Uno de los elementos más corrosivos de este sistema es la existencia de incentivos económicos para los inspectores de Hacienda por imponer sanciones. Este hecho, ampliamente documentado, convierte el proceso sancionador en un instrumento contaminado por intereses personales
Noticias10 de mayo de 2025 Salvador Gimenez
En teoría, el procedimiento sancionador en el ámbito tributario existe para proteger la legalidad y garantizar que quienes incumplen sus obligaciones fiscales sean sancionados con proporcionalidad y pleno respeto a sus derechos. Pero la práctica en España se ha alejado peligrosamente de ese ideal. Lo que debía ser una herramienta excepcional y garantista se ha convertido en un arma sistemática de coacción fiscal, utilizada para imponer los criterios de la Administración incluso en contextos de duda jurídica.
La situación ha sido denunciada por magistrados del Tribunal Supremo, asociaciones profesionales, bufetes internacionales y múltiples expertos, que alertan de una transformación autoritaria del derecho tributario sancionador. El modelo actual no busca tanto sancionar fraudes reales como presionar, disuadir y recaudar, al precio que sea.
El procedimiento abreviado: castigo exprés sin garantías
Entre 2019 y 2025, la totalidad de las sanciones impuestas por los órganos de Gestión Tributaria se tramitaron por procedimiento abreviado. En el caso de los órganos de Inspección, el porcentaje fue del 96%. Este tipo de procedimiento, pensado para casos evidentes y simples, se ha convertido en la vía sistemática de imposición de sanciones, sin verdadera contradicción, sin separación entre el proceso de comprobación y el juicio de culpabilidad, y sin margen real para el ejercicio del derecho de defensa.
Como han denunciado juristas y magistrados en el I Congreso de Derecho Tributario del ICAM, esta tramitación masiva anticipa el juicio de culpabilidad al inicio del procedimiento, lo que constituye una violación flagrante de los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.
Corrupción legalizada: los bonus a inspectores por sancionar
Uno de los elementos más corrosivos de este sistema es la existencia de incentivos económicos para los inspectores de Hacienda por imponer sanciones. Este hecho, ampliamente documentado, convierte el proceso sancionador en un instrumento contaminado por intereses personales. No se trata ya de aplicar la ley con objetividad, sino de aumentar los ingresos personales de los propios funcionarios públicos a costa del miedo del contribuyente.
El bonus por resultados —eufemismo administrativo para este sistema de comisiones encubiertas— constituye una forma de corrupción estructural. Es una perversión institucional que incentiva castigar, y no la búsqueda de la verdad o el cumplimiento justo de la ley. En la práctica, los inspectores se convierten en partes interesadas económicamente en el desenlace de los procedimientos que ellos mismos dirigen, lo que genera un conflicto de intereses incompatible con cualquier noción de justicia tributaria.
¿Puede hablarse de objetividad cuando el que sanciona cobra más cuanto más sanciona? ¿Puede un contribuyente confiar en el sistema cuando sabe que el inspector que le persigue tiene un interés directo en condenarlo?
Doble rasero: impunidad para los afines al poder
A esta dinámica de coacción fiscal se suma un tratamiento desigual profundamente inmoral y antidemocrático: no todos los contribuyentes son tratados igual por Hacienda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido particularmente beligerante contra autónomos, pymes y ciudadanos de a pie, pero muestra una pasividad escandalosa cuando se trata de miembros de su propio partido o del entorno del presidente del Gobierno.
El caso más llamativo es el del hermano de Pedro Sánchez, quien percibe ingresos públicos mientras reside y tributa en Portugal. Esta situación, además de ser éticamente reprobable, plantea serias dudas legales sobre el uso de fondos públicos y el cumplimiento de la normativa tributaria española. Sin embargo, la Agencia Tributaria no ha iniciado actuación alguna, ni la ministra Montero ha considerado necesario investigar o sancionar.
Este doble rasero fiscal, que persigue con saña a pequeños contribuyentes mientras deja impunes a figuras vinculadas al poder, socava la legitimidad del sistema tributario entero. La ley debe ser igual para todos. Cuando Hacienda se convierte en una herramienta partidista, arbitraria y selectiva, deja de ser una institución democrática para convertirse en un instrumento autoritario.
Hacienda como enemigo del ciudadano
El procedimiento sancionador ha pasado de ser un mecanismo de garantía a convertirse en un aparato de sometimiento, como lo advirtió el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Montero Fernández. En sus palabras, la utilización sistemática del castigo fiscal empuja al contribuyente a “la rendición procesal, aunque tenga sólidos argumentos jurídicos”, simplemente por miedo a las consecuencias económicas.
No se trata ya de que el contribuyente cumpla con la ley. Se trata de que obedezca sin rechistar los criterios de la Administración, por absurdos o discutibles que sean. Esta práctica rompe el equilibrio procesal y la igualdad de armas, pilar esencial del Estado de Derecho.
Una máquina recaudatoria disfrazada de legalidad
La denuncia del bufete internacional Amsterdam & Partners, titulada Hacienda contra el Pueblo, revela una administración convertida en maquinaria de extorsión recaudatoria. Amenazas, multas desproporcionadas, sanciones sin juicio real, ofertas de “descuentos” si se firma un acuerdo rápido… Todo ello configura un sistema que recuerda más a una estructura inquisitorial que a una agencia pública moderna.
La Hacienda española ha degenerado en una institución con capacidad de sancionar, embargar y ejecutar sin necesidad de control judicial previo, con una opacidad alarmante y un poder desbordado. La autotutela declarativa y ejecutiva le permite actuar como juez y parte, mientras los contribuyentes ven sus garantías cada vez más erosionadas.
Complicidad de los tribunales: silencio y deferencia
El avance de este modelo punitivo no habría sido posible sin la complicidad silenciosa del poder judicial. Como se denunció en el Congreso, los tribunales económicos-administrativos y los contencioso-administrativos rara vez corrigen los abusos de Hacienda. La administración sanciona, embarga, ejecuta… y los jueces miran hacia otro lado.
Esta deferencia genera un efecto perverso: la Administración sabe que puede ir más allá de la ley sin sufrir consecuencias, consolidando prácticas ilegales o abusivas simplemente por falta de oposición efectiva.
Un modelo fiscal roto y deslegitimado
Lo que está en juego no es una cuestión técnica, sino la legitimidad del sistema tributario. Un modelo basado en la sanción como norma, en los incentivos corruptos, en la arbitrariedad política y en la desigualdad de trato no puede sostenerse en una democracia.
Los ciudadanos no rehúyen pagar impuestos justos. Lo que rechazan es un sistema manipulado, autoritario y contaminado por el interés político y económico de quienes lo administran. La defensa del contribuyente frente al abuso del poder no es defender el fraude, es defender la democracia.
España necesita una reforma profunda del modelo tributario sancionador. Eliminar los bonus a inspectores, restaurar la independencia entre funciones, garantizar un proceso sancionador verdaderamente contradictorio y aplicar la ley con la misma vara para todos, incluidos los familiares del presidente del Gobierno.
Hasta que eso ocurra, la Hacienda Pública española será vista no como garante del bien común, sino como una maquinaria coercitiva con sesgo ideológico, motivaciones económicas y una preocupante impunidad.
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