Hemos observado casos de inflado de votos, problemas con la caída de la página web electoral, y una preocupante falta de información durante las elecciones europeas
Noticias28 de julio de 2025
Impacto España Noticias
La sombra de unas elecciones anticipadas planea sobre España después de que el rosario de casos de corrupción vinculados con el Gobierno, el PSOE y el entorno más íntimo del presidente, Pedro Sánchez, haya debilitado al, ya de por sí frágil, Gobierno de coalición socialista-comunista.
Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 pusieron de manifiesto muchas y diversas irregularidades que plataformas ciudadanas como Elecciones Transparentes han estado denunciando, siendo la más importante la falta del escrutinio general.
Recientemente han surgido al menos dos peticiones de investigación sobre las elecciones generales, una de ellas se refiere al papel que jugó una exmilitante del PSOE, Leire Díaz, en el voto por correo. La otra es una querella contra un magistrado por no hacer el escrutinio general en los términos que marca la ley y dar por válidos los datos provisionales facilitados por Indra, la empresa pública a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha adjudicado el recuento de los votos de las últimas citas electorales.
El perito en informática forense y en documentoscopia, Gabriel Araújo, ha estudiado nuestro sistema electoral en profundidad y ha encontrado algunas lagunas que suscitan serias dudas sobre su transparencia.
La periodista Sandra Flores le entrevista.
– El Consejo de Ministros aprobó el 8 de julio un anteproyecto de reforma electoral que pretende exigir a los medios de comunicación públicos organizar debates electorales con la asistencia obligatoria de los candidatos y establecer que las encuestas y sondeos difundidos durante las campañas electorales publiquen todos los datos que los sustentan. ¿Qué piensa de esta propuesta?
En principio, yo veo positivas estas dos reformas. ¿Por qué? Por un lado, por la cuestión de suscitar ese debate electoral, incluso con los grupos de especial significación, lo cual es muy importante.
Eso implica que candidatos que actualmente no tienen representación parlamentaria, pero que han participado con éxito —obteniendo más del 5 % en otras citas electorales, como en el caso de las elecciones europeas—, deberán ser incluidos. Por ejemplo, Alvise Pérez, como representante de Se Acabó la Fiesta, tendrá que ser citado obligatoriamente en esos debates electorales.
Y luego está también el tema de obligar a que, en las encuestas, se aporten los ficheros de microdatos. Esto descarta por completo el inflado que, lamentablemente, observamos en muchas encuestas. Me parece una medida positiva, ya que nos permitirá, a través de esos ficheros de microdatos completamente desagregados y anónimos, verificar si la estimación de intención de voto se corresponde realmente con los datos en los que se basa la proyección.
Es decir, me parece un ejercicio de transparencia positivo. Creo que ambas medidas son muy acertadas. Lo importante será estar muy atentos al trámite parlamentario, porque existe el riesgo de que, a través de las enmiendas, se introduzcan reformas que no estaban contempladas en la propuesta original. Ese sí que puede ser un auténtico caballo de Troya. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) es, de hecho, una de las normas que más modificaciones ha sufrido: desde su aprobación en 1985, ha sido reformada en 28 ocasiones. Por eso, insisto, es fundamental seguir de cerca todo el proceso parlamentario.
– ¿A qué cree usted que puede responder la aprobación de esta reforma en el contexto político en el que nos encontramos, a las puertas de unas posibles elecciones generales y con el sistema electoral bajo escrutinio? No solo por parte de la ciudadanía y de expertos como usted, sino también por líderes de la oposición, como el expresidente José María Aznar o el propio Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, si lo interpretamos desde una perspectiva, digamos, de desconfianza, podría considerarse, en primer lugar, una maniobra de distracción por parte del Consejo de Ministros, una especie de cortina de humo para desviar la atención de los asuntos más candentes. Me refiero, sobre todo, al caso de Santos Cerdán, al de Koldo García, al caso de las mascarillas y, en general, a los diversos casos de corrupción que afectan a varios integrantes del actual Gobierno.
Y la segunda consideración es la que he mencionado anteriormente: la posibilidad de que, a través del trámite parlamentario, se pretenda introducir alguna modificación de mayor calado que tengan reservada «bajo la manga». Tanto la ciudadanía como la oposición deben estar muy vigilantes para evitar que, por la puerta de atrás, se introduzca algún tipo de modificación que suponga, en realidad, un retroceso aún mayor en materia de transparencia electoral.
Yo no estoy diciendo que haya habido un resultado completamente alterado ni que se hayan producido acciones fraudulentas. Lo que digo es que existe la posibilidad de que puedan cometerse.
