Entre ellos se encuentran los cinco contratos adjudicados a Innjoo, una empresa de móviles a la que se pagaron 6,1 millones de euros para traer miles de mascarillas quirúrgicas, FFP2, EPIs, test y materiales de protección individual
Corrupción15 de julio de 2025 EC
El Gobierno de Marga Prohens investiga adjudicaciones de Francina Armengol por 20 millones de euros a empresas de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo y otras al margen adjudicadas por la vía de emergencia en la pandemia de coronavirus.
Fuentes del Ejecutivo balear confirman que, además de la auditoría externa anunciada hace un año sobre adjudicaciones vinculadas a Víctor de Aldama, se está llevando a cabo una revisión interna de contratos de obra pública entre los que se encuentra la adjudicación de 9 millones a Levantina, Ingeniería y Construcción, la empresa de José Ruz, que pagaba 2.600 euros a Koldo García a través de un intermediario, como apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Se trata del contrato de 9.095.725 euros para la construcción de una residencia de mayores en Son Dureta (Palma) que la compañía de Ruz nunca terminó. La adjudicación fue firmada en febrero de 2022 por la consejera de Asuntos Sociales del Govern de Armengol, Fina Santiago Rodríguez, de Més per Mallorca, y el propio José Ruz, imputado por la trama Cerdán.
A punto de cumplirse el plazo para entregar la obra, en agosto de 2023, Levantina solicitó tres meses y medio más para terminar los trabajos. Marga Prohens concedió esta prórroga, pero la empresa de Ruz, repitiendo modus operandi, notificó quince días antes que se ampliase 6 meses el plazo de ejecución del proyecto. Alegó que les robaban cable de las obras, que los precios de los materiales habían subido a causa de la guerra de Ucrania y que acumulaba una deuda con proveedores de 1.691.922 euros. Vistas las circunstancias, el equipo de Prohens decidió resolver el contrato.
Este empresario inició su relación con Koldo García a través de Víctor de Aldama. Este último aseguró en el Tribunal Supremo haber cobrado más de 75.000 euros por parte de Ruz en concepto de comisiones por ayudarle a conseguir contrataciones públicas. No obstante, con el paso del tiempo, Ruz fue alejándose de Aldama y mantenía sus propios contactos en secreto con Koldo.
La empresa de móviles que trajo mascarillas
El Govern del PP en Baleares también tiene en marcha una auditoría externa sobre varios contratos de emergencia de la etapa Armengol. Entre ellos se encuentran los cinco contratos adjudicados a Innjoo, una empresa de móviles a la que se pagaron 6,1 millones de euros para traer miles de mascarillas quirúrgicas, FFP2, EPIs, test y materiales de protección individual. Fue constituida por Vanessa Durán Mesas, la misma administradora que concibió Have Got Time SL, la compañía que alquiló el chalet a José Luis Ábalos en Cádiz en el verano de 2021.
Chen Shouting, el empresario chino tras esta tienda de móviles, aprovechó sus contactos en China para ganar más de 70 millones de euros en contratos públicos con distintas administraciones. Entre los compradores de Shouting se encontraba el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. El ministro Óscar Puente eludió una pregunta escrita del PP en el Congreso de los Diputados sobre esta compañía:
"¿Por qué se adjudicaron en ADIF y Puertos del Estado contratos de material sanitario a una empresa como Innjoo Technology, cuyo objeto social no estaba relacionado con la venta de este tipo de productos?".
Además de Innjoo, la auditoría investigará la adjudicación de 1,1 millones a Eurofins Megalab, la empresa para la que Koldo le pidió a Armengol el teléfono de la consejera de Sanidad, Patricia Gómez. "Cariño, te mantengo informada", le escribió el exasesor de Ábalos. Armengol ha señalado que el proyecto que la empresa llevó en ese primer encuentro no se compró, pero posteriormente sí se le adjudicó un contrato para abastecer de test PCR.
A estas adjudicaciones hay que sumar los 3,7 millones que se pagó a Soluciones de Gestión, para la que mediaba Víctor de Aldama. El Govern de Armengol tramitó por la vía de emergencia la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 para uso sanitario. Sin embargo, este material no pasó los controles técnicos del Centro Nacional De Medios De Protección (CNMP) y no pudo ser utilizado por los sanitarios.
El Gobierno de Armengol, en lugar de resolver el contrato, lo almacenó como stock sanitario y no le dio ningún uso en los tres años restantes de legislatura. Pese a no cumplir lo estipulado, Soluciones de Gestión recibió un certificado del Govern que le habilitaba como empresa fiable para ser contratada por el sector público. El equipo de Armengol no inició el proceso de reclamación hasta que se convocaron elecciones autonómicas.
La suma de todos estos contratos alcanza los 19,9 millones de euros. Al margen de los mismos, también se están auditando todos los contratos de emergencia firmados por el Govern de Armengol que superasen los 100.000 euros. En este grupo se encuentran un total de 60 expedientes sobre los que se busca "garantizar el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia económica".
La presidenta del Congreso de los Diputados negó en su última comparecencia haber mentido al decir que nunca le habían presentado a Víctor de Aldama, pese a que sí mantuvieron un encuentro junto al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo.
"No sé si son conscientes de las personas que ve una presidenta de comunidad autónoma. Me he visto con más de 1.000 personas", argumentó para justificar que olvidase dicho encuentro. "No he cobrado ninguna comisión y he luchado siempre contra la corrupción", concluyó.
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