"Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios"
Corrupción11 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando desde abril el paradero de 54 millones de euros vinculados a 128 contratos de obra pública adjudicados entre marzo de 2019 y septiembre de 2021, periodo en el que José Luis Ábalos ocupaba el cargo de ministro de Transportes.
Este martes, los agentes accedieron a la vivienda del exministro en Valencia, donde incautaron su teléfono móvil y varios dispositivos de almacenamiento. Simultáneamente, se realizaron registros en las sedes de distintas constructoras en Valencia y Navarra, en busca de pruebas relacionadas con los contratos señalados por el empresario Víctor de Aldama en su declaración ante el Tribunal Supremo.
Según Aldama, la mayoría de estos contratos se adjudicaron a tres empresas con vínculos con Koldo García, quien fuera asesor de Ábalos. En su comparecencia judicial, Aldama proporcionó un listado de contratos y ubicó varios de ellos directamente en los Presupuestos Generales del Estado. Como resultado, el Supremo abrió una pieza separada bajo secreto de sumario.
Una de las empresas señaladas es Obras Públicas y Regadíos (OPR), dirigida por los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez. Este último desempeñó funciones técnicas en una delegación del Gobierno hasta octubre de 2022. Según el testimonio del empresario zamorano, los hermanos solicitaron a Koldo García que mediara con el presidente de Adif para favorecer a su empresa en la adjudicación de una obra de emergencia en el tramo Monforte de Lemos–Lugo.
En los registros electrónicos de García figuran varias citas con “Toño Fernández”, además del currículum de Susana Fernández Menéndez enviado por correo el 24 de junio de 2021.
Otra empresa mencionada es Áridos Anfersa, que contrató a la entonces pareja de Koldo García cuando este ya había abandonado su puesto en el ministerio. La UCO detectó que Ábalos, su asesor y el propio Aldama coincidieron en el Parador de Granada los días 6 y 7 de julio de 2021, fechas vinculadas a una visita oficial para la puesta en servicio de la autovía GR-43.
La tercera empresa citada por Aldama es Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), dirigida por José Ruz Martínez. Según la declaración, esta firma fue beneficiaria recurrente de contratos otorgados por la Dirección General de Carreteras, con adjudicaciones por un valor conjunto de 108 millones de euros.
En su intervención ante una comisión parlamentaria, Javier Herrero, quien entonces encabezaba esa Dirección General, negó conocer a Aldama, aunque admitió que el listado entregado por el empresario coincide con documentos habituales en su departamento.
Las pruebas presentadas por Aldama el 4 de diciembre en el Supremo incluyen un apartado titulado "Sobre el reparto de comisiones ofrecidas a funcionarios públicos con ocasión de la adjudicación de obra pública y el reparto por territorios". A partir de la declaración de Ábalos en abril de este año, el juez ordenó a la UCO verificar toda la documentación entregada por el empresario.
De acuerdo con el sumario, un informe de la Agencia Tributaria detalla los contratos adjudicados a determinadas constructoras, por un total de 54 millones entre 2018 y 2021.
Se prevé que próximamente el juez cite a declarar a los responsables de estas empresas para esclarecer cómo se accedió a dichas adjudicaciones.
Ábalos ha negado tajantemente cualquier implicación en los hechos y ha afirmado no tener conocimiento de los documentos aportados.
Entre otras revelaciones, Aldama asegura que José Ruz formó parte de una delegación oficial en un viaje a Georgia, y que su empresa obtuvo un contrato de más de seis millones para acondicionar una sede tributaria en Las Palmas.
La investigación también detectó un pago de 77.500 euros de Ruz a una sociedad de Aldama, que el empresario reconoce como una comisión.
Asimismo, se menciona a la constructora Azvi, que contrató a Koldo García como asesor para expansión en Latinoamérica. La empresa habría sido adjudicataria de contratos durante el mandato de Ábalos y aparece varias veces en las anotaciones personales de García. Aldama vincula incluso un pago de 18.000 euros, realizado en 2019 a una entidad deportiva, como compensación por gestiones relacionadas con obra pública.
Otras compañías mencionadas en el sumario incluyen ASCH y Civis Global. La primera habría obtenido contratos en unión temporal con OPR, mientras que la segunda está relacionada con supuestas entregas de dinero a representantes políticos, según el testimonio del empresario.
Todas las constructoras implicadas niegan haber pagado comisiones y han anunciado que emprenderán acciones legales contra Aldama por difamación.
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