Además de los ya mencionados, ha surgido el nombre de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según los testimonios de Aldama, Moreno habría recibido un pago de 25.000 euros como parte del entramado corrupto
Corrupción16 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz una compleja red de corrupción que afecta a altos cargos del Gobierno anterior y a un entramado empresarial que habría tejido un sistema de adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones millonarias.
La llamada “trama Koldo”, que comenzó como una investigación por supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, ha destapado una estructura de corrupción política mucho más extensa, con ramificaciones internacionales y presuntos pagos ilegales que salpican a figuras clave del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Una red financiera que abarca nueve países
Los agentes de la UCO investigan más de 400 cuentas bancarias vinculadas a personas y empresas sospechosas, distribuidas en 35 entidades financieras y ubicadas en hasta nueve países distintos. Entre las jurisdicciones extranjeras bajo escrutinio se encuentran Ecuador, Marruecos, Brasil y Estados Unidos, que alojan cuentas bancarias pertenecientes a empresas y empresarios presuntamente beneficiados por adjudicaciones públicas amañadas.
Una de las principales empresas señaladas por la investigación es Acciona, que mantiene una cuenta en JP Morgan Chase Bank (Estados Unidos), activa desde 2003, y otra en Banco do Brasil, inactiva desde 2019. Ambas están siendo examinadas por los investigadores, que creen que pudieron ser utilizadas para canalizar pagos indebidos vinculados a contratos públicos otorgados por el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como titular de la cartera.
Ecuador y Marruecos, en el centro del foco
En Ecuador, la entidad Banco Pichincha alberga tres cuentas que pertenecen a dos empresarios investigados: Daniel Fernández Menéndez, director de la empresa OPR, y José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), con dos cuentas a nombre suyo o de su empresa. Ambos empresarios fueron objeto de registros domiciliarios recientemente, después de que grabaciones interceptadas por la Guardia Civil los situaran en el epicentro del pago de comisiones ilegales.
Además, José Ruz figura como titular de una cuenta abierta en Bank of Africa Europe, con sede en Marruecos. Según las grabaciones, el empresario mantenía comunicación directa con Koldo García, exasesor de Ábalos, a través de un teléfono encriptado. En una conversación registrada, Koldo presionaba a Isabel Pardo de Vera, entonces directora de Adif, para que licitara una obra por la vía de emergencia, con el objetivo de adjudicarla directamente a Ruz. La presión surtió efecto: apenas un mes después, Adif otorgó a Levantina una obra por valor de 592.053 euros mediante adjudicación urgente.
Cuentas en bancos europeos y españoles
La mayoría de las cuentas investigadas se encuentran en bancos españoles, con números especialmente altos en entidades como CaixaBank (110 cuentas), Abanca (42), Kutxabank (22) y Caja Rural (21). Sin embargo, la investigación también alcanza cuentas abiertas en grandes entidades europeas como BNP Paribas (Francia), HSBC Continental (Reino Unido), Intesa Sanpaolo (Italia) y Commerzbank y Deutsche Bank en Alemania.
El objetivo de los investigadores es reconstruir el flujo del dinero que habría servido para pagar comisiones ilegales a cambio de contratos públicos, así como determinar el paradero actual de esos fondos.
El papel de los políticos implicados
Aunque la investigación se originó en el caso de Koldo García, rápidamente escaló hasta alcanzar al exministro José Luis Ábalos y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ambos implicados en conversaciones y movimientos financieros sospechosos. Según fuentes de la investigación, Acciona habría entregado al menos 620.000 euros para ser repartidos entre Ábalos y Koldo a cambio de favores relacionados con contratos públicos. El propio Ábalos, en una conversación grabada, admitió haberse “fundido mucho” de lo que le dieron.
No obstante, los intentos de los investigadores por localizar activos financieros en nombre de Ábalos han sido infructuosos hasta el momento. El exministro aparece vinculado indirectamente a movimientos de dinero a través de Colombia, utilizando presuntamente a su propio hijo como intermediario.
En cuanto a Santos Cerdán, los investigadores destacan su actitud más precavida. Se distanció de Koldo durante año y medio tras saber que estaba siendo investigado por la Fiscalía, y se mostró visiblemente molesto en conversaciones en las que se hablaba abiertamente de dinero. Sin embargo, la UCO sospecha que también habría percibido comisiones, aunque no han podido aún cuantificar la cantidad exacta.
Cerdán no ha entregado su acta de diputado, por lo que aún conserva aforamiento. Esto impide que el juez del Tribunal Supremo encargado del caso, Leopoldo Puente, active una investigación directa sin solicitar previamente el correspondiente suplicatorio al Congreso, trámite que podría tardar semanas, generando un riesgo evidente de destrucción de pruebas o de ocultamiento de fondos.
Víctor de Aldama, el “nexo corruptor”
Un actor clave en la investigación es el empresario Víctor de Aldama, quien ha colaborado con la justicia proporcionando información que ha resultado crucial para trazar la red de corrupción. Aldama fue el primero en describir cómo operaba un sistema de adjudicaciones fraudulentas, que incluía pagos en metálico, licitaciones amañadas y el uso de intermediarios con vínculos políticos.
El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó una auditoría interna para revisar contratos adjudicados en periodos anteriores y detectó numerosas irregularidades. Algunas obras figuraban en documentos internos sin sustento administrativo ni técnico, lo que el ministro calificó como "papeluco", una señal clara del manejo opaco de fondos públicos.
Más nombres bajo sospecha
Además de los ya mencionados, ha surgido el nombre de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según los testimonios de Aldama, Moreno habría recibido un pago de 25.000 euros como parte del entramado corrupto. Aunque Montero ha salido en defensa de su colaborador asegurando que "pone la mano en el fuego por él", los investigadores no descartan seguir esa línea si surgen más pruebas que lo vinculen a la trama.
Una investigación que apenas comienza
Pese a las ramificaciones ya conocidas, la investigación de la Guardia Civil está lejos de concluir. Los informes policiales recientes abren nuevas vías, especialmente en lo que respecta a la trazabilidad internacional del dinero y a la implicación de nuevas figuras del entorno político y empresarial.
Las próximas semanas serán determinantes. Los movimientos de los investigados, la posibilidad de que Cerdán pierda el aforamiento, y los avances en la cooperación internacional con las entidades bancarias extranjeras marcarán el curso de una investigación que, a día de hoy, ya ha conmocionado los cimientos del poder político y empresarial en España.
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