Y que realmente el sistema electoral español podría mejorar mucho simplemente adoptando buenas prácticas de otros sistemas electorales que son absolutamente garantistas. Por ejemplo, la publicación de las actas es una medida que podría implementarse perfectamente. También se podrían mejorar los procesos del voto por correo entregando al votante un código de seguimiento, igual que se hace con un paquete certificado.
Correos ya dispone de ese sistema y podría aplicarlo también al voto por correo para evitar situaciones como la ocurrida en Puerto del Rosario, Fuerteventura, donde un paquete de votos nunca llegó: fue hallado en un rincón del Ayuntamiento y no se incorporó a la mesa electoral. Debería haber una constancia fidedigna de la trazabilidad del voto por correo, que es precisamente lo que más está en duda actualmente.
El sistema electoral español presenta otros muchos puntos débiles. Por ejemplo, no se entrega el código fuente de la aplicación Infoelectoral para su auditoría, lo que impide descartar la existencia de algoritmos o fórmulas maliciosas. Esto ya ha generado sospechas, como ocurrió en anteriores elecciones europeas, cuando se detectó un supuesto inflado artificial de votos a favor de Junts en numerosas mesas electorales [de fuera de Cataluña]. Se intentó atribuirlo a un error humano, pero lo cierto es que un error humano auténtico es aleatorio y afecta a distintos partidos, no sistemáticamente a uno solo.
Sería conveniente descartar que la aplicación Infoelectoral pueda tener la capacidad de favorecer artificialmente a un determinado partido. Y, por último, resulta fundamental desvincular completamente la organización de las elecciones al Gobierno. España es el único país del mundo en el que las elecciones están gestionadas por el Ministerio del Interior, un órgano que tiene intereses específicos en el resultado electoral.
A esto se suma la participación de empresas como Indra —participada en un 28 % por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— y Telefónica, también con estrechos vínculos institucionales.
Todas estas entidades tienen intereses particulares que pueden condicionar el proceso electoral. Por ello, es fundamental avanzar hacia la creación de un poder electoral verdaderamente independiente. En la actualidad, la Junta Electoral Central, cuya sede se encuentra en el Congreso de los Diputados, está en la práctica supeditada al poder legislativo, lo cual compromete su independencia.
Son todas medidas técnicamente viables y relativamente fáciles de implementar, que contribuirían a disipar cualquier duda razonable sobre la integridad del sistema electoral español.
– ¿Y ve usted voluntad política de implementar ese tipo de medidas?
Por el momento, no existe ni siquiera una conciencia política al respecto. Para que haya voluntad política, primero debe generarse esa conciencia. Actualmente, tanto el Gobierno como la oposición coinciden en afirmar que el sistema electoral español es uno de los más seguros del mundo, cuando en realidad no es así. Esta afirmación es incorrecta, y lo he podido constatar personalmente a través de las auditorías que he realizado en otros sistemas electorales, en países que cuentan con mecanismos mucho más garantistas que el sistema español.
Lo primero que debe hacerse es despertar esa conciencia. Afortunadamente, en los últimos años, gracias al trabajo de información y divulgación que hemos venido realizando, sí se ha incrementado la preocupación ciudadana respecto a este tema. Existe un interés creciente por garantizar una transparencia total y por identificar las deficiencias que aún persisten en el sistema electoral español, que son muchas. En cada cita electoral surgen situaciones preocupantes en relación con la transparencia.
Hemos observado casos de inflado de votos, problemas con la caída de la página web electoral, y una preocupante falta de información durante las elecciones europeas, cuando durante dos horas, una vez cerradas las mesas, la ciudadanía no supo qué estaba ocurriendo. Posteriormente, se constató ese inflado de votos. También han sido numerosas las irregularidades en relación con las papeletas.
En Canarias, por ejemplo, algunos votantes creyeron que estaban votando por Coalición Canaria, ya que así figuraba en la papeleta, cuando en realidad se trataba de una coalición, y el voto acabó computando para el PNV. Este tipo de confusiones, aunque no sean intencionadas, deben corregirse de cara a futuras convocatorias electorales.
– ¿Qué países tienen sistemas electorales mucho más fuertes que el nuestro? ¿Podría poner algún ejemplo?
Ecuador, por ejemplo, celebró elecciones el 25 de abril, y fueron una de las elecciones más transparentes que yo he visto en el mundo. Se colocó en primer lugar en cuanto a transparencia electoral. ¿Por qué? Porque al día siguiente, lunes —que siguió a un domingo de votación— estaban publicadas todas las actas en la web electoral de Ecuador, que, por cierto, cuenta con un poder electoral propio.
En Ecuador existen cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y el poder electoral. Este poder electoral no existe en España; no existe un poder electoral independiente. Como he dicho, toda la Junta Electoral Central está supeditada y absolutamente intervenida por el poder ejecutivo y el poder judicial. No hay un poder electoral independiente, como en Ecuador, donde para acceder a es necesario aprobar unas oposiciones específicas en materia electoral.
