Impacto España Noticias
Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados próximamente. Casi un año después de que el Tribunal Supremo acordara abrir causa contra un fiscal general del Estado, por primera vez en la historia, el alto tribunal ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra el máximo representante del Ministerio Público por un presunto delito de revelación de secretos.
El juez acuerda este auto después de que se hayan resuelto todos los recursos planteados durante la instrucción y se hayan presentado los correspondientes escritos de acusación. El pasado mes de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general, sobre el que el instructor anota en su auto que en su condición de fiscal general del Estado, García Ortiz, indiciariamente reveló "secretos de los que pudo haber tenido conocimiento por razón de su cargo".
Con este nuevo auto, el juez manda al banquillo a un fiscal general del Estado, un hecho sin precedentes en la democracia española. Los hechos que llevarán a García Ortiz al banquillo se remontan al 14 de marzo de 2024, día en el que la Fiscalía publicó una nota de prensa para desmentir lo que consideraba un bulo, en alusión a lo publicado la noche anterior donde se decía que se había ofrecido un pacto a González Amador por parte del Ministerio Público.
Además de la nota pública, el juez Hurtado sostiene que, además de dirigir la elaboración de dicha comunicación, "desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero", se envió una copia del email que el abogado de González Amador había escrito al fiscal del caso a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, actual 'número dos' de los socialistas madrileños.
Este movimiento, realizado según el instructor bajo las órdenes de García Ortiz, tenía como objetivo atacar a un rival político, en este caso Isabel Díaz Ayuso. En este sentido, el juez entiende que el secreto del correo debía mantenerse "mientras su dueño no le quisiera dar publicidad", de modo que "si otro lo revela, estará quebrantando la reserva".
Insiste en instructor que que el correo del abogado de González Amador de 2 de febrero de 2024 contenía "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso, sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad por parte de la Fiscalía".
Este tipo de procedimiento requiere "discreción", por razón del cual "no es tolerable divulgación alguna a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación bien pudiera verse perjudicada por esa revelación", reza el auto.
El juez rechaza suspender a García Ortiz
El instructor rechaza, no obstante, la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz, aunque remite su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que, en su caso, resuelva lo que proceda y le informe de la decisión adoptada.
El magistrado explica que este tribunal ya se pronunció sobre la suspensión cautelar en un auto emitido el pasado 25 de noviembre, en el que ya se expuso que la petición de APIF se encuentra con un "obstáculo insalvable", en referencia a lo dispuesto en el artículo. 4.2 del Código Civil.
Este establece que "las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas". Asimismo, Hurtado sostiene que "el procedimiento para acordar la suspensión cautelar de cualquier miembro del Ministerio Fiscal lo es de índole administrativo y debiera ser en esta vía donde se decidiera sobre esta cuestión".
Según informan fuentes jurídicas, García Ortiz podría sentarse en el banquillo el próximo mes de noviembre. Del mismo modo, las mismas fuentes indican que el fiscal general será juzgado por un tribunal compuesto por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta y los magistrados Manuel Marchena, Ana Ferrer, Antonio del Moral, Carmen Lamela, Susana Polo y Juan Ramón Berdugo.
Las acusaciones piden para el acusado hasta 6 años de cárcel por la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, mientras que la Fiscalía pide el sobreseimiento del caso.
Acto de apertura del año judicial
Lo que comenzó ante el Tribunal Superior de Justicia contra la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha acabado provocado una crisis sin precedentes en el Ministerio Fiscal.
El procesamiento de García Ortiz ha generado un amplio rechazo en el seno de la carrera fiscal, que en su mayoría pide su dimisión. Una situación insólita que pudo verse en el acto de apertura del año judicial al que el fiscal general acudió sin contar con el visto bueno de los miembros del Ministerio Público.
En el acto más esperado del año, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial añadió algún mensaje subliminal para el máximo responsable del Ministerio Público. Perelló insistió en que "la independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber". Una labor que cada uno de las figuras del poder judicial están llamados a preservar. "Constituye la condición imprescindible para que el poder judicial cumpla con su función constitucional".
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