El propósito declarado de la red era entorpecer los procedimientos judiciales abiertos por casos de corrupción que salpican al PSOE y rodean al propio presidente del Gobierno
Corrupción16 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
Documentación interna a la que ha tenido acceso este diario muestra una trama organizada para frenar investigaciones judiciales que afectan al Partido Socialista y a su entorno. Las actas, correspondientes a una reunión celebrada el 10 de marzo de 2025, recogen ofrecimientos y contactos al más alto nivel que, de confirmarse, situarían a la red en una posición de enorme influencia dentro de las instituciones del Estado.
Conexiones en la cúpula institucional
Hasta ahora se conocía que este grupo había ofrecido favores en nombre de la Fiscalía a personas con causas pendientes. Sin embargo, los documentos ahora revelados amplían de manera considerable la gravedad de la situación: no sólo se proponían “facilidades” en procesos judiciales, sino también encuentros directos con responsables de la Fiscalía, mandos de la Policía Nacional y la propia directora de la Guardia Civil.
Aunque las actas no prueban que dichas reuniones se materializaran, sí reflejan un uso de cauces que, presuntamente, podrían bordear la ilegalidad y que difícilmente podrían haberse planteado sin un conocimiento político previo desde las más altas instancias.
Objetivo: neutralizar las investigaciones
El propósito declarado de la red era entorpecer los procedimientos judiciales abiertos por casos de corrupción que salpican al PSOE y rodean al propio presidente del Gobierno. Para ello, la estrategia consistía en desacreditar a jueces, fiscales, unidades de la Guardia Civil y periodistas, poniendo en cuestión su imparcialidad. El fin último: lograr la nulidad de actuaciones, debilitar acusaciones y ganar tiempo en procesos clave.
Uno de los mecanismos utilizados pasaba por captar a imputados o acusados en causas penales, ofreciéndoles ventajas a cambio de testimonios, denuncias o informaciones —fuesen reales o fabricadas— que permitieran alimentar campañas de difamación contra los investigadores. La promesa que se ponía sobre la mesa era clara: reducciones en las peticiones de condena, apoyo procesal y hasta respaldo oficial para suavizar sus problemas judiciales.
Tres vías de actuación
Un resumen de la reunión del 10 de marzo describe con claridad las tres opciones planteadas a un potencial colaborador:
Fiscalía: concertar una cita con fiscales para trasladarles supuestos detalles sobre el funcionamiento interno de unidades de investigación judicial y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Policía Nacional: abrir la vía policial para contrarrestar las pesquisas de la UCO, ofreciendo información paralela con el objetivo de desacreditar su labor.
Guardia Civil: facilitar un acceso directo a la dirección política del Cuerpo, con el fin de transmitir datos sobre lo que ocurría en determinadas unidades sensibles y que pudieran servir para “tomar medidas” desde arriba.
Estos puntos, recogidos de manera literal en los documentos, apuntan a un nivel de coordinación que situaría a la trama en la órbita de las más altas autoridades de seguridad e investigación.
La posición de la actual directora de la Guardia Civil
La figura de Mercedes González aparece mencionada de forma destacada en las actas. La directora de la Benemérita, que retomó el cargo en septiembre de 2024 tras una primera etapa en 2023, habría sido señalada como una de las posibles interlocutoras de la red. Según el testimonio recogido, se ofrecía incluso la posibilidad de convertirse en una especie de enlace directo con su equipo más cercano para filtrar dinámicas internas de la institución.
Su nombre no es ajeno a la polémica: en el pasado ya se le relacionó con debates internos sobre el papel de la Guardia Civil en distintos casos judiciales y su figura ha generado controversia en algunos sectores del propio Cuerpo.
Contexto político y judicial
La aparición de estas actas se suma a otras denuncias ya conocidas contra Leire Díez y personas de su entorno, investigadas en distintos juzgados por tráfico de influencias, intentos de soborno a fiscales y maniobras contra agentes de la UCO. En este caso, lo que diferencia a los documentos es la supuesta vinculación directa con instituciones clave del aparato judicial y policial español, lo que multiplica el alcance del escándalo.
El escenario que dibujan estas revelaciones es el de una “cloaca política” cuyo propósito no sería otro que blindar al Gobierno y a su partido frente a los procesos judiciales en marcha, utilizando para ello estrategias de descrédito, presiones y promesas de favores procesales.
Las actas, cuya veracidad deberá ser contrastada en sede judicial, suponen un nuevo capítulo en la serie de filtraciones y denuncias sobre una estructura paralela de poder vinculada al PSOE. De confirmarse, estaríamos ante uno de los episodios más delicados en la relación entre política, justicia y fuerzas de seguridad en la historia reciente de España.
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