El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha abierto una nueva investigación penal contra tres figuras de alto perfil: Leire Díez Castro, asesora vinculada al Partido Socialista; el empresario Javier Pérez-Dolset; y el ex magistrado Luis José Sáenz de Tejada
Corrupción09 de julio de 2025
Impacto España Noticias
El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha abierto una nueva investigación penal contra tres figuras de alto perfil: Leire Díez Castro, asesora vinculada al Partido Socialista; el empresario Javier Pérez-Dolset; y el ex magistrado Luis José Sáenz de Tejada. Esta acción judicial se suma a una causa anterior ya en marcha y gira en torno a una presunta trama dirigida a interferir en el proceso penal que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez-Castejón.
Indicios de delitos graves y coordinación entre juzgados
En el auto judicial al que ha tenido acceso Impacto España Noticias, el juez instructor reconoce indicios preliminares de delitos de revelación de secretos y tráfico de influencias, cometidos supuestamente para perjudicar o desestabilizar la labor de la magistrada Beatriz Biedma, quien lidera la causa contra Sánchez-Castejón por presunta corrupción en la Diputación de Badajoz.
Este nuevo procedimiento parte de la denuncia presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias, apoyada en la difusión de diversos audios y vídeos. En el material aportado, se evidencia una serie de conversaciones en las que los ahora investigados debaten y plantean estrategias para atacar directamente a jueces y cargos públicos implicados en investigaciones que afectan al entorno socialista.
El juzgado ha solicitado formalmente al Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, que instruye otra causa contra los mismos individuos, el envío de las diligencias completas a fin de analizar posibles conexiones entre ambas investigaciones.
Conspiración para obstruir la justicia
Según fuentes judiciales, entre el material analizado por el juez figuran grabaciones en las que Leire Díez, junto a Sáenz de Tejada y Pérez-Dolset, participan en conversaciones centradas en cómo debilitar o desprestigiar a la magistrada Biedma. Estas conversaciones, que se desarrollaron tanto en persona como por videoconferencia, incluyeron contactos con el empresario Alejandro Hamlyn, actualmente prófugo de la justicia por su implicación en el caso Hidrocarburos.
Durante una de las reuniones, celebrada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo —figura controvertida a la que se vincula con estructuras de presión próximas al PSOE—, los implicados abordaron posibles estrategias para frenar investigaciones sensibles. Entre los objetivos mencionados en estas grabaciones aparece el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO (Guardia Civil), cuya labor en la lucha contra la corrupción política ha sido clave en varios procedimientos recientes.
El contenido de las grabaciones revela una preocupación explícita por el avance de las investigaciones contra miembros del Partido Socialista y su entorno inmediato, en particular aquellas que afectan a altos cargos de la Diputación de Badajoz y al propio hermano del jefe del Ejecutivo.
Ofrecimiento de acciones legales a la magistrada afectada
En un gesto poco habitual, el juzgado ha ofrecido a la jueza Beatriz Biedma la posibilidad de ejercer acciones legales en calidad de perjudicada, considerando que su labor como instructora ha sido directamente atacada por los investigados.
El magistrado subraya en su resolución que, ante la posible existencia de una campaña de obstrucción o intimidación contra Biedma, es fundamental que la propia jueza pueda tomar parte activa en la defensa de su imparcialidad y del proceso judicial que encabeza.
Antecedentes: el primer frente judicial
Esta nueva causa se suma a una investigación anterior abierta por otro juzgado pacense, en la que se indaga si los mismos implicados actuaron de forma coordinada para desacreditar o neutralizar la causa penal contra David Sánchez-Castejón. Esa primera denuncia, presentada por el colectivo HazteOír, dio lugar a diligencias por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, estafa procesal y revelación de secretos.
Los jueces instructores analizan si hubo colaboración entre los investigados para alterar el curso de una causa especialmente sensible, no solo por la persona investigada, sino también por el entorno institucional que lo protege.
El caso contra David Sánchez-Castejón y otros altos cargos
Cabe recordar que el proceso judicial que motiva estas investigaciones tiene su origen en la presunta adjudicación irregular de un puesto público en la Diputación de Badajoz a favor de David Sánchez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno. La magistrada Biedma dirige la instrucción del caso, en el que también están imputados otros diez altos cargos, incluyendo al presidente de la Diputación y líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
A todos ellos se les atribuyen delitos de prevaricación continuada y tráfico de influencias, a raíz de un procedimiento de selección pública que presuntamente habría sido manipulado para favorecer el acceso del hermano del presidente a una plaza de responsabilidad en la institución provincial.
La apertura del juicio oral está pendiente de la resolución de los recursos presentados por las defensas, pero la instrucción se encuentra en una fase muy avanzada.
Una trama con ramificaciones políticas y judiciales
Lo que inicialmente parecía una causa circunscrita a un supuesto enchufe público ha derivado en una posible trama para obstruir a la justicia y manipular procesos penales. Las investigaciones en marcha —ya divididas en al menos dos procedimientos judiciales separados— podrían converger en una macrocausa con fuertes implicaciones políticas, judiciales y mediáticas.
El avance de estas investigaciones judiciales podría poner en aprietos no solo al entorno del presidente del Gobierno, sino también a la imagen del sistema institucional, ante la sospecha de que figuras influyentes habrían intentado proteger a personas investigadas por corrupción mediante la intimidación o el desprestigio de los jueces instructores.
Impacto España Noticias continuará informando sobre el desarrollo de este caso, que amenaza con sacudir los cimientos del poder político en Extremadura y a nivel nacional.
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