El caso de Servinabar 2000 y su conexión con figuras relevantes del PSOE no puede analizarse de forma aislada. Se suma a un historial ya extenso de casos de corrupción que han salpicado al Partido Socialista en distintas épocas, gobiernos y territorios
Corrupción26 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
Una pequeña empresa con apenas nueve empleados, sin experiencia acreditada más allá de la obra pública, ha conseguido contratos por más de 100 millones de euros en apenas seis adjudicaciones. Todas ellas, sin excepción, han sido obtenidas en Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Acciona, una de las grandes del sector.
El nombre de la empresa es Servinabar 2000 SL, y detrás de ella se encuentra Joséba Antxon Alonso, un empresario de perfil bajo, pero con conexiones políticas profundas y preocupantes.
El caso no sólo llama la atención por la magnitud de las adjudicaciones en comparación con el tamaño de la empresa, sino por la red de relaciones personales, políticas y societarias que se despliega en torno a su actividad. Lo que se está investigando, principalmente por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, no es sólo un posible caso de favoritismo o adjudicaciones irregulares, sino un entramado opaco que podría implicar delitos de corrupción, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude en la contratación pública.
Una relación que lo explica todo
El nombre de Antxon Alonso aparece unido al de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el epicentro de un caso nacional de corrupción. Ambos compartieron una cuenta bancaria a nombre de la cooperativa Noran, donde Koldo figuraba como “titular real” y Alonso como apoderado. Esa cuenta es solo uno de los múltiples puntos de conexión entre el constructor vasco y el que fuera uno de los hombres fuertes del Ministerio de Transportes.
Más allá de los vínculos financieros, Alonso fue también patrocinador personal de Koldo García como aizkolari. La empresa Servinabar 2000 SL aparece estampada en la indumentaria de Koldo durante exhibiciones deportivas, lo que muestra una relación más allá de lo empresarial o administrativo. Además, la UCO ha detectado transferencias directas de dinero desde Servinabar a las cuentas personales de Koldo y su esposa entre 2017 y 2018, por un total de 3.000 euros, una cifra menor en sí, pero significativa al contextualizarla con el resto del esquema.
Adjudicaciones a medida
Desde 2017, Servinabar 2000 y otras sociedades ligadas a Alonso han sido beneficiadas con contratos públicos de gran cuantía, todos ellos otorgados por el Gobierno de Navarra, en distintas legislaturas y con el soporte de partidos como Geroa Bai, Bildu y el PSN (PSOE). Entre las adjudicaciones se encuentran proyectos como:
Oficinas del Navarra Arena (3,7 millones €)
Obras del colegio público de Arbizu (2,6 millones €)
Archivo General de Navarra (2,4 millones €)
Construcción de 62 viviendas públicas en Erripagaña (6,8 millones €)
46 viviendas financiadas con Fondos Next Generation (8,3 millones €)
Y, especialmente, la duplicación del túnel de Belate (76 millones €), una de las obras públicas más relevantes de la legislatura.
El caso del túnel de Belate merece atención especial. No solo por la dimensión del contrato, sino por la opacidad del proceso. Hubo denuncias formales por parte de partidos y ciudadanos, y tres de los ocho miembros de la mesa de contratación emitieron votos particulares por considerar que el proceso carecía de imparcialidad y transparencia. El Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, está en el punto de mira por un presunto favoritismo sistemático hacia la UTE formada por Acciona y Servinabar 2000.
El papel de Santos Cerdán
Otra figura clave en esta trama es el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Aunque sin cargos institucionales directos, participó en 2019 en una reunión entre miembros del Gobierno de Navarra y altos cargos del Ministerio de Transportes para tratar precisamente las obras del túnel de Belate. Su presencia en esa negociación, sin competencia administrativa, ha sido duramente cuestionada.
No es el único señalamiento. Según testigos protegidos e investigaciones en curso, Cerdán habría recibido dinero en efectivo a través de Koldo García, en relación a otra adjudicación pública que no terminó favoreciendo a Servinabar, lo que refuerza la hipótesis de una red informal de intercambio de favores y pagos por adjudicaciones.
