El exdirigente socialista y colaborador de Pedro Sánchez percibió un salario público mientras trabajaba en Madrid. La oposición denuncia un posible caso de malversación y clientelismo político
Corrupción09 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Francisco Salazar, exdirigente del PSOE y estrecho colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría estado cobrando un salario mensual del Ayuntamiento de Dos Hermanas durante varios años sin acudir a su puesto de trabajo ni desempeñar funciones reales. Así lo ha denunciado públicamente Izquierda Unida (IU), que sostiene que Salazar permaneció en nómina del consistorio mientras en realidad desarrollaba actividades políticas en Madrid, primero en Ferraz y luego en La Moncloa.
El caso, que pone en entredicho la gestión de recursos públicos durante el largo mandato del exalcalde Francisco Toscano, uno de los principales apoyos de Sánchez en su regreso al liderazgo del PSOE en 2017, ha levantado una fuerte polémica en la localidad sevillana.
En nómina desde 2012 sin constancia de actividad
Según IU, Salazar fue contratado en 2012 como técnico municipal durante la etapa de Toscano al frente del Ayuntamiento. Sin embargo, durante buena parte de ese periodo no habría ejercido función alguna en la administración local. Mientras percibía una retribución estimada en 2.000 euros mensuales, se encontraba en Madrid trabajando en labores de apoyo político, primero durante las primarias del PSOE y más tarde como alto cargo en el gabinete de la Presidencia del Gobierno.
La situación llamó la atención de la oposición municipal, que en 2018 inició una investigación al no encontrar su nombre en la plantilla orgánica del Ayuntamiento ni en los informes de personal activo, a pesar de que Salazar figuraba oficialmente como empleado municipal.
Excedencia forzosa con efectos retroactivos
La documentación a la que ha tenido acceso la oposición muestra que Salazar no solicitó una excedencia forzosa hasta el 30 de junio de 2017, fecha que coincide con su nombramiento como secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Este tipo de excedencia está prevista para permitir que empleados públicos puedan asumir cargos políticos sin perder su vínculo laboral con la administración, aunque la denuncia apunta a que el exdirigente habría mantenido su plaza y su sueldo municipal durante al menos cinco años sin justificación de tareas efectivas.
Para IU, este comportamiento es “inadmisible” y podría suponer un caso claro de malversación de fondos públicos y fraude administrativo. La formación ha exigido la devolución de las cantidades percibidas indebidamente y no descarta acudir a los tribunales si no se depuran responsabilidades.
Un sistema de favores en la sombra
Más allá del caso individual, la denuncia pone el foco en una posible trama de favores políticos en el seno del PSOE andaluz. La vinculación de Salazar con Francisco Toscano —quien dirigió el Ayuntamiento de Dos Hermanas durante más de tres décadas— es interpretada por la oposición como un indicio de prácticas clientelares que habrían permitido blindar a personas afines con contratos municipales sin control efectivo.
“El caso Salazar no es una anécdota, es el síntoma de un sistema opaco que ha funcionado durante años”, denuncian desde Izquierda Unida, que ha pedido una auditoría completa del personal contratado durante la última década.
Conductas inapropiadas y dimisión política
El escándalo se produce tras la dimisión de Francisco Salazar en 2022 como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, motivada por denuncias internas por conductas inapropiadas hacia varias mujeres en el ámbito político. Aunque los casos no llegaron a ser judicializados, el partido abrió un expediente interno que terminó con su salida discreta de la dirección federal.
Estos antecedentes han reavivado el debate sobre los mecanismos de control interno del partido y el blindaje que durante años han tenido algunos cuadros con conexiones en la cúpula socialista.
Silencio institucional y posibles consecuencias legales
Ni el PSOE federal ni el grupo municipal socialista de Dos Hermanas han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Fuentes próximas al partido se han limitado a afirmar que “se trata de un asunto de ámbito local que será tratado en su debido contexto administrativo”.
La oposición exige transparencia y advierte que si no se adoptan medidas inmediatas, presentará una denuncia formal ante la Fiscalía. De confirmarse los hechos, el caso podría derivar en responsabilidades penales y patrimoniales por mal uso de recursos públicos, además de erosionar aún más la imagen de las instituciones locales.
Un caso que pone a prueba la credibilidad del PSOE
Francisco Salazar fue una figura discreta pero influyente en la estructura del PSOE durante los últimos años. Su cercanía a Pedro Sánchez y su papel en las campañas internas del partido lo convirtieron en una figura de confianza dentro del aparato socialista.
Hoy, su caso se ha convertido en un nuevo ejemplo de los límites éticos de la política española, donde las redes de influencia y la opacidad en la gestión del personal público siguen generando desconfianza entre los ciudadanos. A la espera de investigaciones más exhaustivas, la pregunta clave es si se trató de una excepción o de una práctica más extendida de la que aún no se conocen todos los nombres.
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