Sin embargo, tres años después del inicio de las obras, el proyecto ha quedado reducido a un esqueleto de hormigón abandonado. El cartel de la empresa adjudicataria aún permanece colgado en las vallas de obra como un símbolo de un fracaso administrativo
Corrupción17 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La construcción de una residencia para mayores en el solar del antiguo hospital de Son Dureta, en Palma de Mallorca, prometía ser una de las grandes apuestas del Gobierno balear para reforzar las políticas sociales. Un moderno edificio de tres plantas con capacidad para 120 personas mayores dependientes debía levantarse sobre una parcela de 5.900 metros cuadrados en la urbanización de Sa Teulera.
Sin embargo, tres años después del inicio de las obras, el proyecto ha quedado reducido a un esqueleto de hormigón abandonado. El cartel de la empresa adjudicataria aún permanece colgado en las vallas de obra como un símbolo de un fracaso administrativo que hoy se encuentra bajo el foco judicial.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una investigación de gran alcance que apunta a una posible red de adjudicaciones públicas irregulares en varias comunidades autónomas, con especial atención a los contratos firmados entre administraciones socialistas y la constructora Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), con sede en la Comunidad Valenciana.
La empresa, ahora declarada en quiebra, acumuló durante años decenas de contratos públicos por valores millonarios, muchos de ellos abandonados a medio construir.
Uno de los casos más llamativos es, precisamente, el de la residencia de Son Dureta. En febrero de 2022, Levantina se hizo con la adjudicación del proyecto por un valor de 10,4 millones de euros, imponiéndose a otras importantes constructoras como OHL, Tecopsa y una UTE compuesta por las firmas Aitana y Alcudia. La decisión del tribunal de contratación levantó sospechas, ya que la elección coincidió temporalmente con una reunión entre el propietario de Levantina, José Ruz, y Koldo García, antiguo colaborador de alto nivel en el Ministerio de Transportes.
La reunión tuvo lugar en Las Palmas de Gran Canaria y, según los investigadores, se produjo días después de que Levantina también obtuviera otro contrato relevante: la reforma del Edificio Royal, futura sede de la Agencia Tributaria Canaria, por valor de 6 millones de euros. Esa obra también fue posteriormente abandonada. En ambos casos, las autoridades se vieron obligadas a rescindir los contratos y relanzar las licitaciones públicas.
Relaciones personales y pagos bajo sospecha
El empresario José Ruz, según ha documentado la UCO, mantenía una relación muy cercana con Koldo García, lo que ha llevado a los investigadores a considerar que estos vínculos podrían haber influido de manera irregular en la concesión de contratos públicos. Las comunicaciones entre ambos se realizaban con móviles desechables y usando nombres en clave, una estrategia que según los investigadores buscaba evitar cualquier trazabilidad.
A pesar de estas precauciones, los agentes habrían conseguido constatar que Ruz realizaba pagos mensuales de 2.600 euros a una cuenta vinculada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluso tras su salida del Ejecutivo.
Durante el periodo en que Ábalos estuvo al frente del Ministerio, Levantina acumuló contratos por valor de 125 millones de euros, muchos de ellos en colaboración con otras empresas dentro de uniones temporales. No obstante, fue en las Islas Baleares donde la constructora encontró un filón particularmente favorable: además de la residencia de Son Dureta, se le adjudicaron al menos cuatro proyectos adicionales, entre ellos un pequeño puente ferroviario para Servicios Ferroviarios de Mallorca por 77.000 euros.
Un patrón de actuación en varias regiones
Lo que más preocupa a los investigadores no es tanto un contrato en particular, sino la posible existencia de un patrón sistemático: adjudicación, comienzo de obra, abandono. El mismo esquema se habría repetido en varias comunidades autónomas. Además de las obras de Son Dureta y el Edificio Royal en Canarias, la empresa dejó inacabadas infraestructuras en Zaragoza (el aulario del colegio Ana María Navales) y en Huelva (los accesos al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Lepe).
En todos los casos, las autoridades locales se vieron obligadas a buscar nuevas empresas para terminar los proyectos o asumir directamente los sobrecostes derivados de la paralización. Este modus operandi ha llevado a los investigadores a plantear si se trataba de una estrategia premeditada, en la que las adjudicaciones se obtenían bajo condiciones favorables gracias a contactos políticos, para luego retirarse una vez asegurados los anticipos o compromisos contractuales iniciales.
Implicaciones políticas
Aunque la investigación se encuentra en curso y las posibles responsabilidades penales aún deben determinarse en los tribunales, las implicaciones políticas son inmediatas. La residencia de Son Dureta era una de las banderas sociales del anterior Gobierno autonómico presidido por Francina Armengol, y su fracaso ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de obras públicas.
Hasta ahora, no existen pruebas públicas de que la expresidenta Armengol estuviera directamente implicada en las decisiones relativas a la contratación, pero el caso ha salpicado de lleno a su administración y ha generado una creciente presión desde la oposición. El hecho de que Levantina lograra varios contratos durante su mandato y luego abandonara todas las obras adjudicadas ha alimentado las sospechas.
Un caso abierto con ramificaciones nacionales
Las pesquisas de la Guardia Civil no se limitan a Baleares. Los investigadores están examinando si existe una red estructurada que permitió a la empresa operar con impunidad durante años en varias comunidades autónomas, siempre con el mismo patrón. El uso de teléfonos encriptados, pagos recurrentes a expolíticos y adjudicaciones consecutivas han disparado las alarmas sobre una posible trama de corrupción de alcance nacional.
Mientras tanto, el esqueleto de hormigón de la residencia de Son Dureta sigue en pie, vacío y rodeado de maleza, como símbolo de una oportunidad perdida y de una gestión pública que hoy se encuentra bajo la lupa judicial.
El empresario al que Armengol dio la residencia de Son Dureta pagaba una ‘pensión’ de 2.600 € al mes a Ábalos
El empresario que recibió del Govern de Francina Armengol el contrato de 10,4 millones para construir la residencia de mayores de Son Dureta pagaba una «pensión» mensual de 2.600 euros a José Luis Ábalos, según el informe de la UCO. José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción, mantuvo estos pagos entre noviembre de 2022 y junio de 2023, casi dos años después de que el ex ministro fuera cesado fulminantemente del Gobierno.
La Guardia Civil ha documentado este sistema de pagos recurrentes que funcionaba a través de una empresa pantalla vinculada a Juan Carlos Etero. El dinero fluía desde las cuentas de la constructora valenciana hasta los bolsillos de Ábalos y su ex asesor Koldo García, quien se quedaba con 1.100 euros de los 2.600 totales. Un reparto que mantenía contentos a ambos mientras las obras públicas seguían cayendo en manos de Ruz.
Según expone la UCO, el empresario Juan Carlos Etero «habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual». Esta nómina ficticia era después compensada por Levantina a Etero, creando así una apariencia de legalidad. Del total, parte «habría sido destinado a satisfacer una pensión» de Ábalos a su ex mujer, según consta en el informe, «quedando lo restante en beneficio del propio Koldo», quien se embolsaba 1.100 euros mensuales.
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