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Carles Puigdemont vuelve al centro de la política española. El líder de Junts per Catalunya ha exigido una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fuera de España para abordar la continuidad del apoyo parlamentario de su formación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
La demanda no es meramente protocolaria: Puigdemont reclama una cumbre bilateral con una agenda definida, compromisos políticos tangibles y garantías sobre la aplicación efectiva de la ley de amnistía. Todo ello en un contexto de creciente desconfianza hacia la Moncloa, que, según fuentes de Junts, aún no ha cumplido varias promesas pactadas en el acuerdo de investidura.
La exigencia llega en un momento clave. El Gobierno de coalición progresista, conformado por el PSOE y Sumar, depende de forma crítica del respaldo de los siete diputados de Junts para aprobar los presupuestos del próximo ejercicio. La fragilidad parlamentaria convierte a Puigdemont en una pieza decisiva del tablero político, pese a que sigue residiendo en Bélgica desde 2017, donde se refugió tras el referéndum unilateral del 1 de octubre y la posterior declaración simbólica de independencia.
Reunión pendiente desde hace siete meses
El malestar de Junts no es nuevo. En diciembre de 2024, Pedro Sánchez anunció públicamente su intención de reunirse con Puigdemont “en el marco del diálogo político” abierto tras su investidura. Sin embargo, siete meses después, ese encuentro no se ha concretado. El líder independentista considera que el presidente ha dilatado deliberadamente la cita y, según fuentes próximas al expresident, ve señales de una “falta de voluntad real” para avanzar en los compromisos adquiridos.
“La imagen no es suficiente. No se trata de una foto, sino de contenido”, insisten desde Junts. La formación exige una agenda de trabajo que incluya, entre otros puntos, el seguimiento de la ley de amnistía, el reconocimiento del conflicto político entre Cataluña y el Estado, y el cumplimiento de los mecanismos de verificación pactados durante la negociación de investidura.
La amnistía, en el centro de la tensión
Uno de los ejes principales de la exigencia de Puigdemont gira en torno a la aplicación efectiva de la ley de amnistía, aprobada el pasado mes de mayo tras un largo y tortuoso trámite parlamentario. Aunque la norma ya está en vigor, su ejecución práctica en los tribunales está siendo desigual. Algunos jueces han planteado cuestiones de inconstitucionalidad, otros han elevado consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y en ciertos casos los procedimientos judiciales contra independentistas siguen abiertos.
Puigdemont, principal beneficiario político de la ley, sigue a la espera de una resolución judicial que certifique la extinción de las causas abiertas en su contra, especialmente la de malversación agravada. Su regreso a España depende en gran medida de que los jueces apliquen sin reservas la amnistía. Junts, por su parte, considera que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para garantizar su cumplimiento y teme una estrategia dilatoria en los tribunales.
Una cumbre fuera de España: simbolismo y cálculo político
La exigencia de que la reunión con Sánchez se celebre fuera del territorio español no es un detalle menor. Puigdemont mantiene su decisión de no pisar suelo español mientras no se le garantice plenamente la cobertura de la amnistía. Pero además, el escenario elegido —previsiblemente en Bruselas, Ginebra o algún otro enclave neutral— tiene un valor simbólico añadido. Refuerza la narrativa del “presidente en el exilio” y aleja la negociación del marco político y jurídico español.
Además, permite a Junts marcar una diferencia clara con ERC, su principal rival en el espacio independentista, al mantener una estrategia más dura y menos institucionalista. Mientras Esquerra Republicana ha optado por un diálogo más fluido con el Gobierno central desde 2019, Junts reivindica una interlocución de igual a igual, con verificación internacional y sin concesiones unilaterales.
Sánchez entre dos fuegos
La Moncloa enfrenta así un dilema de alta complejidad. Por un lado, necesita los votos de Junts para sacar adelante los presupuestos, una pieza fundamental para la estabilidad del Ejecutivo y la continuidad de su agenda progresista. Por otro, acceder a una reunión en el extranjero con Puigdemont —sin garantías judiciales y con una agenda impuesta— podría tener un alto coste político y mediático, especialmente entre sectores del PSOE más reacios a la estrategia de apaciguamiento con el independentismo.
Fuentes del Gobierno insisten en que “el diálogo sigue abierto” y que se trabaja “discretamente” para lograr avances. Pero el tiempo apremia. El calendario presupuestario obliga a cerrar acuerdos antes de otoño, y los contactos con los distintos socios parlamentarios ya han comenzado. Una ruptura con Junts dejaría al Ejecutivo en una posición de extrema debilidad, abriendo incluso la puerta a un escenario de bloqueo legislativo o adelanto electoral.
¿Hacia una nueva fase del procés?
La insistencia de Puigdemont en condicionar cada paso a avances políticos concretos revela que el procés independentista, aunque sin el impulso de antaño, sigue muy vivo en el frente institucional. La amnistía ha sido solo un paso más. Junts no ha renunciado al objetivo de una autodeterminación pactada, y mantiene sobre la mesa el horizonte de un referéndum, algo que el PSOE sigue rechazando de plano.
En este nuevo equilibrio de poder, Carles Puigdemont ejerce una influencia decisiva desde el exterior. No ocupa ningún cargo institucional, pero actúa como líder de facto de un partido clave en la gobernabilidad de España. Su apuesta es clara: negociar con firmeza desde la debilidad del otro. Y por ahora, Sánchez no tiene margen para ignorarlo.
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