados autonómicos disfrutan de sueldos que superan ampliamente la media nacional, y muchos de ellos acumulan cargos, pensiones privilegiadas o puestos en consejos de administración al abandonar la vida pública.

La desconexión de la clase política: un peligro real para la democracia
Este tipo de decisiones, tomadas de espaldas a los votantes y a espaldas incluso de otros partidos, profundizan en el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes.

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La sensación generalizada de que “todos los políticos van a lo suyo” no es una percepción: es una realidad. Cada pacto de este tipo, cada incremento de diputados, cada nuevo chiringuito institucional, es una losa más sobre una ciudadanía harta, exprimida y políticamente huérfana.

España no necesita más políticos. Necesita menos, pero mejores. Necesita profesionales capacitados, comprometidos con el interés general, y no burócratas del partido que ven la política como una carrera laboral. Reformar el Estatuto de Autonomía debería ser una oportunidad para reducir el gasto político, aumentar la eficiencia y devolver poder al ciudadano. Lo que han hecho PP y PSOE en Castilla-La Mancha es justo lo contrario.

 El pacto entre los dos grandes partidos para aumentar el número de diputados en Castilla-La Mancha no es una mejora democrática. Es una muestra más de cómo la clase política se protege y se expande a costa de una ciudadanía cada vez más empobrecida y desencantada. En vez de reducir el gasto político y adelgazar el elefante institucional que lastra al país, se opta por inflarlo aún más. Y lo peor de todo es que no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema estructural que amenaza la sostenibilidad democrática y económica de España.

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