Por ejemplo, otra de las grandes medidas en el voto presencial es que cuando una persona se presenta a votar, no solo debe exhibir su DNI, sino que además tiene que firmar y estampar su huella digital en unas planillas. Son tres planillas independientes: una con el nombre y DNI, otra con la firma y otra con la huella digital. De esta manera, se puede evitar cualquier tipo de suplantación de identidad. Una persona que se parezca a otra o que lleve el DNI de otra no puede votar por esa persona. Además, esto permite verificar que no haya un inflado de votos y que el censo esté triplemente controlado.
Otra ventaja del sistema electoral ecuatoriano es que los miembros de la mesa tienen la obligación de pasar un ciclo de capacitación para saber exactamente qué deben hacer. He tenido la oportunidad de hablar con muchos miembros de mesa [en España] y, en general, ellos no saben realmente qué están haciendo. Les dan una pequeña guía, pero no conocen en profundidad el sistema electoral español. En cambio, en Ecuador deben superar esta formación obligatoriamente, y quienes no la completan son multados y sancionados. Aquí, en España, no existe ninguna formación de este tipo. Incluso al hablar con apoderados de los partidos políticos, muchos no tienen ni idea de lo que están haciendo.
– Hay una organización, llamada Plataforma Elecciones Transparentes, que ha sido muy activa en denunciar la falta del escrutinio general que, según la ley, debe realizarse cinco días después de las elecciones. Sin embargo, ninguna de las formaciones políticas que concurren a las elecciones ha denunciado oficialmente estas irregularidades. ¿A qué se debe esto?
En esos cinco días pueden ocurrir muchas irregularidades con los votos, especialmente con las actas electorales. Por otro lado, ha habido un partido, Iustitia Europa, que en las elecciones europeas sí impugnó los comicios y comprobó que, efectivamente, no se realiza el escrutinio general.
Existen numerosos testimonios y documentos que acreditan que el escrutinio no se lleva a cabo correctamente. Por ejemplo, yo he aportado a la Junta Electoral Central varios vídeos grabados con cámara oculta, donde magistrados confiesan en el acto electoral que no realizan el escrutinio porque el resultado se lo proporciona Indra a través del sistema informático. Esto es muy grave, ya que supone una inobservancia de la ley electoral y constituye un delito electoral.
Actualmente, está en investigación el presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, quien confesó ante una cámara que no es necesario abrir todas las actas. Hay un incumplimiento de la ley electoral que obliga específicamente a abrir todas y cada una de las actas electorales para realizar el recuento total, lo cual no se cumple. Incluso, por escrito, la Audiencia Provincial de Sevilla respondió a Vox en 2015 que ellos aplican un procedimiento abreviado, abriendo únicamente las actas protestadas por los apoderados.
Esto genera un grave problema: si un partido resulta perjudicado en una mesa electoral y no tiene apoderados, no podrá corregir esos errores, que se consolidarán. Por ejemplo, en la mesa de la sección 49 de Torrejón de Ardoz, a Vox le quitaron 40 votos que fueron asignados al Partido Comunista de los Trabajadores. Esta irregularidad se consolidó porque Vox no tenía apoderados en esa mesa o, posiblemente, se pasó por alto. Aunque la mesa electoral realizó el acta correctamente, la transmisión a Indra alteró la cifra.
Si no hay apoderados vigilando estos errores y no se abren todas las actas, no se verifican y los errores se consolidan. La pregunta es, ¿en cuántas otras mesas de las 57 000 que existen en España ha ocurrido lo mismo? Un partido, por no tener apoderado o por un apoderado que no detectó el error, ha visto cómo se consolidan estas irregularidades.
Por todo ello, ante la falta de escrutinio general y esta grave vulneración de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), confesada por los propios magistrados, no existe una verificabilidad fiable de los resultados. Por consiguiente, los escaños asignados no están respaldados por cifras fidedignas.
Afirmo y aseguro que todos y cada uno de los diputados en el Congreso no cuentan con un respaldo electoral fidedigno y, desde el punto de vista administrativo, el resultado es nulo de pleno derecho. Al haberse prescindido del procedimiento legal para la asignación de escaños, el resultado es jurídicamente nulo, circunstancia que debería ser considerada con la seriedad debida.
– Usted ha mencionado que las actas electorales en España no se publican. ¿Es porque la ley no lo exige o porque se incumple?
Bueno, la ley no lo obliga, y en ese sentido considero que existe un incumplimiento de la normativa específica, ya que el pliego de prescripciones técnicas que establece el Ministerio del Interior en la licitación con la empresa encargada de publicar los resultados provisionales, en este caso Indra —que es la única que se presenta y gana todas las licitaciones—, no solo contempla su intervención en la publicación de resultados provisionales, sino que además, mediante el contrato marco, se le faculta para intervenir en todo el proceso electoral, incluso hasta la publicación de los resultados definitivos.
