
Ley mordaza: Sánchez quiere prohibir preguntas a los miembros del Gobierno en la vía pública
El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en una reforma legal a medida para amordazar a los periodistas incómodos. Lo propio de una dictadura
El documento, que Grinda sólo pudo leer y no conservar, contenía una propuesta clara: archivar procedimientos sensibles, revelar información comprometedora sobre su jefe y dar explicaciones sobre investigaciones
Nacional07 de junio de 2025Un papel doblado, una oferta de destino en el extranjero y dinero a cambio de traicionar su cargo. Eso fue lo que recibió el pasado 27 de febrero el fiscal Anticorrupción José Grinda, uno de los más incómodos para el separatismo, las cloacas del Estado y empresarios como Javier Pérez Dolset, en una reunión con el periodista Pere Rusiñol. El fiscal lo denunció por escrito, solo cuatro horas después, a su superior, Alejandro Luzón.
El documento, que Grinda sólo pudo leer y no conservar, contenía una propuesta clara: archivar procedimientos sensibles, revelar información comprometedora sobre su jefe y dar explicaciones sobre investigaciones clave, como el caso Pujol, el 3%, ZED, Aguas de Girona o la Banca Privada de Andorra. A cambio, se le ofrecía protección, un destino internacional y el pago de una demanda pendiente. Todo con la advertencia de que no debía acudir a terceros, ni siquiera al Fiscal General del Estado. Un chantaje en toda regla.
¿Quién estaba detrás de esa propuesta? El propio Rusiñol deslizó un nombre: «Leire«. A estas alturas, pocos dudan de que se refería a Leire Díez, la «fontanera» del PSOE, implicada en múltiples escándalos y que ya ha sido señalada en otros movimientos de presión y obtención de información para atacar a jueces y fiscales.
El documento incluso afirmaba que el acuerdo estaba «avalado por una alta instancia del Estado». Grinda lo dejó claro en su denuncia: el ofrecimiento es un intento de soborno y una invitación a prevaricar. Y advirtió de que no conoce conducta delictiva de su jefe ni cederá a ninguna presión.
La gravedad del caso ha provocado una reacción poco habitual. El Consejo Fiscal concedió por unanimidad el amparo solicitado por Grinda, una medida excepcional dado que ese órgano está dividido en varias asociaciones profesionales con posiciones enfrentadas. Esta vez, sin embargo, todos los vocales cerraron filas en torno al fiscal acosado.
La implicación de Leire Díez no se menciona de forma directa en el documento entregado al fiscal, pero la coincidencia del nombre, el contexto y los audios revelados en los últimos días la sitúan en el centro de una trama que apunta a las entrañas del poder. Ya no se trata solo de una figura oscura que entraba y salía de Ferraz. Ahora aparece vinculada a una operación de presión directa contra uno de los fiscales más protegidos del país.
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