Liberum ha solicitado que se cite como testigos a los candidatos del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023: María Dolores Fernández Luengo (puesto 22), Pedro Blas Vadillo Martínez (19), Virginia Borrallo Rubio (20), Juan Francisco Ceballos Fabián (21) y María de la Cruz Rodríguez Vegazo (8)
Corrupción29 de mayo de 2025
Impacto España Noticias
La representación legal de la Asociación Liberum, que actúa como acusación particular en el conocido como Caso David Sánchez, ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) solicitando que comparezcan como testigos las cinco personas que renunciaron a sus actas de diputados en la Asamblea de Extremadura. Estas renuncias facilitaron que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, accediera al aforamiento parlamentario.
El pasado 26 de mayo, Liberum denunció formalmente la obtención del aforamiento por parte de Gallardo, quien figura como investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Su incorporación a la Asamblea se produjo tras la renuncia de varios candidatos que lo precedían en la lista electoral del PSOE.
Ahora, como parte de las diligencias propuestas, Liberum ha solicitado que se cite como testigos a los candidatos del PSOE en las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023: María Dolores Fernández Luengo (puesto 22), Pedro Blas Vadillo Martínez (19), Virginia Borrallo Rubio (20), Juan Francisco Ceballos Fabián (21) y María de la Cruz Rodríguez Vegazo (8).
Según el escrito, el aforamiento de Gallardo fue posible gracias a cinco renuncias sucesivas, dado que él ocupaba el puesto número 23 en la candidatura socialista. Inicialmente, el PSOE obtuvo 16 escaños. Tras las dimisiones de Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus, la lista se extendió hasta el candidato número 18. No obstante, fue necesario que también renunciaran los candidatos de los puestos 19 al 22, así como la diputada número 8, para que Gallardo pudiera acceder al escaño.
Liberum pone el foco en la renuncia de María de la Cruz Rodríguez Vegazo, persona de máxima confianza de Gallardo, ya que fue su jefa de prensa en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena y posteriormente jefa del Gabinete de Presidencia en la Diputación de Badajoz. Fue nombrada funcionaria de carrera en 2021 durante la presidencia de Gallardo, y recientemente ha sido designada Secretaria de Organización del PSOE en Badajoz, lo que para Liberum podría evidenciar una posible compensación política.
La acusación considera que estas renuncias no son casuales y que pudieron formar parte de una estrategia deliberada para asegurar el aforamiento de Gallardo justo antes de la apertura de juicio oral. En este sentido, subrayan que el 21 de mayo de 2025, Gallardo solicitó su credencial como diputado el mismo día en que Rodríguez Vegazo dejó su acta y justo antes de que se dictara el auto de apertura del juicio oral, fechado el 22 de mayo.
En palabras de Liberum, todo este proceso ha generado “una apariencia de legalidad” que esconde “una instrumentalización abusiva de la normativa reguladora del nombramiento de diputados” tanto del Reglamento de la Asamblea de Extremadura como de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
La acusación popular sostiene además que, para completar su condición de diputado, Gallardo debería jurar o prometer la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la sesión plenaria prevista para el 29 de mayo de 2025. Consideran que este acto sería la culminación de un procedimiento viciado de origen y carente de legitimidad.
Por ello, Liberum afirma que el nombramiento como diputado debe considerarse nulo de pleno derecho, al haberse producido presuntamente en fraude de ley y con abuso de derecho, con el objetivo de trasladar el proceso penal al TSJEx, un tribunal que, según insinúan, podría ofrecer un tratamiento más favorable al acusado en comparación con el juzgado de instrucción ordinario.
Finalmente, en su escrito, Liberum reclama que se admita el recurso contencioso-administrativo especial por vulneración de derechos fundamentales contra la credencial otorgada el 21 de mayo a Gallardo, y solicita que se requiera el expediente completo para formalizar la correspondiente demanda.
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