El campo español no solo agoniza por la falta de ayudas, la inflación o la competencia desleal de terceros países. Ahora también enfrenta una invasión silenciosa y financiada por los grandes lobbies de la energía solar promocionadas por el gobierno y la UE. La empresa Solaria Energía y Medio Ambiente lidera este asalto con el respaldo de entidades financieras como Banco Sabadell, con el que ha pactado una financiación de 93,5 millones de euros para instalar 175 MW de energía solar sobre tierras nacionales.
Esta operación, aún condicionada a la aprobación del comité de riesgos del banco y a una auditoría, deja al descubierto el verdadero rostro de la llamada «transición ecológica». Bajo su fachada de sostenibilidad se oculta un plan sistemático para desmantelar el mundo rural español y entregarlo a los fondos de inversión globalistas.
Transición verde o colonización rural
La narrativa oficial vende estos proyectos como un avance necesario hacia la descarbonización. Pero la realidad es distinta. Campos agrícolas, pastizales y espacios naturales desaparecen a gran velocidad. Se reemplazan por kilómetros de cristal y metal, sin alma ni propósito para las comunidades que antes vivían de esa tierra.
El caso de Oliva Solar, en Guadalajara, es ilustrativo. Esta planta ha invadido espacios agrícolas productivos y ha roto hábitats silvestres esenciales. Se elimina así una conexión ancestral con el entorno. Se desfigura el paisaje. Y se destruye el tejido productivo local en nombre de una eficiencia energética que beneficia, en primer lugar, a las élites.
Cifras millonarias para unos pocos, ruina para el agricultor
Mientras Solaria presume de beneficios récord —más de 107 millones de euros solo en 2023—, las comarcas afectadas no ven ni una fracción de esa riqueza. Los empleos que generan las plantas solares duran poco y rara vez se integran en la economía local. Una vez finalizadas las obras, el paro estructural vuelve con más fuerza.
El modelo es claro: las empresas ganan, los pueblos pierden. El campo se vacía. La tierra se industrializa. La soberanía alimentaria se debilita. Y España camina hacia una dependencia energética controlada desde los despachos de las multinacionales.
Financiación opaca y concentración de poder
Solaria no solo ha firmado acuerdos con Banco Sabadell. También ha recibido compromisos de financiación del Banco Europeo de Inversiones por valor de 1.700 millones de euros. Este flujo de dinero se concentra en unas pocas manos. Aumenta la opacidad en la gestión. Y favorece a consejos de administración que nada tienen que ver con el campo ni con sus necesidades.
El mundo rural observa con impotencia cómo los fondos internacionales deciden sobre sus tierras. No hay diálogo real. No hay consulta vinculante. Solo imposición y propaganda.
¿Corrupción o coincidencias demasiado oportunas?
En este contexto, aparece un dato que aviva todas las sospechas. En 2021, solo seis semanas después de que Isabel Rodríguez fuese nombrada ministra por Pedro Sánchez, su marido, Iván Molinero Camacho, fue contratado por Solaria como ejecutivo. Hasta entonces trabajaba como panadero y reponedor.
El cambio es tan radical que resulta imposible no levantar la ceja. ¿Qué experiencia tenía Molinero en el sector energético? Ninguna. ¿Por qué una gran empresa lo ficha justo cuando se multiplican las oportunidades de financiación pública y privada? ¿Por qué justo en ese momento? La respuesta oficial es el silencio.
Una conexión que exige explicación
No hay prueba concluyente de trato de favor. Pero sí existe una clara sospecha de tráfico de influencias. En cualquier país con instituciones sólidas, este tipo de episodios desencadenaría una investigación inmediata. En España, se oculta. Se normaliza. Se asume como parte del paisaje político.
¿Quién controla las relaciones entre Gobierno y grandes corporaciones? ¿Cómo se adjudican los proyectos? ¿Quién fiscaliza la compatibilidad entre cargos políticos y fichajes empresariales? Hoy, nadie responde.
El caso de Solaria y del marido de Isabel Rodríguez es más que una anécdota. Es un síntoma. De cómo el poder usa la causa verde para encubrir una nueva forma de colonización económica y cultural. Y es deber de los medios honestos denunciarlo con firmeza, en defensa del campo, de la familia y de España.
El problema no es la energía solar. El problema es el modelo especulativo y extractivo que se impone sin diálogo. Un modelo que aniquila el presente del campo español para engordar cuentas millonarias en paraísos fiscales.
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