Impacto España Noticias
A finales de 2018, poco después de la moción de censura que devolvió a Pedro Sánchez a La Moncloa, Santos Cerdán, uno de los hombres de mayor confianza del presidente y entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE, se instaló en un lujoso ático de 160 metros cuadrados en la calle Hilarión Eslava de Madrid. Con tres habitaciones, una amplia terraza y ubicado en el céntrico barrio de Chamberí, el inmueble era, en ese momento, símbolo de una nueva etapa tanto para el dirigente socialista como para el partido.
Lo que parecía un simple cambio de residencia pronto se convirtió en una pieza clave dentro de una investigación judicial más amplia, relacionada con el presunto pago de comisiones ilegales y el uso de empresas pantalla para el desvío de fondos. En el centro de este entramado figura la constructora Servinabar, una firma presuntamente instrumental en la financiación opaca de ciertos gastos vinculados al entorno del Partido Socialista, y cuya participación ha quedado documentada en informes fiscales y bancarios presentados ante el Tribunal Supremo.
El pago encubierto del alquiler
Según documentación obtenida de la Hacienda navarra y del Registro de la Propiedad, Servinabar abonó un total de 29.598,22 euros a la propietaria del ático, Gloria Puerto Sánchez, en concepto de alquiler. Esta cifra equivale al pago íntegro de un año de arrendamiento, teniendo en cuenta que la renta mensual oscilaba en torno a los 2.400 euros en el periodo comprendido entre finales de 2018 y finales de 2019.
Estos datos contradicen las afirmaciones iniciales del propio Cerdán, quien aseguró en su momento haber costeado de su bolsillo el alquiler desde el primer momento. Sin embargo, no aportó documentación que respaldara esa versión, y los documentos ahora en manos del poder judicial revelan que fue la constructora —dirigida por su amigo y colaborador cercano, Joseba Antxon Alonso— la que corrió con los gastos en ese primer año.
El pago fue realizado en un único desembolso anual, una modalidad de abono frecuente en algunos contratos de alquiler, pero que en este caso ha servido como indicio para los investigadores sobre una posible operativa encubierta.
El ascenso político y las estrecheces económicas
En 2018, Cerdán aún no era diputado nacional —cargo que asumiría en 2019—, y tras abandonar el Parlamento de Navarra, pasó a depender de su salario como alto cargo en la estructura del PSOE. A pesar de haber declarado unos ingresos de aproximadamente 99.000 euros ese año, según la información enviada por la Hacienda foral al magistrado instructor del caso, el dirigente socialista expresó en conversaciones privadas recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) su preocupación por el alto coste de la vida en Madrid.
En una de esas charlas, mantenida con el entonces asesor Koldo García, el dirigente navarro incluso confesó haber intentado acceder al consejo de administración de una empresa cotizada como Indra, con el objetivo de obtener ingresos adicionales. Según su testimonio, fue el propio presidente del Gobierno quien le cerró esa puerta, alegando que la compañía no podía acoger cargos políticos por su naturaleza bursátil.
Estas circunstancias han llevado a los investigadores a considerar que el pago del alquiler por parte de Servinabar no fue casual, sino parte de una dinámica de contraprestaciones y favores dentro de una presunta red clientelar.
Las sombras de Servinabar
Servinabar no es una empresa cualquiera. La constructora figura en adjudicaciones públicas de alto valor, como las obras del túnel de Velate en Navarra, con un presupuesto de 76 millones de euros. Su implicación en el presunto pago de alquileres de dirigentes políticos —y en especial de Cerdán— forma parte de una red más amplia que está siendo objeto de un exhaustivo análisis judicial.
Además del ático de Hilarión Eslava, los informes de la UCO también han detectado la implicación de Servinabar en la financiación de un apartamento más modesto de 40 metros cuadrados, ubicado en la calle Fernández de los Ríos. Este habría sido el primer alojamiento de Cerdán tras su llegada a la capital en 2017, en plena campaña de primarias del PSOE, y lo habría compartido con el exdiputado Francisco Salazar.
En una conversación intervenida, Koldo García le habría comunicado a Cerdán: “El apartamento lo coge Servinabar, ya te contaré”, lo que despeja cualquier duda sobre el origen del financiamiento.
El silencio roto
La existencia de estos pagos ha causado incomodidad en las filas socialistas, donde ya circulaban rumores sobre el origen del dinero con el que Cerdán costeaba su vida en Madrid. La asistencia de destacados miembros del partido a una fiesta de inauguración en el ático de Chamberí no hizo más que alimentar las sospechas. La reciente publicación del inmueble en un conocido portal inmobiliario, con un precio de alquiler superior a los 2.950 euros mensuales, ha reavivado el debate sobre la viabilidad económica de aquel contrato, teniendo en cuenta los ingresos netos del dirigente socialista y la situación familiar: su esposa recibe una pensión por invalidez, y ambos tienen una hija menor a su cargo.
En una entrevista televisiva, el exministro José Luis Ábalos —también salpicado por la investigación, aunque en otro ámbito— lanzó una indirecta con carga política: “Yo no me he comprado ningún piso en Chamberí que vale más de un millón”. Una frase que muchos interpretaron como un mensaje velado dirigido a su sucesor en la Secretaría de Organización del PSOE.
Implicaciones políticas y judiciales
La confirmación de que empresas vinculadas a una presunta red de corrupción financiaron la vivienda de un alto cargo del PSOE añade un nuevo elemento de presión sobre el partido y sus estructuras internas. La situación de Cerdán, actualmente apartado del foco político pero no desvinculado del poder, representa un desafío para la dirección socialista, que ha evitado pronunciarse de forma clara sobre su situación.
Por el momento, la causa sigue en fase de instrucción, y será el Tribunal Supremo quien determine si existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales. Sin embargo, el caso del ático de Chamberí ya ha dejado al descubierto una trama de financiación opaca, favores cruzados y uso instrumental de empresas adjudicatarias que pone en entredicho la transparencia de una parte del aparato político.
El episodio del ático es mucho más que una anécdota inmobiliaria. Se trata de una pieza central en una investigación que apunta a prácticas profundamente cuestionables en la relación entre dirigentes políticos y empresas con acceso a contratos públicos. Lo que comenzó como un alquiler aparentemente privado ha terminado convertido en un símbolo de cómo el poder, cuando se ejerce sin control, puede deslizarse por los márgenes de la legalidad.
A la espera de decisiones judiciales, lo que está claro es que el caso ha abierto una grieta en la narrativa de integridad que muchos sectores del partido se esfuerzan en mantener. La sombra de Servinabar sigue alargándose.
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