Un municipio de Lérida aprueba que los inmigrantes ilegales puedan ser trabajadores públicos

En una decisión que ha generado un intenso debate político y social en Cataluña y el resto del país, el pleno del Ayuntamiento de La Seu d’Urgell ha aprobado una moción que abre la puerta a reservar plazas de empleo público para inmigrantes en situación administrativa irregular, es decir, sin papeles. La propuesta fue presentada por la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) y salió adelante gracias al respaldo del equipo de gobierno municipal, encabezado por la marca local del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC).

El objetivo declarado por la CUP es “hacer del municipio un espacio más justo, inclusivo y acogedor para todas las personas que lo habitan, independientemente de su situación legal”. La moción se enmarca en una serie de acciones impulsadas desde el ámbito local por formaciones municipalistas e independentistas que buscan contrarrestar las restricciones migratorias impuestas a nivel estatal.

Una medida sin precedentes en Cataluña
Aunque algunas ciudades como Barcelona o Girona han implementado planes de inserción laboral para inmigrantes, lo aprobado en La Seu d’Urgell supone un paso más allá: la reserva expresa de plazas de empleo público a personas sin regularización administrativa. Si bien no se ha detallado aún el mecanismo legal concreto, desde la CUP aseguran que se estudiarán fórmulas jurídicas para hacerlo posible dentro del marco competencial local.

“Queremos garantizar oportunidades para quienes trabajan y conviven aquí, aunque no tengan un NIE o residencia legal. Las leyes no siempre son justas, y los derechos humanos deben estar por encima de los documentos”, afirmó durante el pleno un portavoz de la CUP.

El PSC, clave en la aprobación
La moción fue aprobada gracias al apoyo del PSC, socio mayoritario en el gobierno local. Aunque desde el partido socialista no han hecho declaraciones extensas, fuentes del consistorio han confirmado que ven con buenos ojos cualquier política de inclusión “siempre que se ajuste a la legalidad”.

Este respaldo ha generado incomodidad en algunos sectores del propio socialismo catalán, donde conviven sensibilidades diversas en materia migratoria. A nivel autonómico, el PSC mantiene una postura ambigua: por un lado respalda la regularización de inmigrantes; por otro, evita implicarse directamente en medidas que puedan ser interpretadas como aliento a la inmigración irregular.

VOX: “Esto es una llamada a la ilegalidad”
La reacción más contundente ha venido de VOX, tanto a nivel local como nacional. El partido ultraconservador ha calificado la moción como “una aberración legal y moral” y ha exigido la deportación inmediata de todos los inmigrantes sin papeles.

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“El separatismo y el socialismo están promoviendo el efecto llamada en nuestras ciudades. Esta medida convierte al Ayuntamiento en cómplice de la inmigración ilegal. Desde VOX exigimos que se investigue su legalidad y se actúe de inmediato para anularla”, declaró Juan Garriga, portavoz de VOX en el Parlament.

La formación verde ha solicitado además que se haga público el número de inmigrantes irregulares beneficiados por políticas municipales y ha anunciado que llevará el caso a instancias judiciales si se implementa la reserva de plazas.

Contexto político: polarización migratoria
Este episodio se produce en un momento de fuerte polarización en torno al debate migratorio en España. Mientras formaciones como Sumar, Podemos y ERC apoyan la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca regularizar a más de 500.000 inmigrantes sin papeles, partidos como el PP y VOX endurecen su discurso, apostando por restricciones, expulsiones y blindaje de fronteras.

Incluso desde el PP se han producido virajes en las últimas semanas. Alberto Núñez Feijóo ha pedido recientemente “deportaciones inmediatas” para inmigrantes que delincan, acercando posturas con VOX ante la presión electoral.

Por su parte, Yolanda Díaz ha urgido al Congreso a aprobar cuanto antes la ILP de regularización: “No podemos tener a medio millón de personas trabajando en negro y sin derechos”, declaró la líder de Sumar en un acto reciente en Murcia.

¿Es legal contratar sin papeles en la administración pública?
Juristas consultados coinciden en que la medida aprobada en La Seu d’Urgell tiene importantes limitaciones legales. El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece como requisito tener la nacionalidad española o, en su defecto, la de un país de la Unión Europea o permiso de residencia y trabajo válido. No obstante, el Ayuntamiento podría recurrir a fórmulas indirectas como contratos subvencionados a través de asociaciones o convenios especiales para programas sociales, que son más flexibles y han sido usados en otros municipios.

“Desde el punto de vista legal, reservar plazas directas para personas sin permiso de residencia choca con la normativa estatal. Pero sí podrían encontrar vías indirectas en el marco de programas de integración o economía social”, explica Manuel Bernal, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

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Opinión pública dividida
En redes sociales y foros locales, las opiniones se encuentran muy divididas. Mientras algunos aplauden una política de justicia social e inclusión, otros la consideran una afrenta al orden legal y un privilegio injustificado para quienes han llegado sin respetar los cauces legales.

“Trabajo aquí desde hace 10 años, pagando impuestos, y no consigo una plaza fija. ¿Ahora se las dan a quienes ni siquiera tienen papeles?”, se quejaba un usuario en un foro comarcal.

Por el contrario, colectivos de defensa de los derechos humanos han saludado la medida como “valiente” y “necesaria” para dignificar la vida de miles de personas “que sostienen la economía desde la invisibilidad”.

 La moción aprobada en La Seu d’Urgell no solo representa una medida local de inclusión, sino que se ha convertido en símbolo de un debate nacional en torno a la inmigración, los derechos sociales y los límites de la legalidad. En un país donde el fenómeno migratorio ya es parte estructural de su realidad económica y demográfica, la tensión entre regularización e ilegalidad, integración y exclusión, está lejos de resolverse.

¿Puede un municipio cambiar el curso del debate migratorio? ¿O se trata de una medida simbólica con escasa viabilidad práctica? Lo cierto es que La Seu d’Urgell ha encendido una chispa que, de una forma u otra, resonará más allá de sus fronteras.

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