Aumentan las agresiones a policías y guardias civiles en España: más de 1.400 al mes en 2024

En ese sentido ha ofrecido datos de agresiones a agentes, donde en 2024 se ha dado «un triste récord», con «la cifra más alta histórica de agresiones» contra policías nacionales y guardias civiles. Así, ha señalado que han sido «más de 16.800 agresiones el año pasado, más de 1.400 cada mes»

Noticias Policiales27 de mayo de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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El presidente de la Confederación Española de Policía (CEP), Javier Gutiérrez, ha explicado este lunes en Barbate (Cádiz) que la misión de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) tiene como objetivo verificar la petición realizada por su entidad respecto a un «aumento de las agresiones que vivimos en España», denunciando que «literalmente nos están matando».

En declaraciones a los medios en la puerta del Ayuntamiento de Barbate, donde la delegación mantiene esta tarde varias reuniones, Gutiérrez ha advertido que esas agresiones se están dando «quizá de forma más acuciante aquí», en alusión a la provincia de Cádiz, pero que es algo que «se vive también en el resto del territorio nacional y que se está dando en toda la Unión Europea».

 Es por eso que ha pedido no politizar la iniciativa que fue enviada a la Comisión, en la que se solicitaba que se reconociera la condición de profesión de riesgo de los cuerpos policiales de la Unión Europea y se incluyera el delito de agresión contra un agente en la lista de «eurodelitos», además de establecer una definición común y penas mínimas.

«Esta petición no tiene ningún color político. Es una iniciativa de justicia y nadie debe politizarla. Lo que deben hacer todos los grupos es apoyarla sin fisuras, porque si los policías no estamos protegidos, ¿quién lo está?», ha señalado el responsable de la CEP.

Javier Gutiérrez ha manifestado que en las reuniones del martes en Algeciras acudirán representantes del Sindicato Europeo de Policía para explicar que «en sus países también están aumentando de forma exponencial esas agresiones».

En ese sentido ha ofrecido datos de agresiones a agentes, donde en 2024 se ha dado «un triste récord», con «la cifra más alta histórica de agresiones» contra policías nacionales y guardias civiles. Así, ha señalado que han sido «más de 16.800 agresiones el año pasado, más de 1.400 cada mes».

«Esto sucede sólo en España, pero en Bélgica, en Alemania y en Francia, hay números que superan los 34.000, los 17.000 y los 9.000», ha lamentado, denunciando que «todo esto sucede porque se ha perdido el principio de autoridad» y que «literalmente nos están matando y no es una forma de hablar».

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En su opinión, «no hay un reproche penal suficiente, porque agredir a los policías en demasiadas ocasiones sale gratis» y eso, ha dicho, «es lo que no se puede consentir, dar esa sensación de impunidad». Por eso, ha asegurado que «necesitan» que las agresiones contra policías sean consideradas «eurodelitos», para «tener un reproche penal suficiente que sea disuasorio y que evite que sigan atentando contra los compañeros».

Tal y como ha indicado, no fue la Confederación la que escogió Cádiz para la visita de la delegación europea, elucubrando que se habría optado por esta zona debido a «la importancia mediática que tuvo el asesinato de nuestros compañeros de la Guardia Civil aquí en Barbate» en febrero de 2024, un año después de que la CEP registrara su petición.

«Se ha producido la visita a este punto, pero se podía haber producido en otras ciudades españolas y en muchas otras ciudades europeas. Se podía haber hecho en Marsella, en Múnich o en Varsovia, porque por desgracia están aumentando las agresiones contra nosotros en prácticamente todas las capitales importantes de la Unión Europea y en muchas ciudades de gran tamaño», ha lamentado.

Respecto a la consideración de las agresiones a los agentes como «eurodelito», Javier Gutiérrez ha explicado que la pena que hay en España y en otros muchos países «no es suficiente», confiando en que las instituciones europeas legislen sobre ello, elevando la pena mínima cuando «comprendan que este es un problema comunitario y va a afectar al normal desarrollo del propio funcionamiento de esas instituciones y de las libertades y los derechos de los ciudadanos».

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