ONG subvencionadas con dinero publico, montan gimnasios privados sólo para inmigrantes

Mientras millones de españoles trabajan largas jornadas para poder llenar la nevera, pagar el alquiler o enviar a sus hijos al colegio, el Gobierno de España —con la complicidad del Ejecutivo de Canarias— continúa destinando millones de euros en subvenciones a organizaciones no gubernamentales que, lejos de priorizar a los ciudadanos que sostienen el sistema con sus impuestos, canalizan recursos públicos hacia proyectos opacos y difíciles de justificar ante la opinión pública.

Uno de los casos más indignantes ha salido recientemente a la luz: varias ONG subvencionadas con fondos públicos estarían financiando gimnasios privados para inmigrantes en situación irregular en Canarias. Estas instalaciones, según ha podido saber Impacto España Noticias, no tienen nada que envidiar a los centros deportivos de élite: maquinaria de última generación, duchas, vestuarios, zonas comunes e incluso entrenadores personales. ¿El único requisito para acceder a estos servicios? No tener papeles y estar bajo el amparo de alguna organización “solidaria”.

Gimnasios para inmigrantes ilegales a 40 euros mensuales
Los ciudadanos españoles pagan cuotas mensuales que en muchos casos superan los 60 o 70 euros por acceder a gimnasios con servicios similares —si es que pueden permitírselo en medio de una inflación asfixiante—. Sin embargo, estos centros gestionados por ONGs estarían cobrando apenas 40 euros al mes a personas que han entrado en el país de forma irregular, y en ocasiones, ni siquiera eso: muchas plazas serían totalmente subvencionadas con dinero de todos los contribuyentes.

En redes sociales, la noticia ha levantado una auténtica tormenta. La indignación se ha multiplicado por parte de ciudadanos que denuncian el agravio comparativo: “Mi padre cotizó 40 años y no puede pagarse un gimnasio. ¿Cómo es posible que alguien que ha entrado ilegalmente en España tenga acceso a estas instalaciones gracias a nuestro dinero?”, comentaba un usuario en X (antes Twitter).

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¿Solidaridad o chiringuito ideológico?
Lo que el Gobierno presenta como "solidaridad" o “inclusión social” cada vez se parece más a una red de chiringuitos ideológicos financiados sin transparencia ni control real. Porque, ¿quién fiscaliza cómo se gestionan estos fondos? ¿Qué criterios se aplican para otorgar subvenciones millonarias a ONGs cuyo impacto social, en muchos casos, es más que discutible?

Ninguna institución pública parece tener interés en responder a estas preguntas. Ni el Ministerio de Inclusión, ni el Gobierno de Canarias, ni las propias organizaciones han ofrecido explicaciones claras sobre el coste real de estas instalaciones ni sobre el proceso de adjudicación de las ayudas. Mientras tanto, los recursos públicos fluyen con fluidez hacia iniciativas que, lejos de resolver los problemas de integración, generan aún más división y malestar social.

Una estructura de privilegios sostenida con nuestros impuestos
Lo que muchos ciudadanos ven es un sistema profundamente injusto: mientras los españoles se enfrentan a listas de espera para una operación, barracones en los colegios, pensiones mínimas congeladas o alquileres imposibles, algunos colectivos reciben trato preferencial gracias a una red de subvenciones y prebendas que ningún organismo independiente se encarga de auditar con seriedad.

El problema no es la ayuda humanitaria —que debe existir y proteger la dignidad de toda persona—, sino el descontrol con el que se reparten los fondos públicos, la opacidad en la gestión, y sobre todo, el desprecio hacia quienes realmente sostienen el país: los trabajadores, autónomos, pensionistas y familias españolas que cumplen con sus obligaciones fiscales mientras ven cómo sus prioridades son sistemáticamente ignoradas por quienes gobiernan.

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El silencio institucional: la estrategia del avestruz
Ni los grandes medios ni los partidos del arco progresista han querido poner el foco sobre este escándalo. Tampoco se han abierto investigaciones ni comparecencias públicas. La estrategia parece clara: mirar hacia otro lado, silenciar las críticas y continuar alimentando con fondos públicos a una red de organizaciones afines al poder político.

Una vez más, el ciudadano medio vuelve a ser el gran olvidado. El español que madruga, que paga impuestos, que cuida de sus mayores y que educa a sus hijos sin apenas ayudas, contempla con estupor cómo los recursos de todos se desvían hacia programas que priorizan lo políticamente correcto antes que lo socialmente justo.

 Una política de subvenciones al servicio de intereses ideológicos
No se trata de fomentar el odio ni de señalar a los más vulnerables. Se trata de exigir transparencia, prioridades claras y justicia social verdadera. Porque no es solidaridad financiar gimnasios privados para inmigrantes ilegales mientras millones de españoles hacen malabares para llegar a fin de mes. Eso es, simplemente, una perversión del sistema.

Y como en tantas otras ocasiones, el Gobierno calla. Y los de siempre, como siempre, miran hacia otro lado.

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