Los 'fontaneros' del PSOE pretendían anular causas contra el Gobierno

En medio de una legislatura marcada por escándalos, polarización y tensiones institucionales, una trama cada vez más compleja y turbia ha comenzado a emerger con fuerza. Se trata de una supuesta operación clandestina impulsada desde círculos próximos al partido en el poder con el objetivo explícito de desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cuerpo responsable de investigaciones clave que salpican al entorno del Gobierno, incluidos familiares del presidente, altos cargos del Ejecutivo y viejos aliados caídos en desgracia.

La magnitud de lo que está saliendo a la luz no reside solo en la gravedad de las acusaciones, sino en el mecanismo utilizado para ejecutar la ofensiva: presuntas ofertas de favores judiciales, reuniones con imputados, tentativas de cooptación a mandos policiales, manejo indebido del Ministerio Fiscal y obtención —o fabricación— de información sensible para desmontar procedimientos judiciales en curso. Todo esto, según los testimonios recabados, bajo la coartada de una legalidad procesal que se busca instrumentalizar para lograr impunidad.

El tablero en movimiento: estrategia y actores
La estrategia, al parecer, era clara: intentar anular las causas judiciales que cercan al Gobierno debilitando la credibilidad y legitimidad de la UCO. Para lograrlo, se habría montado una operación paralela al margen de los canales institucionales, articulada a través de lo que en la jerga política se conocen como "fontaneros": operadores discretos, sin cargo público visible, pero con acceso privilegiado a información y a círculos de poder.

Una de las piezas clave en este engranaje sería una asesora próxima al partido en el poder, señalada por reunirse con varios implicados en investigaciones judiciales de alto perfil. En estas reuniones, según grabaciones y testimonios filtrados, habría solicitado información comprometedora sobre mandos de la Guardia Civil, en especial sobre el jefe de la unidad que coordina investigaciones delicadas. A cambio, habría ofrecido ascensos, protección jurídica o mediación con la Fiscalía.

El papel de la abogacía y la posible manipulación judicial
Otro personaje central en esta trama es un abogado penalista vinculado a defensas de imputados en casos sensibles. En su despacho se habrían producido reuniones grabadas en las que se discuten posibles vías para invalidar causas judiciales a través de errores procesales, vulneraciones de derechos o supuestas investigaciones prospectivas, un concepto jurídicamente complejo que implica iniciar pesquisas sin base sólida, con fines exploratorios, lo que estaría prohibido por el ordenamiento español.

David Sánchez: piden que declaren los 5 candidatos que cedieron su acta a Gallardo

El letrado, en lugar de negar las reuniones, ha centrado su defensa en criticar que se haya grabado una conversación privada en su despacho, comparando el hecho con prácticas de espionaje ilegítimo. Sin embargo, lo que preocupa no es tanto la grabación —a la que se le deberá atribuir o no validez judicial— como el contenido que revela: una presunta coordinación informal para debilitar investigaciones legítimas mediante el uso de información obtenida irregularmente o mediante presiones institucionales.

Una línea roja: la independencia del Ministerio Fiscal
Uno de los elementos más delicados de la operación es el supuesto uso de la Fiscalía como instrumento político. En las grabaciones filtradas, se menciona con desparpajo la capacidad de “mover a fiscales” para resolver situaciones que afectan a aliados del partido. Estas afirmaciones, de confirmarse, no solo socavarían la confianza en el Ministerio Fiscal, sino que alimentarían la percepción —ya muy extendida— de que existe una politización estructural de la Justicia en España.

Cabe recordar que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece la subordinación jerárquica del cuerpo al fiscal general del Estado, quien a su vez es nombrado por el Gobierno. Esta estructura ha sido objeto de críticas recurrentes por la falta de independencia efectiva, algo que ahora podría haberse materializado en actuaciones concretas al margen de la legalidad.

¿Investigación prospectiva o defensa legítima?
Uno de los argumentos esgrimidos por las defensas próximas al Ejecutivo es que las investigaciones de la UCO tendrían un carácter prospectivo y, por tanto, nulo. Esta acusación fue ya desestimada por el Tribunal Supremo en el caso de la investigación patrimonial al exministro de Transportes, al considerar que existen indicios concretos y suficientes como para abrir diligencias.

Aun así, se estaría tratando de generar una narrativa alternativa: que las pesquisas responden a una animadversión personal o política, y no a datos objetivos. Esta línea argumental se apoya en mensajes internos, grabaciones informales y la descontextualización de ciertos procedimientos. Pero si bien una enemistad manifiesta entre el investigador y el investigado puede llegar a invalidar un procedimiento, la carga de la prueba para demostrarlo es extraordinariamente alta.

Consecuencias jurídicas y posibles delitos
Los penalistas consultados coinciden en que la obtención de pruebas de forma ilícita puede ser causa de nulidad, pero que intentar provocar deliberadamente esa nulidad manipulando el proceso es, en sí mismo, un delito. Estaríamos ante una figura que podría calificarse como fraude procesal o incluso falsedad documental si se demuestra que la información ha sido fabricada o inducida con fines espurios.

Entre los delitos que podrían derivarse se incluyen:

Tráfico de influencias: uso de una posición de poder para obtener beneficios indebidos.
Cohecho: ofrecimiento de favores o dinero a funcionarios a cambio de información.
Revelación de secretos: si se accedió a información judicial protegida.
Obstrucción a la Justicia: por intentar manipular la acción penal o sus instrumentos.
Falsedad en documento oficial: si se alteraron pruebas o actas con intención fraudulenta.
Organización criminal: si se demuestra una estructura coordinada y jerárquica para delinquir.

El efecto bumerán
Paradójicamente, algunos juristas apuntan a que si las reuniones y grabaciones fueron en realidad organizadas por los propios operadores políticos como una suerte de trampa procesal —con el objetivo de provocar nulidades futuras—, el efecto podría revertirse contra ellos. En ese caso, se trataría de una manipulación consciente del procedimiento penal, lo que agravaría la situación judicial de los implicados y abriría la puerta a nuevas imputaciones.

El campo español bajo asedio por la instalación de placas solares: acuerdo millonario de Solaria con Banco Sabadell

Un Estado que se tambalea
Lo que está en juego en este escándalo no es solo el futuro judicial de algunos dirigentes o empresarios, sino la salud institucional del Estado democrático de Derecho. La posibilidad de que se estén utilizando mecanismos de poder para atacar a cuerpos de investigación independientes, manipular fiscales y condicionar jueces —todo para blindar al Gobierno de turno— dibuja un escenario de degradación democrática que debería alarmar tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.

En este contexto, la transparencia no puede seguir siendo una palabra vacía. Es imprescindible que se depuren responsabilidades, se aclaren los hechos y se restablezca la confianza en las instituciones. Porque si las cloacas del Estado son ahora instrumento de supervivencia política, el problema no es ya de un partido, sino de un sistema en retroceso.

¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]

Comparte en Redes Sociales

Apoya el periodismo independiente y crítico 

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726