España ostenta el récord europeo en aforamientos, con cerca de 250.000 personas que gozan de una protección jurídica especial que les permite ser juzgados por tribunales superiores en lugar de los tribunales ordinarios
Nacional01 de junio de 2025
Impacto España Noticias
España ostenta el récord europeo en aforamientos, con cerca de 250.000 personas que gozan de una protección jurídica especial que les permite ser juzgados por tribunales superiores en lugar de los tribunales ordinarios. A simple vista, podría parecer una medida pensada para salvaguardar la independencia de altos cargos y garantizar la correcta administración de la justicia.
Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. El aforamiento se ha convertido en una herramienta que muchos políticos usan como escudo para esquivar la justicia, dilatar procesos y, en definitiva, protegerse de la rendición de cuentas.
Un privilegio sin parangón en Europa
La magnitud del aforamiento en España no tiene comparación en Europa. Mientras que países como Francia restringen esta protección a 19 personas, fundamentalmente presidentes y ministros, y en Italia solo el presidente de la República goza de tal inmunidad, en España este privilegio se extiende a decenas de miles: 2.000 políticos, 5.500 jueces, 2.700 fiscales, más de 230.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas, además de cinco miembros de la Familia Real. Esta desproporción no es solo una cifra; es un reflejo de un sistema que ha institucionalizado un régimen de privilegios.
A diferencia de países donde todos, independientemente de su cargo, son juzgados por tribunales ordinarios —casos como Alemania o Reino Unido—, España mantiene un régimen excepcional que, bajo el pretexto de proteger a sus altos cargos de presiones políticas, les otorga un blindaje judicial que mina la igualdad ante la ley.
La doble vara de medir: aforados y ciudadanos de a pie
El aforamiento rompe uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho: la igualdad ante la ley. Mientras un ciudadano común es juzgado por tribunales ordinarios, los aforados pueden eludir estos juzgados y ser procesados por tribunales superiores, con procesos más largos, complejos y en ocasiones menos transparentes. Esta situación no solo crea una injusta diferencia, sino que genera un caldo de cultivo para la impunidad y la corrupción.
Casos emblemáticos de corrupción en España han puesto al descubierto cómo este sistema protege a la clase política. Los tiempos dilatados de investigación, la dificultad para abrir procesos judiciales y la mayor complejidad para la instrucción son barreras que han sido aprovechadas por muchos para retrasar o incluso evitar condenas.
El caso Gallardo: un ejemplo paradigmático
Un ejemplo reciente que ha puesto el debate del aforamiento en el centro del debate público es el de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz.
Gallardo fue investigado por presuntamente colocar al hermano del presidente del Gobierno en un puesto público, un caso rodeado de opacidad y desconocimiento en la declaración judicial. Sin embargo, tras conseguir un escaño en la Asamblea de Extremadura, obtuvo el beneficio del aforamiento que le permite ser juzgado por un tribunal superior y evitar un proceso en tribunales ordinarios.
Este movimiento, lejos de ser anecdótico, muestra con claridad cómo el aforamiento puede ser utilizado estratégicamente para proteger a los políticos. Aunque el propio Gallardo niega haberlo hecho para beneficiarse del aforamiento, la realidad es que este blindaje judicial le otorga ventajas procesales evidentes, como la ralentización del proceso o un trato diferenciado que no está al alcance de cualquier ciudadano.
Un sistema en crisis y en deuda con la justicia
La crítica internacional hacia el sistema español de aforamientos no se ha hecho esperar. Organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa han denunciado reiteradamente que el aforamiento obstaculiza la justicia y la lucha contra la corrupción. En su informe de abril de 2025, GRECO lamentaba la falta de avances en la reforma, especialmente a nivel estatal, donde la excusa recurrente es la imposibilidad de alcanzar un consenso político para modificar la Constitución.
Pero esta falta de reforma no es casual. El aforamiento protege a quienes deben decidir sobre su eliminación. Modificarlo supone tocar privilegios de decenas de miles de personas en puestos de poder, lo que genera un bloqueo político difícil de superar. Mientras tanto, la sociedad española sigue viendo cómo numerosos escándalos de corrupción quedan atrapados en largos procesos judiciales, mientras los responsables políticos disfrutan de una impunidad que la ciudadanía percibe como una burla.
La falacia de la protección a la independencia judicial
Quienes defienden el aforamiento argumentan que se trata de una medida necesaria para proteger la independencia de los altos cargos y evitar presiones políticas sobre ellos. Sin embargo, la realidad demuestra que este sistema no protege la justicia, sino que la politiza. El aforamiento ha sido utilizado como un arma para manipular procesos judiciales, influir en decisiones y garantizar que determinados casos nunca lleguen a sentencias justas.
Además, la existencia de un trato preferente genera desconfianza hacia las instituciones y alimenta la percepción de que la justicia en España está politizada y sesgada a favor de los poderosos. Esto no solo erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial, sino que debilita los cimientos mismos de la democracia.
