El juez Juan Carlos Peinado planea procesar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una vez concluya la prórroga judicial que expira el próximo mes de octubre
Corrupción05 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
El juez Juan Carlos Peinado planea procesar a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una vez concluya la prórroga judicial que expira el próximo mes de octubre. Tras más de un año de investigación, el magistrado considera que ya dispone de elementos suficientes para avanzar hacia la apertura de un procedimiento abreviado.
Según fuentes cercanas al caso, la instrucción se encuentra prácticamente cerrada y no se prevén más ampliaciones en el calendario. Solo restan algunas diligencias pendientes, centradas en esclarecer si Gómez trató de apropiarse indebidamente de un software pedagógico creado por entidades privadas y valorado en 150.000 euros. El sistema habría acabado registrado a nombre de la esposa del presidente, y el juez ha solicitado revisar los correos institucionales vinculados a la cátedra que ella dirigía en la Universidad Complutense.
El origen del caso reside en la supuesta mediación de Begoña Gómez para favorecer los intereses de un empresario amigo suyo, Juan Carlos Barrabés, dueño de Innovanext. La Fiscalía y la acusación popular sospechan que Gómez habría intentado influir para que Barrabés lograra adjudicaciones públicas, aprovechando su posición y red de contactos.
Pero la investigación no se ha limitado a este aspecto. Durante los meses de instrucción, el juez Peinado ha rastreado en detalle la trayectoria profesional y académica de Gómez: cómo fue designada al frente de una cátedra universitaria, qué vías de financiación utilizó, si colocó a personas afines en puestos clave y qué papel jugó en la captación de patrocinadores privados.
Uno de los focos centrales de la causa es el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora cercana a Gómez, cuya contratación fue calificada por la Audiencia Provincial como sospechosa. En un auto reciente, el tribunal dejó constancia de indicios de delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La resolución señalaba una clara desviación en las funciones asignadas a Álvarez, que habría actuado no como colaboradora institucional, sino como apoyo en tareas privadas para Gómez.
La relación personal entre ambas también fue subrayada como un elemento relevante para el nombramiento de Álvarez, al tratarse de una persona de confianza cuya presencia en el equipo habría servido, según el tribunal, para reforzar la actividad profesional de Gómez en el ámbito privado.
Otra línea de investigación, aunque finalmente apartada por la Audiencia Provincial por falta de pruebas concluyentes, apuntaba a su posible papel en el rescate de Air Europa. La aerolínea fue beneficiaria de una ayuda pública de 475 millones de euros durante la pandemia. Según declaraciones recogidas en prensa del empresario Víctor de Aldama —relacionado con el caso Koldo—, Gómez habría presionado desde Moncloa para facilitar el rescate y captar el patrocinio de la familia Hidalgo, propietaria de la compañía.
La acusación popular, ejercida por la organización Hazte Oír, ha solicitado que Aldama declare como testigo en la causa, en base a sus afirmaciones públicas. El juez aún debe resolver si acepta esta petición, junto a otras diligencias finales que podrían marcar el cierre definitivo de la instrucción.
Mientras tanto, Begoña Gómez ha optado por mantener un perfil bajo. Actualmente se encuentra de vacaciones junto a Pedro Sánchez en Lanzarote, a la espera de que la justicia decida su futuro inmediato. El proceso, que ya suma dieciséis tomos y cientos de folios, podría llevarla al banquillo tras el verano si el instructor considera que hay base jurídica suficiente.
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