Pepa Millán, ha cargado con dureza en la diputación permanente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por mantener su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos
Politica26 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado con dureza en la diputación permanente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por mantener su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos.
Según la dirigente de VOX, el caso no solo pone de manifiesto una crisis institucional, sino que confirma, en sus palabras, que el Gobierno “ha dinamitado los principios éticos y morales que deberían sostener al Estado de derecho”.
El origen del caso García Ortiz
Álvaro García Ortiz, fiscal general desde agosto de 2022, quedó imputado por el Tribunal Supremo en octubre de 2024 tras la filtración a los medios de un correo electrónico vinculado a la investigación fiscal que afectaba a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo consideró que existían indicios suficientes de un presunto delito de revelación de secretos, lo que abrió un procedimiento de enorme trascendencia institucional.
En julio de 2025, la Sala de Apelación del Supremo confirmó su procesamiento y rechazó los recursos presentados por su defensa. Sin embargo, el fallo no fue unánime: el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular en el que sostuvo que no era posible atribuir de forma mínimamente justificada la filtración al fiscal general, subrayando además que varias personas tuvieron acceso a la documentación filtrada.
Pese a la gravedad del caso, el Gobierno ha mantenido su respaldo a García Ortiz, una posición que ha suscitado fuertes críticas de la oposición.
La intervención de VOX en la diputación permanente
Durante la sesión de este martes, Pepa Millán denunció que el Ejecutivo utiliza la figura del fiscal general como “un instrumento político al servicio de Moncloa” y que su permanencia en el cargo evidencia la politización de la justicia.
“El fiscal general del Estado es del Gobierno, porque los partidos que se han turnado en el Gobierno han alimentado interesadamente este sistema de politización de la justicia, que permite que en un momento dado un presidente pueda ignorar cualquier principio moral y ético sin consecuencias y mantenga un fiscal imputado mientras ataca a los jueces que investigan los delitos”, señaló.
Para la portavoz de VOX, lo más grave no es solo la imputación, sino el empeño del Ejecutivo en respaldarle:
“Es un peón más de la trama corrupta de Moncloa. El único objetivo del Gobierno es terminar de dinamitar el Estado de derecho para convertirlo en un estado de privilegios al servicio de las más altas esferas del poder partidista”.
Millán concluyó su intervención reclamando una “restauración moral del sistema”:
“Una nación únicamente puede sostenerse si hay verdad, justicia y responsabilidad; y lo único que ofrece este Gobierno son mentiras, privilegios para los suyos y arbitrariedad”.
Posturas enfrentadas
El Partido Popular también había solicitado la comparecencia del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para que explicara en el Congreso las razones del apoyo al fiscal general. La iniciativa, sin embargo, fue rechazada gracias a los votos del PSOE y sus socios, con el único respaldo de VOX.
Mientras tanto, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) defendió públicamente a García Ortiz, denunciando que está siendo objeto de un “ataque sin precedentes en democracia”. La asociación sostiene que la causa judicial carece de base suficiente y que forzar su dimisión comprometería la independencia del Ministerio Fiscal.
Por su parte, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, ha pedido archivar el procedimiento alegando que no existen indicios sólidos contra él y que la filtración investigada no puede vincularse de manera directa y exclusiva a García Ortiz.
Una crisis institucional abierta
El caso ha abierto una de las mayores crisis institucionales de los últimos años, al situar en el banquillo al máximo representante del Ministerio Fiscal. El hecho de que el Gobierno mantenga su respaldo a García Ortiz, pese a su procesamiento, ha intensificado la polarización política y la desconfianza ciudadana en la justicia.
VOX ha convertido esta controversia en un nuevo eje de su ofensiva contra el Ejecutivo, denunciando lo que considera un plan deliberado de Sánchez para controlar los resortes judiciales. El PP, aunque con un tono menos beligerante, también insiste en que el fiscal general no puede seguir en el cargo mientras esté procesado.
Del otro lado, el PSOE y sus socios defienden que el proceso judicial aún no está cerrado y que apartar al fiscal general ahora supondría ceder a presiones políticas y debilitar la independencia de la Fiscalía.
Lo que está en juego
Más allá de la figura de García Ortiz, el debate trasciende al propio modelo institucional de la justicia en España. La polémica reabre la discusión sobre la designación del fiscal general por parte del Gobierno, un mecanismo que, según la oposición, genera un conflicto de interés estructural y debilita la confianza pública en la separación de poderes.
El futuro inmediato de Álvaro García Ortiz dependerá de la evolución del procedimiento en el Supremo. Mientras tanto, la batalla política en torno a su continuidad promete seguir marcando la agenda parlamentaria y tensionando aún más la relación entre el Ejecutivo y la oposición.
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