El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha reconocido en su declaración voluntaria de este viernes en el Tribunal Supremo (TS), por un presunto delito de financiación ilegal, que recibió 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo
Investigacion Judicial11 de julio de 2025 EP
El eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha reconocido en su declaración voluntaria de este viernes en el Tribunal Supremo (TS), por un presunto delito de financiación ilegal, que recibió 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo pero ha asegurado que fue por una charla de media hora sobre «libertad financiera», negando que usara ese dinero para la campaña de SALF a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024.
Alvise, que ha declarado durante aproximadamente una hora contestando solo a preguntas de su abogado y del magistrado instructor, ha negado que la aventura electoral de SALF se financiara de forma ilegal, según las fuentes jurídicas consultadas.
Pérez ha explicado que recibió 100.000 euros de Romillo, alias 'CryptoSpain', por la charla que dio sobre «libertad financiera» en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario, detallando que el dinero se lo dieron dos trabajadores de éste en sus instalaciones de Centinel, en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros.
El eurodiputado ha sostenido, de acuerdo con las citadas fuentes, que llevó ese dinero a su casa pero que no lo gastó en la campaña de SALF, que dice que le costó poco más de 30.000 euros, de ahí --ha asegurado-- que no lo reflejara en las cuentas de SALF.
Sobre los 100.000 euros, ha precisado que usó aproximadamente la mitad en gastos personales, entre los que ha mencionado viajes personales y profesionales. El resto ha indicado que sigue a su disposición.
El instructor de esta causa, el magistrado Julián Sánchez Melgar, citó tanto a Alvise como a Romillo tras abrir causa por un presunto delito de financiación, aunque apuntó también a delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El Supremo asumió el caso a instancias del juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama, que no pudo dirigir su investigación contra el eurodiputado, al gozar de la condición de aforado, en el marco de las pesquisas sobre una presunta estafa piramidal a través de Madeira Invest Club, de la que Romillo fue máximo responsable.
Es la tercera vez que Alvise declara en el alto tribunal. Ya compareció por las otras dos causas que tiene abiertas: una relativa a la difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y otra por el presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert.
El pasado viernes 20 de junio, cuando compareció por el presunto acoso a Gisbert, Alvise dijo que era «público y notorio» que recibió esos 100.000 euros. «Poco me parece que me pagaran 100.000 euros por media hora de charla», manifestó.
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