La UCO ratifica en el Supremo que García Ortiz jugó un papel preeminente en la filtración contra Ayuso

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comparecido este viernes ante el Tribunal Supremo y ha ratificado el contenido del informe en el que se atribuye al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, una participación destacada en la filtración de datos que afectaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Los agentes acudieron al Alto Tribunal en calidad de peritos, tras haber sido citados a instancia del magistrado instructor Ángel Hurtado. La comparecencia se produjo como parte de las diligencias acordadas tras un recurso presentado por la defensa del fiscal general, parcialmente estimado por la Sala de Apelación. En dicho recurso, se solicitaba la práctica de nuevas actuaciones, entre ellas la declaración del propio González Amador, prevista para el próximo 23 de mayo.

Durante su intervención, los miembros de la UCO se limitaron a confirmar las conclusiones previamente recogidas en su informe, elaborado tras el análisis del teléfono móvil de Pilar Rodríguez, fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid. Este dispositivo fue incautado durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre, autorizado por el juez Hurtado en el marco de la investigación judicial.

Según se desprende del contenido del informe ratificado, la UCO considera que existen indicios suficientes para sostener que la filtración de datos personales y procesales sobre González Amador no fue una actuación puntual o aislada, sino que contó con un nivel de coordinación elevado, en el que habría tenido un papel relevante el propio fiscal general del Estado. En concreto, los agentes señalan que la participación de García Ortiz en los hechos habría sido “preeminente”, término que emplean para referirse a su presunta implicación en la toma de decisiones o en la autorización de la difusión de determinada información.

La defensa de García Ortiz y la de Pilar Rodríguez aprovecharon la sesión para intentar desmontar las conclusiones del informe. A lo largo de casi una hora de comparecencia, formularon diversas preguntas orientadas a cuestionar la metodología empleada por la UCO y la solidez de las evidencias presentadas. No obstante, los agentes mantuvieron en todo momento su versión original y reafirmaron que su análisis se basa en datos objetivos extraídos del dispositivo intervenido y en el cruce de comunicaciones que, a su juicio, permiten inferir una cadena de responsabilidades.

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Este episodio se enmarca dentro de un procedimiento más amplio que examina posibles irregularidades en la actuación del Ministerio Fiscal respecto al tratamiento y divulgación de datos relativos a una investigación abierta contra Alberto González Amador por presuntos delitos fiscales. La aparición en medios de comunicación de información sensible en fechas tempranas generó una fuerte controversia política y judicial, que derivó en la apertura de diligencias para esclarecer el origen de dichas filtraciones.

La investigación ha cobrado una dimensión institucional debido a la posición que ocupan los implicados. Si se confirmaran las sospechas recogidas en el informe de la UCO, el caso podría tener consecuencias de calado tanto en el ámbito judicial como en el político. La posible implicación directa del fiscal general del Estado en una actuación considerada como vulneradora de derechos fundamentales colocaría a la Fiscalía en una situación delicada y afectaría a la percepción de imparcialidad del Ministerio Público.

Por el momento, el Tribunal Supremo continúa practicando diligencias y escuchando a las partes implicadas. La declaración de González Amador prevista para el 23 de mayo podría aportar elementos adicionales a una investigación que, lejos de concluir, continúa sumando nuevas fases y protagonismo.

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