Mientras se refuerza un relato oficial que favorece a un presunto maltratador, se silencia a quienes intentan proteger al niño. Se margina a profesionales médicos que han dado la voz de alarma. Se desechan informes de psicólogos, terapeutas y especialistas en discapacidad
Nacional25 de julio de 2025 SG
En el corazón de Castilla y León, un menor con un 80% de discapacidad está siendo arrastrado por una maquinaria judicial que, lejos de protegerle, parece haberle convertido en daño colateral de una red de intereses políticos, familiares y personales. Una estructura cerrada de poder que actúa como una muralla contra cualquier intento de proteger su bienestar.
Este caso, con base en Valladolid, no es solo un conflicto familiar: es un reflejo perturbador de cómo ciertos vínculos políticos y profesionales pueden distorsionar la justicia cuando están por encima de los derechos fundamentales de los más vulnerables.
Red de influencias: ¿Justicia o protección mutua?
Entre los actores clave del proceso judicial:
El fiscal Manuel Javato, cuñado de la actual alto cargo del Ministerio de Justicia, Sofía Puente, ha participado en múltiples procedimientos relacionados con el mismo padre denunciado por maltrato.
Un abogado implicado en la causa fue socio profesional de Óscar Puente, hoy ministro de Transportes.
Un policía local padre del niño que se aprovecha de su cercania al fiscal y al abogado que le estan ayudando en la causa donde no se admiten pruebas que acreditan el presunto maltrato al menor discapacitado por parte presuntamente del padre segun indican los informes hospitalarios y de psicologos.
La Fiscalía Provincial de Valladolid, dirigida por fiscales afines, ha evitado abrir diligencias o investigar los hechos denunciados, desoyendo múltiples informes médicos que alertan de deterioro físico y emocional del menor.
Mientras se refuerza un relato oficial que favorece a un presunto maltratador, se silencia a quienes intentan proteger al niño. Se margina a profesionales médicos que han dado la voz de alarma. Se desechan informes de psicólogos, terapeutas y especialistas en discapacidad que denuncian lo que está ocurriendo.
Un menor atrapado en la impunidad
El menor ha sido medicado sin conocimiento ni autorización materna. Ha sido objeto de dos intentos de intervención quirúrgica sin informar a su madre. Su estado de salud se deteriora notablemente tras las estancias con su padre, según diversos informes clínicos.
El perito forense judicial —pieza clave en la causa— reconoció no haber conseguido comunicarse con el menor, no haber hecho pruebas diagnósticas objetivas, y haber recibido al padre en privado en varias ocasiones, algo prohibido por cualquier código deontológico imparcial. A pesar de todo ello, concluyó que el menor podía estar con su progenitor. ¿Con qué base?
Fiscalía y Juzgado: cuando la inacción también es violencia
La actual fiscal del caso, ni ha evaluado al menor ni ha entrevistado a los médicos que le tratan. Simplemente se respalda en un informe forense incompleto y sesgado, evitando analizar decenas de documentos médicos que contradicen la versión oficial.
El Juzgado de Primera Instancia nº10 de Valladolid ha ignorado también estos informes y ha retirado a la madre cualquier capacidad de decisión. Un menor gravemente discapacitado ha sido dejado en manos de un padre denunciado por maltrato, abandono y negligencia, sin investigación alguna por parte de las autoridades.
¿Dónde están las instituciones que prometen proteger?
Mientras el Gobierno asegura que reforzará las políticas contra la violencia vicaria, y que defenderá los derechos de las personas con discapacidad, desde el propio entorno del Ministerio de Justicia se está permitiendo que este menor sea silenciado y desprotegido.
¿Quién protege a un niño que no puede hablar?
¿Por qué nadie investiga nada en Valladolid?
¿Por qué no se aplica la legislación específica que protege a las personas con discapacidad?
Un llamamiento social
Este no es solo un caso individual. Es un precedente peligroso. Si se permite que los vínculos políticos y familiares manipulen la justicia y destruyan la vida de un menor, ¿qué garantía le queda al resto de ciudadanos?
Este artículo es una denuncia pública. Un grito en defensa de quienes no pueden defenderse. Porque cuando la justicia falla, el silencio se convierte en complicidad.
Hoy es este niño.
Mañana puede ser cualquiera.
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