Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha comunicado su baja como afiliado del Partido Popular, tan solo un día después de que se hiciera pública su imputación judicial
Investigacion Judicial17 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, ha comunicado su baja como afiliado del Partido Popular, tan solo un día después de que se hiciera pública su imputación judicial por presuntamente beneficiar de forma ilegal a empresas gasísticas mientras lideraba el Ministerio de Hacienda.
La decisión de Montoro llega justo después de que el Comité de Derechos y Garantías del PP decidiera abrir un procedimiento de información interna para esclarecer su papel en la presunta trama, según fuentes del propio partido. Con la renuncia del exministro, dicho procedimiento ha quedado en suspenso.
Imputado por beneficiar a empresas del gas
Montoro fue imputado esta semana por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, dentro de una investigación iniciada hace siete años y que apunta a que el exministro habría favorecido a determinadas empresas desde su posición al frente de Hacienda, en concreto mediante la modificación de leyes fiscales y administrativas en beneficio de empresas del sector gasista.
El epicentro del caso es el despacho Equipo Económico (antes Montoro y Asociados), fundado por el propio Montoro antes de ser ministro. Según el juez, este bufete habría utilizado su red de contactos e influencia en la Administración para lograr cambios legislativos favorables a sus clientes, entre los que se encuentran empresas integradas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
Reacciones en el Partido Popular
Desde el PP han evitado por el momento hacer declaraciones oficiales más allá de confirmar que el procedimiento de información interna se paraliza con la baja de Montoro como afiliado.
La causa judicial investiga a un total de 28 personas físicas y seis jurídicas, por la presunta comisión de delitos como cohecho, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas y falsedad documental.
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