Según la investigación, varias empresas y personas vinculadas a Geoalcali, entre ellas firmas como Servinabar y Acciona, habrían ejercido influencia en distintos escalones de la Administración con el objetivo de obtener permisos ambientales
Corrupción10 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
El ambicioso proyecto de extracción de potasa conocido como Mina Muga, impulsado por la compañía Geoalcali —filial de la australiana Highfield Resources—, nació con un mensaje claro: generar empleo, atraer inversión extranjera y situar a Navarra y Aragón como referentes europeos en la producción de este mineral estratégico. Sin embargo, a día de hoy, el megaproyecto se encuentra atrapado en una maraña de investigaciones judiciales, polémicas administrativas y una creciente contestación social que amenaza con bloquear su desarrollo.
Un proyecto bajo lupa
Desde sus primeras fases, Mina Muga fue concebida como una explotación minera transfronteriza entre Aragón y Navarra, con una capacidad prevista de hasta un millón de toneladas anuales de potasa. Una magnitud que la convertiría en una de las explotaciones más relevantes de Europa. Pero, según denuncian diversas organizaciones, la tramitación del proyecto habría estado marcada por prácticas irregulares que incluyen supuestas presiones políticas, fraccionamiento administrativo y permisos otorgados en circunstancias “excepcionales” o incluso contrarias a la normativa ambiental vigente.
En las últimas semanas, la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Val d’Onsella y la Sierra del Perdón, junto con Ecologistas en Acción y la Fundación Sustrai Erakuntza, han solicitado formalmente al Parlamento de Navarra que su Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas incorpore el caso de Mina Muga a su agenda de trabajo. La petición llegó acompañada de un extenso dossier que recopila datos, informes y documentación judicial en la que se señalan presuntas anomalías en cada una de las fases administrativas del proyecto.
Señalamientos de la Guardia Civil
El caso ha ganado mayor relevancia pública tras la divulgación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con más de 490 páginas, que apunta a la existencia de contactos e intermediaciones de alto nivel para acelerar y facilitar los trámites del proyecto.
Según la investigación, varias empresas y personas vinculadas a Geoalcali, entre ellas firmas como Servinabar y Acciona, habrían ejercido influencia en distintos escalones de la Administración con el objetivo de obtener permisos ambientales, licencias de obra y concesiones mineras en plazos y condiciones cuestionadas por los colectivos ecologistas.
Golpe judicial al corazón del proyecto
En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anuló el permiso de explotación denominado “Goyo”, uno de los tres títulos mineros esenciales para la puesta en marcha de Mina Muga. La sentencia concluyó que la tramitación se llevó a cabo de forma fragmentada entre Navarra y Aragón, cuando desde su origen el proyecto estaba planteado como una explotación única y continua. Esta división administrativa habría impedido realizar una evaluación ambiental global, vulnerando principios clave del derecho ambiental español y europeo.
El tribunal también cuestionó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada, calificándola de parcial e insuficiente, ya que no habría valorado con la debida profundidad riesgos como la afectación a acuíferos, la seguridad estructural del embalse de Yesa o la estabilidad geológica de la zona. Otro de los puntos señalados fue la ausencia de transparencia sobre las medidas de mitigación propuestas por la empresa.
Reacciones y consecuencias
Tras el fallo, Geoalcali ha advertido de graves consecuencias económicas y laborales. La compañía incluso ha iniciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) alegando que la paralización de permisos clave ha generado un escenario de incertidumbre que compromete su viabilidad. Pese a ello, la dirección de la empresa insiste en que el proyecto cumple con todos los requisitos medioambientales y atribuye las trabas actuales a cuestiones “puramente administrativas”.
En paralelo, el Gobierno de Navarra estudia, junto con las autoridades aragonesas, posibles recursos contra la sentencia del TSJN, defendiendo su capacidad legal para conceder licencias y su papel como garante de que el proyecto se ejecute conforme a la normativa.
Un futuro incierto
El horizonte de Mina Muga sigue siendo incierto. Por un lado, cuenta con un respaldo empresarial significativo y con la posibilidad de recibir una inversión extranjera de cientos de millones de dólares. Por otro, enfrenta una fuerte oposición social y medioambiental, así como varios procesos judiciales en curso que podrían modificar o incluso impedir su ejecución.
Lo que está claro es que este megaproyecto ya no es solo un debate sobre minería y desarrollo económico, sino un caso que entrelaza intereses políticos, decisiones judiciales y la creciente exigencia ciudadana de transparencia y respeto ambiental. Mina Muga, en su actual encrucijada, se ha convertido en un termómetro del pulso entre el impulso de las grandes inversiones y las garantías de un desarrollo sostenible y legítimo.
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