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VOX ha presentado ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra varios miembros del Gobierno y responsables autonómicos por su actuación en los incendios forestales registrados este verano. La formación de Santiago Abascal acusa a los dirigentes señalados de delitos de homicidio imprudente, incendio en terreno forestal, contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación por omisión.
El escrito se dirige contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra distintos altos cargos: Virginia Balcones, directora general de Protección Civil y Emergencias; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, titular de Defensa; y Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica. También se incluye a presidentes autonómicos de territorios afectados por el fuego: Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), María Guardiola (Extremadura), Alfonso Rueda (Galicia) y Adrián Barbón (Asturias), además de sus consejeros y directores generales competentes en la materia.
Según VOX, el hecho de no declarar la situación de emergencia de interés nacional provocó un agravamiento de la catástrofe. La querella subraya que la falta de prevención y las demoras en la respuesta inicial multiplicaron el riesgo para las poblaciones, ocasionando pérdidas humanas, destrucción de patrimonio y un daño medioambiental de enorme magnitud.
El partido sostiene que tanto el Estado como las comunidades autónomas actuaron con negligencia en todas las fases: previsión, extinción y gestión posterior. A su juicio, el entramado de normativas y competencias compartidas derivó en un escenario caótico, agravado por lo que califican de utilización política y partidista de los protocolos de emergencia. «Lo ocurrido constituye una gestión criminal», recoge el documento.
En el ámbito jurídico, VOX fundamenta la acusación en los artículos 142, 352, 316, 317 y 404 del Código Penal, sin descartar que de la instrucción puedan derivarse nuevos cargos. La denuncia se apoya además en la supuesta relación directa entre la omisión de medidas eficaces y la gravedad de los siniestros.
Entre las diligencias solicitadas se pide que se tome declaración a todos los querellados y se identifique a los responsables concretos de los planes de prevención y extinción en cada comunidad autónoma. Además, VOX reclama que se aporten los contratos firmados con empresas privadas de prevención y extinción de incendios, así como los expedientes completos de cada uno de los fuegos relevantes, incluyendo informes diarios, cartografía, registros de coordinación y listas de desalojos.
La formación exige igualmente la aportación de atestados del SEPRONA con inspecciones y pruebas periciales de los focos, datos de emergencias municipales, inventarios de daños y certificaciones presupuestarias de las campañas de prevención. Incluso solicita que se estudie el impacto logístico de bases aéreas no operativas en la eficacia de los dispositivos, con comparativas respecto a años anteriores.
VOX defiende que su actuación judicial pretende depurar responsabilidades políticas y penales tras un verano que, a su juicio, evidenció graves fallos de gestión en la lucha contra los incendios. Abascal había adelantado en rueda de prensa la presentación de esta querella, asegurando que el Gobierno y los ejecutivos autonómicos «han fallado en su deber de proteger la vida, el patrimonio y el entorno natural de todos los españoles».
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