Ricardo Ferris, exinspector de la Policía Nacional, apunta a la criminalización de la misma introduciéndola en el código penal
Inmigración Ilegal04 de septiembre de 2025 AE
La propuesta de Ricardo Ferris, exinspector de la Policía Nacional, para criminalizar la inmigración masiva ilegal busca enfrentar uno de los mayores problemas de España: la inmigración masiva descontrolada. Según Ferris, esta medida podría “arreglar el problema en menos de un año”.
El pasado 31 de agosto de 2025, un hecho dramático volvió a encender la polémica. La Policía Nacional detuvo a un menor marroquí por la presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca del Centro de Primera Acogida de Menores Extranjeros de Hortaleza. Este suceso refleja cómo la inmigración masiva e ilegal genera graves consecuencias sociales y de seguridad que el Gobierno de Sánchez no solo no afronta con decisión sino que la promueve con sus apoyos,
El problema no radica únicamente en el delito puntual, sino en el efecto multiplicador de una política que, en lugar de frenar, fomenta la inmigración ilegal. La falta de voluntad política del Gobierno socialista convierte cada día en un terreno fértil para la inseguridad y el descontento ciudadano.
Ricardo Ferris y la criminalización de la inmigración ilegal
En una entrevista con Alfonso Rojo para Tiempo de Hablar, Ricardo Ferris explicó con claridad lo que considera la única vía eficaz: criminalizar la inmigración ilegal introduciéndola en el Código Penal.
Según Ferris:
“No hay un delito más grave contra la integridad territorial de un país que venir en una patera y venir por la cara. Si metemos esto en el código penal facilitaría que los jueces pudieran ordenar el ingreso inmediato de estas personas en una prisión en lugar de estos centros temporales en los que van a estar como mucho sesenta días”.
Su planteamiento parte de una premisa contundente: entrar ilegalmente en un país no puede considerarse una simple falta administrativa. Al contrario, supone un ataque directo a la soberanía nacional, a la seguridad de los ciudadanos y al orden social.
Hoy, el sistema permite que miles de inmigrantes ilegales permanezcan en centros de acogida temporales durante un corto plazo. Posteriormente, muchos acaban en libertad, lo que en la práctica significa una regularización encubierta.
Consecuencias de la inmigración ilegal y la política del buenismo
Los efectos de la inmigración ilegal son visibles en múltiples áreas: delincuencia, presión sobre los servicios sociales, aumento del gasto público y degradación de la convivencia. Sin embargo, cualquier intento de relacionar inmigración y delincuencia es rápidamente tachado de “delito de odio” por el sistema izquierdista-globalista y los medios afines.
El caso de Ricardo Ferris es paradigmático. En 2022 fue procesado por un presunto delito de odio tras señalar que la mayoría de violaciones en España eran cometidas por extranjeros. En lugar de debatir con datos, el Gobierno y la izquierda ideológica prefieren criminalizar la verdad y proteger un relato que oculta las consecuencias de la inmigración ilegal.
El discurso “woke” y buenista ha conseguido instalar la idea de que cuestionar la inmigración equivale a fomentar el odio. Nada más lejos de la realidad. Se trata de defender la seguridad, la soberanía y la identidad nacional frente a una agenda globalista que busca diluir fronteras y naciones.
Criminalizar la inmigración masiva ilegal: eficacia y voluntad política
La propuesta de Ferris de criminalizar la inmigración ilegal no se limita a un gesto simbólico. Su aplicación práctica implicaría un cambio radical en el sistema judicial y policial:
Permitiría a los jueces ordenar el ingreso inmediato en prisión de quienes entren ilegalmente.
Convertiría la entrada ilegal en un delito muy grave contra la integridad territorial.
Reduciría drásticamente el incentivo para lanzarse al mar en pateras.
Liberaría a España de los centros temporales ineficaces, que en la práctica son puertas de salida a la calle.
La clave no es únicamente la legislación, sino la voluntad política de aplicarla. Y aquí radica el gran problema: el Gobierno de Sánchez no solo carece de voluntad, sino que promueve activamente la inmigración ilegal bajo el paraguas de la agenda 2030 y los intereses globalistas.
La izquierda pretende presentar la inmigración masiva como un fenómeno inevitable y positivo. Pero los datos muestran otra realidad: inseguridad, sobrecarga de servicios públicos y fractura social.
La inmigración ilegal como arma de desestabilización
No podemos ignorar que la inmigración ilegal también se utiliza como un arma de ingeniería social y política. Su promoción responde a un proyecto globalista que busca diluir la identidad cultural y fragmentar las naciones soberanas.
La agenda 2030, tan defendida por Sánchez y sus socios, incluye en su núcleo la apertura indiscriminada de fronteras y el fomento de las migraciones masivas. Este proyecto global choca frontalmente con los intereses de los españoles, que sufren sus consecuencias en seguridad, empleo y cohesión social.
La solución de Ferris —criminalizar la inmigración ilegal— supone un muro de contención frente a esta estrategia. Significa decir alto y claro: España no es tierra de nadie, sino una nación soberana con leyes que deben cumplirse.
Voluntad política frente a inmigración ilegal
La propuesta de Ricardo Ferris de criminalizar la inmigración ilegal es realista, eficaz y jurídicamente viable. Su aplicación cortaría de raíz el incentivo de miles de inmigrantes ilegales que ven en España un país sin fronteras ni castigo.
Sin embargo, para que esta solución se implemente, es necesaria la voluntad política de un Gobierno que defienda la soberanía y la seguridad de los españoles. Algo que el Ejecutivo socialista de Sánchez no solo no tiene, sino que combate con su agenda ideológica.
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