La eliminación inmediata de todas las subvenciones públicas a ONG que favorezcan o legitimen la inmigración ilegal, cómo saben las ONG exactamente dónde están las pateras en mitad del Mediterráneo?
Inmigración Ilegal17 de mayo de 2025 Salvador GimenezEn los últimos meses, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el epicentro de una tormenta política, moral y jurídica provocada por una cuestión que ha permanecido demasiado tiempo bajo la alfombra: el papel de las ONG que operan buques de rescate en el Mediterráneo y el uso —o abuso— de recursos públicos para financiar actividades que, según denuncian cada vez más voces, podrían estar favoreciendo el tráfico ilegal de personas más que ofreciendo ayuda humanitaria.
La Generalitat Valenciana, en manos de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, ha empezado a tomar medidas. Entre ellas, destaca el cobro de tasas portuarias a barcos como el Aita Mari, gestionado por la organización Salvamento Marítimo Humanitario (SMH).
El cobro, por un total de más de 63.000 euros, ha sido tachado por estas organizaciones como “represalia política” y “ataque a los derechos humanos”. Pero ¿es realmente así? ¿O estamos, por fin, ante un intento serio de poner freno a una red de financiación pública opaca, que durante años ha permitido a ciertas ONG operar con total impunidad?
ONG: del altruismo a la opacidad
Las ONG que se dedican al rescate de inmigrantes suelen escudarse en el derecho internacional marítimo y en los principios humanitarios. Pero los datos apuntan a una realidad mucho más preocupante: el contacto sistemático entre estas embarcaciones y las mafias del tráfico de personas en la costa libia, la nula cooperación con Frontex o las autoridades de los países del norte de África, y la negativa a desembarcar en puertos más cercanos que los españoles o italianos.
Lo que comenzó como una respuesta a tragedias humanitarias se ha convertido en una actividad estable y masiva: barcos con banderas extranjeras, financiados en parte por subvenciones públicas y donaciones privadas opacas, que actúan de facto como taxis marítimos de rutas migratorias irregulares. Muchas de estas ONG no se someten a auditorías transparentes, operan con fondos de dudosa procedencia y —lo más grave— no rinden cuentas ante los ciudadanos que financian directa o indirectamente su actividad.
Pedro Sánchez y las políticas de puertas abiertas
Esta situación no es casual. Es consecuencia directa de una política de puertas abiertas impulsada desde el Gobierno central, con Pedro Sánchez como principal responsable. Desde su llegada a La Moncloa, el PSOE ha incentivado la entrada masiva de inmigrantes ilegales con un discurso supuestamente humanitario que, en la práctica, ha debilitado el Estado de Derecho, colapsado los servicios públicos y desprotegido a los ciudadanos más vulnerables.
Bajo su gobierno, se ha instaurado una red clientelar que utiliza fondos públicos para subvencionar a ONG que, en muchos casos, trafican con seres humanos bajo la cobertura de la ayuda humanitaria. Pero el objetivo último va más allá del humanitarismo mal entendido: se está construyendo una base electoral permanente, asegurando el voto de miles de inmigrantes a través de procesos acelerados de nacionalización y ayudas económicas directas.
Mientras las clases medias y trabajadoras sufren los efectos de la inflación, la precariedad y el colapso sanitario, se destinan millones de euros a organizaciones y personas recién llegadas que, en muchos casos, no respetan la legalidad vigente ni muestran voluntad de integrarse. Esta política irresponsable ha convertido la inmigración ilegal en una herramienta política: una fábrica de votos cautivos sostenida con el dinero del contribuyente.
El giro del Consell: tasas y responsabilidad
La decisión del Consell de exigir el pago de tasas portuarias a buques como el Aita Mari ha sido interpretada por algunos como un ataque a la solidaridad. Pero en realidad, es un mínimo gesto de cordura institucional. ¿Por qué una embarcación extranjera, utilizada para traer a personas que han entrado de forma irregular al país, debería quedar exenta de las tasas que pagan cualquier otro tipo de buques?
Además, se han emitido facturas con efecto retroactivo debido a que durante años se disfrutó de exenciones que legalmente no se justificaban. El mensaje es claro: las ONG, como cualquier otro actor en el espacio público, deben someterse a las mismas reglas. Nadie está por encima de la ley, y mucho menos cuando hay sospechas fundadas de colaboración indirecta con mafias.
Subvenciones: el gran agujero negro
Pero este gesto no es suficiente. Si España quiere tomarse en serio el control de sus fronteras, la lucha contra el tráfico de personas y el respeto por la soberanía nacional, debe dar el siguiente paso: la eliminación inmediata de todas las subvenciones públicas a ONG que favorezcan o legitimen la inmigración ilegal.
Es inaceptable que con dinero del contribuyente se financien actividades que, en la práctica, suponen una violación del marco jurídico de extranjería y una desestabilización social en barrios ya tensionados por la falta de recursos. Mientras miles de españoles hacen cola en comedores sociales y viven con sueldos precarios, se desvían fondos millonarios a organizaciones que traen a miles de personas sin papeles, sin medios de subsistencia y en muchos casos sin voluntad de integrarse.
Bruselas y el chantaje moral
La Comisión Europea ha expresado “preocupación” por la medida del Consell. Pero esta injerencia no puede tomarse más que como un reflejo del doble rasero que rige en la política migratoria europea: mientras Polonia o Hungría son demonizadas por proteger sus fronteras, en España se premia a las ONG que, de facto, dinamitan el control de acceso y convierten el Mediterráneo en un corredor de inmigración ilegal.
