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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareció este lunes en Rota (Cádiz) para reafirmar su “compromiso rotundo” de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, lo que debería ser un anuncio de rigor institucional se transformó en un ejercicio de evasión política y en una maniobra de distracción para cargar la responsabilidad de los incendios forestales sobre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Un Gobierno sin cuentas propias
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva gobernando desde 2023 con unas cuentas prorrogadas, elaboradas en otra legislatura y bajo un contexto económico completamente diferente. La falta de nuevos Presupuestos no es un detalle menor: la Constitución obliga a que se presenten cada año, no como una recomendación, sino como un mandato expreso. La incapacidad del Ejecutivo para sacar adelante un proyecto económico propio constituye un incumplimiento flagrante de esa obligación constitucional.
La ministra intenta maquillar esta situación alegando que se han incrementado en un 20 % los fondos destinados a la prevención y extinción de incendios. Pero esta afirmación no oculta lo esencial: España está siendo gobernada con las cuentas de otro tiempo y de otro Gobierno, lo que debilita la credibilidad institucional y dificulta la planificación seria de políticas públicas a medio plazo.
Culpar a otros como estrategia
Montero no dudó en señalar con el dedo a las comunidades autónomas —en especial a Andalucía— como responsables de no aplicar correctamente la Ley Básica de Bomberos Forestales. Este tipo de declaraciones se han convertido en una costumbre: la culpa siempre es de los demás, nunca del Ejecutivo central.
Que los incendios se multipliquen cada verano es una realidad que ningún dirigente serio debería banalizar. Pero reducir el problema a un incumplimiento autonómico es, además de injusto, profundamente irresponsable. La coordinación en materia de emergencias exige cooperación entre administraciones, no el señalamiento partidista para desgastar a los gobiernos del PP.
La contradicción de la ministra
Resulta especialmente paradójico que Montero reclame a las comunidades cumplir escrupulosamente con sus competencias mientras el propio Gobierno central ignora las suyas más elementales: la elaboración de Presupuestos. La ministra de Hacienda pide rigor a los demás mientras Sánchez y su gabinete sostienen todo un mandato sobre el andamiaje presupuestario de otra legislatura, sin asumir el desgaste ni la responsabilidad que esto implica.
Además, culpar a las autonomías de los incendios equivale a negar el papel del Estado en la planificación forestal, en la financiación adecuada y en la coordinación de los medios de emergencias. El Gobierno central no puede limitarse a transferir responsabilidades y después atribuirse los méritos cuando hay éxito en la extinción.
Un síntoma de agotamiento político
Lo ocurrido en Rota es mucho más que un desliz comunicativo: es el reflejo de un Gobierno agotado, sin proyecto y sin rumbo económico, que en lugar de asumir su obligación constitucional busca desviar la atención hacia las comunidades gobernadas por la oposición. Montero se mostró categórica al prometer unos nuevos Presupuestos, pero su “rotundidad” suena hueca tras años de incumplimiento.
El Gobierno debería dejar de utilizar los incendios como arma arrojadiza y empezar a cumplir con lo que la Constitución y los ciudadanos exigen: unas cuentas actualizadas, transparentes y adaptadas a la realidad. Mientras tanto, seguirá flotando la incómoda pregunta: ¿quién apaga el fuego político de un Ejecutivo que se consume en su propia contradicción?
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