Impacto España Noticias
Un extenso informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 5 de junio de 2025 y compuesto por más de 400 páginas, ha sacado a la luz una compleja red de corrupción que habría operado en el seno del Ministerio de Transportes durante el periodo comprendido entre 2018 y 2021. Las investigaciones apuntan a un sistema de adjudicación irregular de contratos públicos, comisiones ilícitas y blanqueo de capitales, en el que estarían implicados altos cargos del Gobierno y del partido entonces en el poder.
El epicentro de la trama, según el informe, gira en torno a las grabaciones realizadas por Koldo García Izaguirre, exasesor ministerial y persona de confianza del exministro de Transportes. Dichas grabaciones, incautadas durante los registros realizados el 20 de febrero de 2024, documentan múltiples conversaciones comprometedoras que involucran al actual secretario de Organización del PSOE, quien, según los investigadores, habría gestionado comisiones millonarias derivadas de adjudicaciones amañadas de contratos públicos.
Conversaciones grabadas y comisiones detalladas
Entre las pruebas más contundentes se encuentran audios en los que se menciona explícitamente el reparto de comisiones por valor de 1,07 millones de euros. En uno de los extractos más relevantes, los investigadores subrayan que “Santos se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos”, una afirmación sustentada tanto por testimonios como por documentos bancarios. Uno de ellos muestra un ingreso a través del banco BBVA con el nombre del dirigente socialista como beneficiario directo.
En una grabación fechada en noviembre de 2023, Koldo declara:
“Santos se ha quedado con dinero, lo ha hecho delante de mí. Y te puedo contar mil cosas… billetes de quinientos que le daba el de Guipúzcoa [Antxón Alonso] y mil cosas más.”
Estas manifestaciones no sólo incriminan directamente al dirigente del partido, sino que también confirman que Koldo documentaba de forma sistemática sus conversaciones, presumiblemente como mecanismo de autodefensa frente a futuras disputas internas.
Implicación del exministro Ábalos
El informe judicial también menciona al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien habría recibido 620.000 euros en concepto de comisiones por adjudicaciones irregulares, con una cantidad adicional de 450.000 euros aún pendiente de cobro. Estas cifras no son estimaciones arbitrarias: están desglosadas en las grabaciones y asociadas a contratos concretos.
En una conversación del 2 de febrero de 2022, el entonces asesor Koldo informa al dirigente socialista sobre las cifras relacionadas con contratos en Sevilla. Cerdán afirma:
“Yo les pedí a estos lo de Sevilla”,
a lo que Koldo responde:
“550.000 euros”.
La naturalidad con la que ambos hablan de estas cantidades refuerza, a juicio de los investigadores, la tesis de que el secretario de Organización actuaba como intermediario activo en la gestión de estos fondos ilícitos.
En otro audio del 21 de enero de 2021, Koldo declara haber recibido 450.000 euros “de la primera tanda”, correspondientes a “tres contratos”, además de “cincuenta mil” más procedentes de “los dos últimos contratos”. Koldo concluye:
“Esas son mis cuentas, que no sé si son las tuyas”.
Reparto interno y uso de lenguaje cifrado
Una grabación fechada el 22 de abril de 2019 aporta más detalles sobre el reparto de los fondos. En ella, Koldo solicita ayuda económica a su interlocutor:
“Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él”.
La respuesta evidencia un conocimiento preciso de las cantidades
“De allí eran 50 y 10 para ti”.
Este tipo de conversaciones, con cifras específicas y una jerga propia, han llevado a los investigadores a afirmar que los implicados eran conscientes de la ilegalidad de sus actos. Utilizaban términos en clave, teléfonos desechables y medidas de precaución adicionales para evitar ser detectados.
Contratos públicos bajo sospecha
La Guardia Civil ha identificado cinco contratos principales que habrían servido como fuente de las comisiones. Dos obras en la Región de Murcia, por un valor total de 280 millones de euros, habrían generado pagos de hasta 550.000 euros. A estos se suman tres licitaciones adicionales: en Logroño (92,4 millones de euros), Sevilla (102,8 millones) y Sant Feliú de Llobregat (62 millones), que habrían dado lugar a los 450.000 euros restantes.
El método para adjudicar los contratos de forma ilícita consistía en manipular las puntuaciones técnicas otorgadas durante el proceso de evaluación. De ese modo, empresas con ofertas económicas poco competitivas evitaban ser descartadas por “baja temeraria”, asegurando así su éxito en la licitación.
Las principales compañías beneficiadas por este sistema habrían sido Servinabar 2000 SL, Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).
Influencia política y designación de cargos
Otro aspecto relevante del informe es la influencia que ejercía Santos Cerdán en el Ministerio, desde su posición orgánica dentro del partido. En junio de 2018, apenas unos días después del nombramiento de Ábalos como ministro, Cerdán habría enviado a Koldo una lista con propuestas de designaciones estratégicas dentro del Ministerio, subrayando la prioridad de ciertos puestos como el de Director General de Carreteras.
Esta relación entre el aparato del partido y la estructura técnica del Ministerio refuerza la hipótesis de una trama organizada, con capacidad para manipular tanto procesos administrativos como decisiones políticas clave.
Blanqueo de capitales y estructuras interpuestas
El informe también detalla los mecanismos presuntamente utilizados para ocultar el origen ilícito del dinero. Se identifican sociedades interpuestas y estructuras opacas destinadas a canalizar y blanquear las comisiones. Entre ellas figuran el Bar Franky, en Pamplona, y la cooperativa Noran, que habrían servido como vehículos para legitimar pagos realizados por empresas como Acciona.
Un asesor fiscal de confianza, Miguel Moreno Purroy, habría elaborado facturas ficticias, que luego se compensaban con entregas de efectivo en mano, sin justificación contable.
En paralelo, se emplearon contratos laborales simulados. Patricia Uriz, exesposa de Koldo, habría cobrado 13.796 euros de Áridos Anfersa, vinculada a OPR, sin haber prestado servicios reales. El propio Koldo figura como receptor de un salario mensual de 2.600 euros por parte de LIC, facilitado a través de un intermediario llamado Juan Carlos Etero.
Preliminares de la Guardia Civil
La Guardia Civil concluye que el Ministerio de Transportes habría operado, durante al menos tres años, como una suerte de “concesionario paralelo” de obra pública, donde las adjudicaciones se decidían al margen de los procedimientos administrativos legales. Las pruebas recabadas —grabaciones, documentos, facturación falsa y testimonios— configuran un presunto delito continuado de corrupción, con ramificaciones en múltiples niveles de la administración.
Además, los agentes subrayan que las medidas de seguridad adoptadas por los investigados —como el uso de teléfonos desechables y la codificación del lenguaje— revelan un alto grado de conciencia sobre la ilicitud de los hechos.
La investigación sigue abierta y no se descarta la imputación de nuevas personas, así como la revisión de más contratos adjudicados entre 2018 y 2021.
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