Señala que los dispositivos captaron no sólo encuentros entre adultos, sino también interacciones con menores, especialmente jóvenes de origen marroquí y brasileño
Corrupción24 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El excomisario José Manuel Villarejo ha concedido una entrevista al diario TO en la que ha revelado que el material incautado en 2017 por la Policía —archivos que, según afirma, nunca le fueron entregados con la excusa de que eran secretos oficiales— habría terminado formando parte de un circuito paralelo manejado por quienes denomina los «fontaneros del PSOE».
Villarejo sostiene que intermediarios vinculados a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset llegaron incluso a presumir de haber pagado millones de euros por acceder a esos documentos. A su juicio, todo ese tráfico de información tiene su origen en las carpetas más sensibles del caso Tándem, cuyo contenido habría sido utilizado con fines políticos.
Entre ese material se encontrarían, según diversas investigaciones previas citadas por el propio medio, las grabaciones realizadas en locales regentados durante décadas por Sabiniano Gómez —suegro de Pedro Sánchez— y sus hermanos. En dichas saunas, asegura Villarejo, se habrían instalado dispositivos de audio y vídeo con el fin de registrar encuentros íntimos de personas a las que ya se seguía por otras causas. Esos archivos, entregados por Pérez Dolset al PSOE, habrían despertado el máximo interés en La Moncloa tras la imputación de Begoña Gómez.
El antiguo comisario sitúa sus contactos con la familia política del presidente mucho antes del ascenso de Sánchez. Afirma que desde finales de los años noventa existían vínculos con los propietarios de estos establecimientos y que, hacia 2005 y 2006, los servicios de información concluyeron que era imprescindible vigilar la actividad de ciertos clientes.
Según su versión, las saunas eran frecuentadas por individuos ya bajo investigación, algunos de los cuales —señala— acudían acompañados de menores. Ese fue, dice, el detonante para establecer una cooperación estable entre los servicios de inteligencia y los hermanos Gómez.
Villarejo enmarca su actuación dentro de su larga carrera, en la que asegura haber trabajado con gobiernos de distinto signo. Admite, no obstante, una relación especialmente estrecha con el PSOE, alegando que fue el partido que más tiempo permaneció en el poder. Incluso durante su excedencia en los años 80 —afirma— recibió múltiples peticiones de ayuda relacionadas con operaciones vinculadas al terrorismo del GAL. Ya reincorporado en los 90, se integró en labores de análisis y captación de fuentes, donde la familia Gómez acabó —según relata— desempeñando un papel relevante.
El excomisario describe su primer encuentro formal con Sabiniano Gómez como una reunión discreta, planteada como un mero trámite. Sostiene que la colaboración se articuló de manera pragmática: autorización para instalar cámaras y micrófonos y recogida de las grabaciones al día siguiente.
Detalla incluso que Sabiniano enviaba avisos codificados para alertar de la llegada de ciertos clientes, lo que permitía a los equipos policiales identificar objetivos y ampliar seguimientos fuera del local. Asegura igualmente que todos los hermanos Gómez estaban al tanto y facilitaban la operativa.
Uno de los pasajes más sensibles de la entrevista aparece cuando Villarejo describe el contenido de las grabaciones. Señala que los dispositivos captaron no sólo encuentros entre adultos, sino también interacciones con menores, especialmente jóvenes de origen marroquí y brasileño. Según su relato, esas imágenes servían tanto para reforzar investigaciones en curso como para presionar a determinados perfiles y convertirlos en colaboradores de los servicios de información.
El vínculo operativo con los Gómez, afirma, se prolongó hasta aproximadamente 2015 o 2016, poco antes de su jubilación. De Sabiniano guarda una imagen de seriedad y disciplina, más propia —dice— del director de un hotel de lujo que de un gerente de saunas.
Tras su retiro, sostiene que perdió todo contacto con la familia y que la gestión de los archivos quedó en manos del Estado. Sin embargo, denuncia que parte de ese material terminó circulando por canales ajenos al control institucional hasta llegar a actores externos, como Pérez Dolset, que habrían utilizado estos documentos con fines políticos.
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