Impacto España Noticias
Este jueves se cumplen 122 días desde que España quedó sumida en el mayor apagón de su historia reciente. Cuatro meses después, las causas siguen sin aclararse: el único informe presentado hasta ahora es el de Red Eléctrica, que reparte culpas, pero evita dar explicaciones de fondo.
La opacidad conviene a Moncloa. El Gobierno, que controla al operador a través de la SEPI, ha esquivado responsabilidades y se limita a proteger a su presidenta, Beatriz Corredor, designada por Pedro Sánchez y con un sueldo de 546.000 euros anuales. El Ejecutivo, lejos de arrojar luz, ha contribuido a alimentar las dudas sobre un episodio que proyectó una pésima imagen de España en Europa.
El problema para Sánchez y para Corredor es que la Comisión de investigación del Senado arranca el 4 de septiembre, reabriendo un debate que el Gobierno pretendía enterrar. Allí, el PP volverá a exhibir la negligencia de un sistema eléctrico que colapsó el pasado 28 de abril.
En paralelo, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) avanza en su propia «autopsia». En su última actualización, los expertos dejan claro que no sólo investigan el día del apagón, sino también la gestión del sistema en los días previos, lo que refuerza la tesis de las eléctricas.
Las grandes compañías agrupadas en Aelec (Iberdrola, Endesa, Naturgy) sostienen que el apagón fue consecuencia directa de la mala programación de Red Eléctrica, que cargó el sistema en exceso sobre renovables, dejando en segundo plano a fuentes estables como las nucleares o el gas.
La paradoja es que, tras el apagón, el propio operador ha intensificado el uso de estas centrales convencionales, lo que confirma para el sector que hubo errores de gestión. Según datos recientes, España desperdicia un 10% de su energía renovable disponible por las restricciones que impone Red Eléctrica.
Si Bruselas confirma esta tesis, será Red Eléctrica —y por extensión el Estado— quien deba asumir la factura millonaria de las indemnizaciones. Entso-e asegura que su primer informe estará listo el 3 de octubre, aunque publicará una actualización ya la próxima semana.
A las pesquisas europeas se suman otros dos informes en curso: uno de la CNMC y otro del Ministerio de Transición Ecológica, que se entrevistó con las eléctricas tras el incidente, aunque sin permitirles formar parte del equipo de investigación.
El apagón del 28 de abril amenaza así con convertirse en un boomerang político para Pedro Sánchez, que trató de silenciarlo. Europa ya ha puesto el foco en lo que el Gobierno pretendía olvidar.
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