El chantaje moral al que someten estas organizaciones a la opinión pública no puede seguir siendo tolerado. No se puede seguir confundiendo compasión con complicidad.
Tolerancia cero con el tráfico encubierto
No hablamos de criminalizar la ayuda humanitaria genuina, sino de acabar con un modelo perverso de gestión de la inmigración. Si una ONG quiere dedicarse al rescate, que lo haga con sus propios fondos, con transparencia total y sin interferir en las políticas migratorias nacionales. Y si se demuestra su colaboración directa o indirecta con redes ilegales de tráfico, deben ser procesadas como lo que son: cómplices del crimen organizado.
La Generalitat Valenciana ha dado un primer paso. Ahora debe completarlo con firmeza: cortar la financiación pública, auditar las actividades de estas ONG y, si es necesario, vetar su presencia en puertos valencianos.
La solidaridad no puede convertirse en un escudo para la ilegalidad. Y el humanitarismo no puede servir de coartada para destruir las fronteras de un Estado soberano.
¿Cómo saben las ONG dónde están las pateras?
Una de las preguntas más inquietantes —y a menudo ignoradas por los grandes medios— es: ¿cómo saben las ONG exactamente dónde están las pateras en mitad del Mediterráneo?
La respuesta no está en la casualidad ni en milagros humanitarios. Hay evidencias, recogidas incluso por investigaciones periodísticas y testimonios de agentes fronterizos, que apuntan a una coordinación sistemática y premeditada entre traficantes de personas y determinadas ONG que operan buques “de rescate”.
Los patrones se repiten: las lanchas neumáticas salen de puntos muy concretos en las costas libias o tunecinas, sin capacidad de navegación ni rumbo fijo, pero sabiendo que serán localizadas a pocas millas por barcos de ONG que ya estaban patrullando en esa área concreta. ¿Casualidad? Muy poco probable.
En muchas ocasiones, hemos visto cómo barcos que transportan inmigrantes ilegales se aproximan deliberadamente a aguas jurisdiccionales españolas o italianas, y luego desaparecen de escena tras entregar su “carga humana” a embarcaciones operadas por ONG. Estas, a su vez, se encargan de completar el trayecto hasta puertos europeos —normalmente los más laxos en materia migratoria— y declaran que se trata de rescates “de urgencia”.
Este modus operandi no sólo rompe las reglas básicas de cooperación internacional en seguridad marítima, sino que convierte a las ONG en eslabones clave de una cadena de tráfico que comienza en África y termina en Europa, con beneficios multimillonarios para las mafias y consecuencias devastadoras para la estabilidad social en los países receptores.
Las imágenes hablan por sí solas: barcos que no rescatan, sino que recogen. ONG que no improvisan, sino que esperan. Pateras que no naufragan, sino que son entregadas.
No se trata de teorías conspirativas, sino de una realidad incómoda que muchos quieren ocultar bajo el disfraz de la solidaridad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que se legitime esta cadena de complicidades con nuestro dinero, nuestras leyes y nuestro silencio?
La estrategia del anonimato: pasaportes rotos antes de llegar a puerto
Otro de los aspectos más alarmantes y deliberadamente ignorados del fenómeno migratorio irregular es una práctica tan calculada como preocupante: la destrucción intencionada de documentos de identidad por parte de muchos inmigrantes antes de llegar a suelo europeo.
Se ha visto en múltiples grabaciones, reportajes e informes policiales: inmigrantes arrojando sus pasaportes al mar o rompiéndolos a bordo de las pateras y barcos de rescate. ¿Por qué lo hacen? La respuesta es sencilla y profundamente reveladora: para dificultar su identificación y evitar una deportación inmediata.
Al llegar sin documentación, se declara una identidad verbalmente —en muchos casos falsa o sin posibilidad de verificación— y se alega pertenecer a países en conflicto para intentar obtener el estatus de refugiado. Esta estrategia, ya conocida por las mafias y enseñada antes de zarpar, complica enormemente los procesos administrativos de devolución y paraliza los mecanismos de control migratorio.
Peor aún, algunos de estos individuos afirman ser menores de edad sin pruebas, lo que obliga a las autoridades a aplicar el principio de "beneficio de la duda" y derivarlos a centros de menores, con recursos públicos limitados y muchas veces desbordados. Esta táctica ha sido utilizada incluso por personas con antecedentes penales o procedentes de países donde no existe conflicto armado alguno.
En definitiva, romper el pasaporte se ha convertido en parte del manual de acceso a Europa por la puerta trasera. Y lo hacen porque saben que el sistema es débil, politizado y lleno de fisuras que les benefician. Lo más grave es que esta práctica se produce a plena vista, con el conocimiento —y muchas veces el silencio cómplice— de organizaciones que se autodefinen como humanitarias.
¿De qué sirve tener leyes de extranjería si se permite la entrada sin verificar quién eres, de dónde vienes ni qué intenciones tienes? ¿Cuántas personas están en nuestras calles con identidades falsas, protegidas por el anonimato que ellas mismas fabricaron, y amparadas por políticas migratorias irresponsables?
Si no se restablece el principio básico de identificación obligatoria, la seguridad nacional, la justicia y el Estado de Derecho seguirán siendo rehenes de quienes violan nuestras fronteras y destruyen sus propios documentos como primer acto de impunidad.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
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