Impacto España Noticias
Este fin de semana, el Ejecutivo pondrá en marcha el segundo traslado de menores extranjeros no acompañados desde Canarias a diferentes puntos de la Península. El objetivo es aliviar la presión que soportan los centros de acogida del archipiélago, que en la actualidad se encuentran saturados.
En esta ocasión, el grupo estará compuesto por cinco menores procedentes de Malí, solicitantes de protección internacional. Se suman así a los diez jóvenes —nueve malienses y un senegalés— que ya fueron reubicados el pasado lunes en varias comunidades autónomas. El plan del Gobierno es mantener un ritmo de traslados semanales, con entre quince y veinte menores por operación, hasta reubicar a cerca de mil que permanecen aún bajo tutela en Canarias.
Las autoridades han reiterado que no se hará público el destino final de los menores, como medida de protección para garantizar su seguridad y privacidad. Esta política se mantendrá en todos los traslados previstos, que forman parte de un calendario acordado con el Gobierno autonómico.
Un sistema al límite de su capacidad
Actualmente, Canarias acoge a más de 5.800 menores migrantes sin compañía adulta, lo que ha llevado a una situación crítica. La ruta migratoria atlántica, una de las más peligrosas del mundo, concentra alrededor del 70 % de las llegadas marítimas a España, con decenas de miles de personas alcanzando las costas canarias cada año.
El incremento de menores ha sido constante: en los últimos ocho años, el número de menores extranjeros no acompañados registrados en el país ha crecido más de un 220 %. Para gestionar la emergencia, el Gobierno aprobó recientemente un mecanismo legal que permite redistribuir a estos menores en situaciones de saturación. Este sistema establece la inscripción obligatoria en el Registro de Menores Extranjeros, evaluaciones individualizadas y traslados en un plazo máximo de quince días. Además, se han creado 1.200 nuevas plazas de acogida con una inversión de 40 millones de euros.
Perfiles y necesidades detectadas
Estudios recientes señalan que aproximadamente un 55 % de estos menores necesitan protección internacional por razones de seguridad en sus países de origen. Un 14 % requiere atención médica o psicológica especializada, mientras que un 8 % necesita apoyo para localizar a sus familiares o para la reunificación, y un 2 % presenta indicios de haber sido víctima de redes de trata con fines de explotación.
Debate político y posturas encontradas
El Gobierno central defiende que todas las actuaciones se rigen por el principio del interés superior del menor y por la legislación vigente, que prohíbe la devolución forzosa si no se garantiza su protección. Asegura que las derivaciones cuentan con coordinación institucional y cumplen los estándares internacionales en materia de derechos de la infancia.
Sin embargo, la medida ha generado un intenso debate político. Algunos partidos han denunciado que esta política alimenta lo que denominan “efecto llamada” y han propuesto el retorno de los menores a sus países de origen para su reunificación familiar, el cierre de centros de acogida y la expulsión de inmigrantes en situación irregular o de aquellos que, aun teniendo permiso de residencia, cometan delitos.
Desafíos estructurales y urgencias pendientes
El sistema de acogida enfrenta problemas estructurales que agravan la crisis. Solo un 27 % de los menores contaban con autorización de residencia al cierre del último año, debido a retrasos en la tramitación y a la sobrecarga administrativa. Organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado sobre denuncias de violencia y castigos excesivos en centros saturados, lo que refuerza la necesidad de redistribuir a estos jóvenes en condiciones seguras.
A pesar de las dificultades, se han registrado avances en la integración social y económica: en los últimos tres años, la proporción de menores y jóvenes extutelados afiliados a la Seguridad Social ha pasado del 27 % al 60 %, un indicador de mejora en su inserción laboral.
El segundo traslado de menores desde Canarias a la Península se enmarca en una operación que busca dar respuesta a una crisis migratoria sin precedentes. Con centros al límite de su capacidad, un flujo constante de llegadas y una población infantil migrante especialmente vulnerable, el reto para las administraciones es combinar agilidad en la gestión con garantías efectivas de protección y oportunidades reales de integración.
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