Esto constituye, en mi opinión, una grave irregularidad, ya que no está contemplada en la ley. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no prevé la participación de empresas privadas en el conjunto del proceso electoral. Lo único que establece es que el Gobierno podrá publicar datos provisionales, pero no autoriza que una empresa como Indra, participada por el Estado, intervenga en todas las fases del proceso.
Además, la LOREG reconoce como funcionarios electorales únicamente a los designados por la Junta Electoral. Por tanto, esto implica que una empresa privada, condenada por estafa y fraude al Estado, como es el caso de Indra, representa una injerencia externa incompatible con las exigencias de transparencia electoral. Esta empresa no debería tener ninguna participación en el proceso, ni siquiera en la publicación de datos provisionales. En materia electoral, solo deberían intervenir personas con solvencia acreditada y sin antecedentes de este tipo.
– Ante estas irregularidades que denuncia, ¿qué herramientas tiene la ciudadanía para exigir mayor limpieza del proceso electoral?
El ciudadano queda completamente expulsado del proceso electoral: no puede impugnar las elecciones, sino únicamente denunciar las irregularidades que observe. ¿Cuál es el problema? Que determinadas Juntas Electorales Provinciales han prohibido grabar o fotografiar el procedimiento, de modo que las denuncias suelen decaer por falta de pruebas. El sistema resulta, por tanto, casi diabólico, ya que en esas juntas se sientan los mismos magistrados de las audiencias provinciales que luego deben resolver las denuncias dirigidas contra ellos. Al no existir un poder electoral independiente, todo en España depende bien del poder político, bien del poder judicial.
Ante esta situación, la única opción sería organizar un escrutinio paralelo; sin embargo, sin la colaboración de los partidos resulta muy difícil. Dado que la LOREG no obliga a publicar las actas, bastaría con una reforma —o, incluso, con la mera voluntad del Ministerio del Interior— para colgar en línea las actas que ya están escaneadas. Si se considerara problemático mostrar las firmas, podría publicarse solo la parte que contiene los resultados y el censo de cada mesa.
El sistema electoral español es único: carece de un código fuente abierto (a diferencia de Argentina, Brasil o Italia) y jamás ha sido sometido a una auditoría integral. Otros países, como Brasil, auditan sus sistemas cada dos o tres años. Incluso Venezuela, con doble verificación electrónica y física, presenta mayor trazabilidad. El problema venezolano fue que no se reconocieron los verdaderos resultados —allí ha habido un golpe de Estado— no el sistema en sí.
En España, el subsistema electoral —que debería operar como un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI)— no cumple ninguno de los cuatro parámetros básicos: trazabilidad, verificabilidad, completitud y continuidad. Por ello sostengo que se trata de uno de los sistemas menos garantistas que conozco».
Comparte con tus contactos
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El Gobierno socialista no cuenta con mayoría parlamentaria estable, carece de presupuestos aprobados y se ve obligado a negociar cada iniciativa legislativa
Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, un texto que plantea la creación de un «frente antifascista educativo» basado en el feminismo, la laicidad y el antirracismo
Durante casi cinco meses, alrededor de 3.000 mujeres quedaron sin acceder a las pruebas de cribado de cáncer de mama
Su plan es confluir unidos en estas circunscripciones para que el PP pierda un escaño en esos enclaves
Hoy, la esclavitud es más sofisticada. No se impone con látigos, sino con impuestos, licencias, regulaciones y deudas. El ciudadano entrega entre el 30% y el 50% de su esfuerzo al Estado sin cuestionar su destino.
Mientras el presidente presume en Bruselas de avanzar hacia una economía digital sin billetes ni monedas, su propio partido admite que continúa manejando dinero en metálico
Documentos inéditos revelan anticipos no justificados y liquidaciones discrepantes que cuestionan la transparencia interna del partido, señalando un patrón repetido bajo la gestión del exgerente Mariano Moreno
El 29 de octubre de 2024 hubo muchos jefes militares que, incumpliendo sus más sagrados deberes, dejaron morir a cientos de valencianos, a los que podían y debían haber auxiliado
La convocatoria de un taller de “asistencia sexual” destinado a personas con diversidad funcional, financiado con dinero público, ha generado un intenso debate sobre prioridades, moralidad y transparencia
Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, un texto que plantea la creación de un «frente antifascista educativo» basado en el feminismo, la laicidad y el antirracismo
“Lo que nos ocultaron”: la verdad que incomoda al relato oficial. Ofrece una lectura alternativa de la Segunda República española, entre 1931 y 1936, marcada por la violencia, el terror y el desorden político
