Salt ya tiene más mezquitas que iglesias: el cambio demográfico avanza

Entre las comunidades más numerosas se encuentran la marroquí —que supone un 15% del total— y la gambiana, con alrededor del 6%. También es visible la presencia de ciudadanos procedentes de países hispanoamericanos, subsaharianos y asiáticos

Inmigración Ilegal07 de julio de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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Salt

Salt, municipio de la provincia de Gerona, se ha convertido en uno de los principales focos del debate sobre el multiculturalismo en Cataluña. Con unos 33.900 habitantes según el INE en 2024, esta localidad situada junto al río Ter destaca no sólo por su proximidad a la capital provincial, sino también por su intensa diversidad cultural y religiosa, que ha sido motivo tanto de reconocimiento como de conflictos.

A día de hoy, cerca del 42% de sus vecinos son de origen extranjero, representando más de 90 nacionalidades distintas. Entre las comunidades más numerosas se encuentran la marroquí —que supone un 15% del total— y la gambiana, con alrededor del 6%. También es visible la presencia de ciudadanos procedentes de países hispanoamericanos, subsaharianos y asiáticos, lo que ha configurado un entorno social único en la región.

 Esta pluralidad se refleja en el panorama religioso del municipio, donde Salt destaca por tener la mayor proporción de mezquitas por habitante de toda España. Según Sergi Fabri, portavoz local de VOX, podrían llegar a contabilizarse hasta siete espacios de culto islámico, entre oficiales y no oficiales. Algunos de estos lugares no cuentan con la estructura tradicional de una mezquita, ya que operan desde bajos comerciales habilitados por diferentes asociaciones religiosas que, en ocasiones, mantienen tensiones internas entre ellas.

La más grande de estas instalaciones se ubica en el polígono industrial de Torre Mirona, con una capacidad para 750 fieles, lo que la sitúa entre las más relevantes de Cataluña. Además, existen otros centros en puntos estratégicos como la plaza Antoni Gaudí, el barrio de La Massana (donde se encuentra la mezquita sunita Ahlu-Sunna de Rafael Masó), la zona de la travesía de Santa Eugènia o en los alrededores de la plaza Colors.

Estos centros no sólo acogen a marroquíes, sino también a creyentes de Gambia, Mali, Kenia y Senegal, reforzando la dimensión panislámica de la localidad. De acuerdo con los datos disponibles, esto implicaría un templo islámico por cada 4.843 habitantes.

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro religioso, la comunidad cristiana cuenta con menor representación en términos de templos. En Salt sólo existen dos iglesias católicas —Sant Jaume y Sant Cugat—, a las que se suman cinco iglesias evangélicas, muchas de ellas pentecostales y frecuentadas por fieles de Ghana y Nigeria, así como una iglesia adventista. Así, el total de lugares de culto cristiano asciende a ocho, en comparación con los siete islámicos. Pero si solo se consideran los católicos, la diferencia es más pronunciada.

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Esta situación ha generado fricciones políticas y sociales. VOX, por ejemplo, critica abiertamente las políticas del gobierno municipal —formado por Junts y ERC— por su cooperación con las comunidades musulmanas. Entre las medidas adoptadas están la cesión temporal de los campos de fútbol municipales durante el Ramadán, la flexibilización de horarios comerciales en ese mismo periodo y las reformas del cementerio local para permitir entierros siguiendo los ritos islámicos.

Uno de los episodios más tensos se vivió en marzo pasado, cuando el desalojo de Kalikou Diawara, imán de la mezquita Ahlu-Sunna, por ocupar una vivienda de forma ilegal, provocó dos noches de disturbios. Unas 200 personas protestaron en las calles, algunas con el rostro cubierto, lanzando objetos a los Mossos d’Esquadra, quemando contenedores y generando un gran malestar vecinal.

Seis individuos fueron arrestados y un agente resultó herido. Desde VOX se acusó al imán de instigar los altercados y al alcalde de Salt, Jordi Viñas (ERC), de protegerlo ofreciéndole un piso social, pese a que acumulaba cinco años sin pagar alquiler.

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