Una red societaria difícil de rastrear
Antxon Alonso no solo opera a través de Servinabar 2000. Se le vincula a 19 sociedades diferentes, en sectores tan diversos como construcción, minería, energía renovable, hostelería, tecnología o consultoría. Muchas de estas empresas no tienen actividad aparente, no presentan cuentas en el Registro Mercantil, o fueron constituidas justo antes de recibir contratos públicos.
Esto sugiere un patrón orientado a dificultar la trazabilidad del dinero y a crear estructuras interpuestas que protejan los movimientos financieros del empresario. El caso de Alegure SL, una sociedad creada poco antes de ganar un contrato público en 2018 y que nunca presentó cuentas, es ilustrativo de esta estrategia.
¿Y Acciona?
Una pregunta inevitable es el papel que ha jugado Acciona en este entramado. Como gran empresa del sector, su experiencia y capacidad técnica suelen garantizar la adjudicación de obras. Pero su constante alianza con Servinabar, a pesar de la nula experiencia propia de esta última, ha despertado sospechas. ¿Por qué una multinacional aceptaría aliarse con una empresa de apenas nueve empleados si no existiera un interés o condición impuesta desde la administración?
Fondos europeos en entredicho
Una de las adjudicaciones más polémicas, la construcción de 46 viviendas públicas en Pamplona por 8,3 millones de euros, está financiada con Fondos Next Generation de la Unión Europea. La implicación de empresas investigadas por corrupción en proyectos sufragados con dinero europeo podría tener consecuencias legales y financieras muy graves para las instituciones navarras y para el propio Estado español.
¿Corrupción institucionalizada?
El caso Servinabar no es un caso aislado ni anecdótico. Se trata de una posible red de corrupción institucionalizada donde una empresa sin historial significativo accede de forma sistemática a contratos multimillonarios. Todo ello, en paralelo a relaciones personales y financieras con políticos de primer nivel, con pagos en efectivo, cuentas compartidas, sociedades fantasma y adjudicaciones opacas.
El foco debe ahora centrarse en la responsabilidad política y administrativa de quienes permitieron estas adjudicaciones. ¿Quién firmó los contratos? ¿Quién validó las puntuaciones técnicas? ¿Qué papel jugó cada partido en la tramitación? ¿Qué medidas se van a tomar para depurar responsabilidades?
Las investigaciones de la UCO continúan. Pero las preguntas están ya sobre la mesa. Y muchas de ellas requieren respuestas urgentes.
Un caso más en una larga lista de escándalos
El caso de Servinabar 2000 y su conexión con figuras relevantes del PSOE no puede analizarse de forma aislada. Se suma a un historial ya extenso de casos de corrupción que han salpicado al Partido Socialista en distintas épocas, gobiernos y territorios.
Desde los históricos escándalos de los años 80 y 90 —como el caso GAL, los fondos reservados, el caso FILESA o el caso Roldán— hasta tramas más recientes, como los ERE de Andalucía, el caso Mediador o las comisiones por mascarillas durante la pandemia.
Lejos de representar una anomalía, el esquema de relaciones opacas, adjudicaciones dirigidas y vínculos personales convertidos en canales para la obtención de recursos públicos, parece ser una práctica reiterada en algunos entornos socialistas, especialmente en aquellos donde el poder institucional se ha mantenido durante largos períodos sin alternancia ni supervisión efectiva.
El elemento preocupante es que, con el paso del tiempo, estas prácticas no sólo no han desaparecido, sino que se han sofisticado. Hoy, muchas de ellas se camuflan bajo estructuras societarias complejas, contratos compartidos con grandes empresas y una narrativa de modernización y sostenibilidad (como la de los fondos europeos) que sirve para blanquear procesos claramente sospechosos.
En este contexto, el PSOE enfrenta no sólo una crisis de reputación, sino un déficit creciente de credibilidad institucional. La acumulación de casos exige más que respuestas individuales o responsabilidades administrativas: requiere una revisión profunda de los mecanismos internos de control, ética y acceso al poder. De lo contrario, cada nuevo escándalo no hará más que confirmar una percepción cada vez más instalada en la ciudadanía: que para algunos, las instituciones públicas no son un servicio, sino un botín.
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