Comparativa del aforamiento en España y Europa: un privilegio desproporcionado
El sistema de aforamiento en España representa una excepción llamativa en el contexto europeo. Mientras que en la mayoría de los países del continente esta figura es residual o inexistente, España mantiene un régimen masivo que protege a cerca de 250.000 personas, un número que supera con creces al de otras naciones con regímenes democráticos avanzados.
España: el récord europeo en aforamientos
Con aproximadamente 250.000 aforados, España tiene el sistema más amplio y complejo de Europa. Este colectivo abarca no solo a políticos (cerca de 2.000), sino también a jueces, fiscales, miembros de instituciones como el Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado, y más de 230.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías autonómicas, quienes disfrutan de un aforamiento parcial. A este conglomerado se suman los miembros de la Familia Real, incluyendo al Rey, que goza de inviolabilidad.
Esta masificación hace del aforamiento un privilegio generalizado, que difícilmente puede justificarse como una medida excepcional para proteger la independencia de altos cargos. Más bien, se ha convertido en un mecanismo que otorga una inmunidad judicial amplia y cuestionable, en contraste con el principio fundamental de igualdad ante la ley.
Francia, Italia y Portugal: un modelo restrictivo
En Francia, solo 19 personas —fundamentalmente el presidente de la República, el primer ministro y algunos ministros— disfrutan de aforamiento, aunque esta cifra puede variar levemente con el tamaño del Gobierno. Italia limita este privilegio exclusivamente al presidente de la República. Portugal sigue una lógica similar, otorgando inmunidad principalmente al presidente y algunos miembros del Consejo de Estado, con un aforamiento limitado y restringido.
Estos modelos reflejan un equilibrio más ajustado entre la protección institucional y la igualdad judicial. La restricción del aforamiento a cargos muy concretos evita el abuso de privilegios y limita la posibilidad de que esta figura se convierta en un mecanismo para evitar la justicia.
Alemania y Reino Unido: la ausencia del aforamiento
En países como Alemania y Reino Unido, la figura del aforamiento ni siquiera existe. Todos los ciudadanos, incluyendo políticos y altos cargos públicos, son juzgados por tribunales ordinarios sin distinción. Este modelo ejemplifica el principio de igualdad ante la ley y fortalece la confianza en las instituciones judiciales.
La ausencia de aforamiento contribuye a un sistema judicial transparente y accesible, donde la justicia se aplica de manera homogénea, sin privilegios que puedan generar dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Otros países europeos y mecanismos alternativos
En algunos países, como Austria o Bélgica, existen medidas que protegen a los diputados en el ejercicio de su labor parlamentaria, pero estas no equivalen a un aforamiento generalizado. Por ejemplo, los diputados no pueden ser juzgados por actividades parlamentarias salvo por sanciones disciplinarias, pero sí son sometidos a la justicia ordinaria en otros casos.
En Finlandia, el levantamiento de inmunidad parlamentaria debe solicitarse formalmente al Poder Legislativo, procedimiento similar al de los eurodiputados, lo que garantiza un control equilibrado y evita abusos.
Reflexión crítica
La comparación entre España y el resto de Europa revela que el modelo español de aforamiento es una anomalía que genera desigualdades y obstaculiza la justicia. Mientras que en otros países esta figura está limitada a un número muy reducido de cargos con responsabilidades excepcionales, en España se ha extendido a decenas de miles de personas, lo que dificulta la investigación y el enjuiciamiento de posibles delitos, especialmente en el ámbito político.
Este contraste no solo pone en evidencia la falta de proporcionalidad del sistema español, sino que también explica por qué organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han instado repetidamente a España a reducir el número de aforados y a reformar esta figura para evitar que se convierta en un blindaje para la corrupción y la impunidad.
La reforma, una asignatura pendiente
La eliminación o reducción drástica del aforamiento requiere una reforma constitucional compleja, que hasta ahora ha sido imposible debido a la falta de consenso. No obstante, la creciente presión social y el rechazo internacional apuntan hacia la necesidad urgente de poner fin a este blindaje. Una democracia sólida no puede permitirse que sus altos cargos disfruten de un régimen jurídico distinto y privilegiado.
Eliminar el aforamiento contribuiría a fortalecer la igualdad ante la ley, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones. Es el momento de que España abandone un sistema anacrónico que ha servido para proteger a políticos corruptos y que está lastrando la calidad de su democracia.
El aforamiento, lejos de ser una garantía democrática, se ha convertido en un instrumento de protección para la impunidad política en España. Su extensión masiva, su diferencia con la práctica europea y su uso estratégico para dilatar y evitar la justicia evidencian un sistema que necesita urgentemente una reforma profunda. Solo eliminando estos privilegios judiciales podrá España avanzar hacia una justicia más justa, igualitaria y creíble.
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