Si el responsable del Gobierno, así como muchos de sus actuales componentes, tuviera formación jurídico-pública y se condujera según los dictados del Derecho y de la ética pública, requeridos para su alta función, esta tribuna de opinión sobraría. Escribirla resultaría impertinente.
Empero no. La ejecutoria de Sánchez y sus ministros en estos últimos y aciagos siete años ha demostrado que nuestro presidente y sus validos, aunque algunos de estos poseen títulos que teóricamente acreditan conocimientos de Derecho, sin embargo, en el ejercicio de sus competencias, se comportan como si hubieran faltado a clase buena parte del curso académico: no rezuman un ápice de juridicidad en su actividad pública, y menos el presidente, que es un reputado economista.
Si a la carencia de formación o de conciencia jurídica se suma que quienes se sientan a la mesa del Consejo de Ministros, con el señor Sánchez a la cabeza, no buscan satisfacer el interés general, como ordena el artículo 103 de la Constitución, sino que les mueve predominantemente su particular ideología política, habremos descubierto una de las más importantes razones o causas por la que este desgobierno lleva fracasando en su principal labor gubernamental, en su actividad orientada a la sociedad, a lo colectivo, que consiste en procurar la felicidad de los ciudadanos, su bienestar en sentido amplio.
Definitivamente, este desgobierno ha fracasado en su justificación política que no es otra que desarrollar la actividad prestacional, el servicio público. Este Ejecutivo pervive de espaldas a su prístino objetivo, aquel que le legitima ante los ciudadanos, que no es otro que crear, mantener y prestar servicios públicos.
Es una motivación que aparece y reaparece en nuestra Constitución y en toda Ley que regule parcelas de la actividad del Gobierno. Y es verdad: un Gobierno justifica su existencia y predominio si es útil a los ciudadanos, si presta buenos servicios públicos. El deterioro del servicio público representa la ruina de la convivencia civil y el Estado.
En este punto resulta imprescindible citar algunos nombres egregios de la doctrina iuspublicista de finales del XIX y principios del XX: Duguit, Jéze, Bonnard, Roland y Hauriou, entre otros. Es de destacar el importante papel que desempeñó el Conseil d’État francés, creador de la teoría del servicio público en su actual concepción. Hauriou, cuando quiso revelar la verdadera naturaleza de esta singular actividad de las administraciones públicas, a cuya cabeza está el Gobierno, el Poder Ejecutivo, la asimiló al concepto de soberanía, tan importante la consideró.
Por eso, como en el actual caso español, cuando se degrada el nivel de los servicios públicos, se está afectando, se está deteriorando el mismo Estado.
Hoy, por consecuencia de un Gobierno fuertemente ideologizado, inexperto e incapaz, la calidad y el funcionamiento de los servicios públicos se han hundido en una medida cuya dimensión la da el enorme esfuerzo que requerirá su recuperación. En efecto, si repasamos los caracteres constitutivos del servicio público en su formulación tradicional (Mestre Delgado) observaremos claramente que este Desgobierno sanchista los ha degradado todos.
Y es que la actividad administrativa ortodoxa del servicio público se atiene a unas determinadas reglas. En primer lugar se rige por los principios de continuidad y regularidad. ¿Alguien puede sostener que hoy se dan en el suministro de energía eléctrica y en el transporte ferroviario de viajeros? ¿Se respetan esos principios? ¿Recuerdan el vergonzoso ‘apagón’ eléctrico del lunes 28? ¿Y el intolerable ‘parón’ ferroviario del lunes 5?
En segundo lugar, rige en el servicio público el principio de no discriminación en el acceso y utilización por los usuarios. De verdad, ¿se puede sostener que con la casi infinita variedad de ayudas (‘paguitas’, subvenciones, incentivos, programas y demás estímulos, bonificaciones y gratificaciones que tanto el PSOE como PODEMOS-SUMAR han ido concediendo) el Gobierno respeta este principio rector del régimen jurídico del servicio público? Por ejemplo, ¿en materia de Vivienda?
En tercer lugar, y es de rabiosa actualidad. La doctrina más autorizada destaca como otro importantísimo principio la llamada cláusula de progreso o de adaptación del servicio a las nuevas técnicas disponibles. Importantísima cláusula. Alude este principio a la debida y permanente actualización técnica y económica del servicio público de que se trate, labor que debe ser constante.
Pues bien: este es otro agujero negro del Ejecutivo sanchista: las inversiones dedicadas a los servicios públicos han sido, generalmente, escasas, insuficientes o nulas, a pesar de los ingentes recursos recibidos vía recaudación impositiva, por causa de la inflación o de fondos europeos.
En este punto hay que recordar que Sánchez continúa incumpliendo la Constitución (una vez más) al no presentar a las Cortes el proyecto anual de Presupuestos Generales del Estado, prius esencial de los servicios públicos.
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