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La UCO se estaría aproximando al ‘uno’ y atando cabos en lo relativo a la financiación del PSOE a través de PDVSA, petrolera venezolana. La trama de Cerdán se llevó un millón al mes por el petróleo venezolano con conocimiento de Zapatero, en un esquema presuntamente diseñado para financiar de forma irregular tanto al Partido Socialista como a la campaña de Pedro Sánchez para liderar la Internacional Socialista.
La investigación, que ya ha salpicado a figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Ana María Fuentes —actual gerente del PSOE—, señala una presunta red de comisiones vinculada al régimen de Nicolás Maduro. El punto de inflexión, según fuentes del caso, fue el cambio de postura del Gobierno español respecto a Venezuela:
tras un primer apoyo a Juan Guaidó, Sánchez giró hacia la dictadura chavista, justo en el momento en el que se estaban gestando acuerdos opacos de suministro de petróleo desde PDVSA, valorados en más de 250 millones de dólares.
En el centro del caso estaría Víctor de Aldama, empresario próximo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría actuado como intermediario para canalizar los recursos petroleros desde Venezuela hacia las estructuras vinculadas al PSOE. Según ha trascendido, Aldama ya habría declarado ante la justicia que las comisiones se repartían entre Koldo García, Ábalos, Cerdán y una parte se destinaba a la financiación irregular del partido.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorpora elementos que apuntan al papel clave de Ana María Fuentes, designada recientemente como gerente socialista tras la salida de Santos Cerdán. En una conversación intervenida por los investigadores, Coldo solicita el número del director general de Carreteras a petición expresa de la gerente del PSOE, lo que hace sospechar que las adjudicaciones públicas estaban estrechamente vinculadas al engranaje de la financiación paralela.
Fuentes jurídicas señalan que el nombramiento de Fuentes se produjo a posteriori del informe de la UCO, lo que genera dudas sobre si su promoción responde a una voluntad de encubrimiento interno. “Nombrarla fue una forma de blindar a alguien que conoce desde dentro el mecanismo completo”, indican las fuentes consultadas.
El caso salpica también a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, a quien se relaciona con el rescate público a Air Europa, una aerolínea que, según las pesquisas, habría sido utilizada como vía de retorno financiero desde Venezuela. Un mensaje enviado por Calviño a miembros de la trama alertaba del reparto de 32 millones de euros en dividendos antes de recibir el rescate del Estado, lo que ha sido interpretado por los investigadores como un posible intento tardío de desmarcarse.
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